Liberaron a 30 detenidos tras marcha por Maldonado

En las últimas horas de ayer, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dispuso la liberación de 30 de los 31 detenidos que protagonizaron incidentes en la Plaza de Mayo durante la marcha para reclamar la aparición de Santiago Maldonado. Sólo quedará detenido un hombre que presentó un documento falso durante la declaración indagatoria. En primera instancia, dijo que era de origen venezolano pero frente al juez aseguró ser colombiano. La Policía averigua su verdadera identidad.
El magistrado les tomó ayer declaración a todos los detenidos y, finalmente, decidió ordenar la liberación.
Durante la tarde de ayer, Martínez De Giorgi aceptó un pedido de los representantes de Derecho Humanos y recibió a Matías Aufieri, del centro de profesionales de DD.HH, y a María del Carmen Verdú, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). Luego de la reunión, aseguraron que el juez les había adelantado que liberaría a la mayor parte de los detenidos. Ambos le habían manifestado al magistrado su preocupación por la posibilidad de que los manifestantes pasaran su tercera noche detenidos.
Los detenidos están acusados de haber cometido los delitos de “intimidación pública y atentado y resistencia a la autoridad”.
De acuerdo a lo establecido en el Código Penal sobre el delito de intimidación pública, pueden ser penados “con prisión de dos a seis años” aquellos que “para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hicieren señales, dieren voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos”.
“Cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materias afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de tres a diez años”, agrega el artículo 211.
En lo que respecta al delito de atentado y resistencia contra la autoridad, la norma establece que “será reprimido con prisión de un mes a un año, el que empleare intimidación o fuerza contra un funcionario público o contra la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de un deber legal, para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones”. Al tiempo que el artículo 238 dice que “si el hecho se cometiere por una reunión de más de tres personas” la pena podrá ser “de seis meses a dos años”.
Tras la masiva movilización para pedir la aparición con vida de Maldonado, las personas fueron detenidas en medio de incidentes que incluyeron la quema de contenedores de residuos, pintadas de paredes, rotura de vidrios de comercios y edificios públicos, así como también agresiones con objetos contundentes hacia efectivos de la policía.