Los efectivos policiales aceptaron la propuesta oficial y depusieron sus reclamos, pero ese conflicto tiene derivaciones políticas.
Los efectivos policiales aceptaron la propuesta oficial y depusieron sus reclamos, pero ese conflicto tiene derivaciones políticas.
PANORAMA PROVINCIAL

El conflicto por la seguridad continúa con la pulseada entre Berni y los intendentes

Los efectivos de la Policía que habían protagonizado las protestas salariales hace poco más de una semana volvieron a su rutina. Depusieron los reclamos cuando finalmente obtuvieron una mejora en sus ingresos que venían persiguiendo desde hace meses. Pero esa normalidad funcional que sobrevuela la política de seguridad oficial no alcanza a ocultar la nueva puja de poder que se ha desatado entre Sergio Berni y los intendentes del peronismo.
Esa es otra de las derivaciones del conflicto que adoptó ahora un cariz político. En realidad, para el ministerio de Seguridad y algunos funcionarios del gabinete provincial, siempre lo tuvo. Acaso como para expiar culpas, Berni ha puesto la lupa sobre el accionar de efectivos de algunos distritos del Conurbano que, a su juicio, responden más a los jefes comunales que a la orgánica de la fuerza. La sospecha que se instaló en el pináculo del poder provincial es que estos alcaldes, si bien no fogonearon, habrían hecho poco y nada para contener la por momentos descontrolada demanda.
La novedad del caso es que el ministro tiene resuelto borrar del mapa todo vestigio de la Policía local, esa fuerza de proximidad a la que se abrazaron los intendentes y tomaron como propia con la idea de dar alguna respuesta al insistente y justificado reclamo de sus vecinos por la inseguridad. Para el ministro, esa estructura se trata poco menos que un desvío de la idea de una fuerza verticalista en su conducción que alumbró durante la gestión de Daniel Scioli. La otra razón para terminar con esa experiencia, como se dijo, es política. Se trata de quitarle influencia y manejo a los intendentes. También, dinamitarles parte de su poder territorial.
La disputa está declarada. Se venía incubando desde que trascendió que Berni amasaba la idea que hace algunas horas, con las brasas aún calientes del conflicto salarial de la policía, blanqueó en público. Dijo por caso, que los comisarios “ya no saben qué hacer” porque cuando a los efectivos de las Policías locales les preguntan quién es su jefe “contestan que es el Intendente”.
Pero los alcaldes decidieron no quedarse de brazos cruzados y se muestran dispuestos a resistir el embate. En lo que parece un clásico de estos tiempos, el que le salió al cruce fue el jefe comunal de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, que frente a la intención del ministerio de Seguridad, planteó que hay que fortalecer esas fuerzas de proximidad. Insaurralde encontró un aliado en esa posición que, por ahora en silencio, comparten otros alcaldes del Gran Buenos Aires. Sergio Massa también se pronunció en términos parecidos.

Choques repetidos
Berni y los intendentes vienen chocando fuerte desde hace meses. No solo se trata de cuestiones de estilo y manejo de, acaso, el área más sensible de la Provincia. También aparece en escena la puja por una improbable sucesión de Axel Kicillof en la que el ministro está anotado y a la que el histórico poder territorial del PJ bonaerense pretende subirse. El tironeo por la Policía local parece enmarcarse en esa disputa mayor.
No es la única amenaza que los alcaldes empiezan ahora a sentir con más fuerza. Comienza a sobrevolar en la cabeza de muchos de ellos la idea del destierro político. Durante el gobierno de María Eugenia Vidal se aprobó una ley que limitó las reelecciones en los municipios a dos mandatos consecutivos. Y como se tomó como primer período el que ese momento estaba en curso, ahora los intendentes transitan por el segundo. De esa forma, en diciembre de 2023 tendrían que buscar un destino fuera de sus terruños.
Aquella normativa fue mirada con recelo, pero al mismo tiempo estuvo rodeada de lo providencial: en el PJ bonaerense siempre alumbró la idea de que aparecería una solución agónica para evitar su aplicación. Aquel deseo no aparece, sin embargo, fácil de complacer. Existe un enemigo robusto dentro del propio oficialismo para quien esa imposición acunada en su momento por Vidal y el massismo se ha vuelto funcional: La Cámpora.
El límite a las reelecciones es una pieza tallada a medida del proyecto político de expansión territorial del sector que lidera Máximo Kirchner. Con la mayoría de los actuales intendentes imposibilitados de ir por un nuevo mandato, el camporismo tendría el camino razonablemente despejado como ensanchar algún ensayo de gestión como el que lleva adelante, por ejemplo, Mayra Mendoza en Quilmes.
Los polos vuelven a tocarse. Berni también podría beneficiarse con esa ley en desmedro de los intendentes. Como para, por caso, impulsar a su esposa en Zárate.

COMENTARIOS