Alertan que podría ser perjudicial un proyecto de intervención del Estado en los alquileres

La Cámara alta comenzó a tratar la iniciativa que busca controlar los precios de las propiedades y hasta podría expropiar los inmuebles que están desocupados. El proyecto podría encarecer las viviendas.
El proyecto de ley de estatización de alquileres, presentado por la senadora kirchnerista Teresita N. Quintela, es tratado en la Cámara alta.
Sin embargo, la propuesta, que incluye crear un órgano público que fije los valores mensuales, es absolutamente rechazada por las cámaras que agrupan a martilleros, administradores y propietarios. Ellos se reunieron con los asesores de las cinco comisiones por donde pasará el proyecto antes de ser aprobado, y dejaron un mensaje claro: si el proyecto avanza, se termina el mercado inmobiliario.
Uno de los cambios más destacados sería la creación de una Organización Estatal de Locaciones Urbanas para Alquilar que operaría dentro del Ministerio de Planificación Federal.
Desde este ente se intervendría en el valor de los alquileres, ya que no dependerá del mercado, sino del costo de cada unidad dividido por 150 para determinar el precio mensual de la locación. Es decir, si el propietario no está de acuerdo con el monto, puede pedir la diferencia en negro o más requisitos para poder entrar a la propiedad.
Por otra parte, el proyecto podría expropiar los inmuebles que están desocupados para que el Estado los alquile. Es decir, el dueño de esas propiedades queda relegado del derecho de hacer lo que quiera con su inmueble.
Además, modifica el plazo de alquiler, en vez de renovarse cada 2 años, como es en la actualidad, sería cada 5 años para viviendas con renovación automática. En caso de no querer hacerlo, habría que presentar por escrito una justificación válida por la cual no continuar con el contrato.

Roggero: “Terminaría automáticamente
con la propiedad privada”

El martillero juninense Claudio Roggero se manifestó sorprendido por esta iniciativa, ya que opinó que “los fines que se persiguen, según se dice, no se darían con este tipo de medidas”.
El profesional consideró que “sería algo imprudente. Técnicamente cualquier tipo de intervención, que nunca ha sido de estas características, ha perjudicado al mercado inmobiliario libre y a la propiedad privada. Este tipo de medidas terminaría automáticamente con la propiedad privada” y la calificó como “literalmente, una medida venezolana como lo ha dicho el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina por diversos medios”.
“Estamos todos muy sorprendidos. La senadora que tomó esta iniciativa no tiene conocimiento de lo que es el mercado inmobiliario”, expresó el martillero.
Roggero –continuando con el análisis de este proyecto y sus posibles consecuencias- dijo que el Estado debe propender a implementar amplias políticas de viviendas sociales y construcción de unidades habitacionales que son muy necesarias, mencionando que en el caso de Junín necesita entre dos mil y dos mil quinientas viviendas más “para lograr un equilibrio en el caso de quienes alquilan con el fin de tener un mercado más acorde con los ingresos de los inquilinos que trabajan”, afirmó.
Para Roggero este tipo de medidas, que calificó como “extremas”, como las que se están analizando en el Congreso Nacional, generará que “mucha gente de la construcción se quede sin trabajo porque nadie va a querer construir, como también mucha gente del mercado inmobiliario. Estas medidas no pueden beneficiar en casi nada y perjudicar muchísimo”.
Respecto a los valores de alquileres en el mercado inmobiliario local, el profesional dijo que los índices que más influyen son la lejanía de los barrios y la falta de transporte “por lo que todos desean vivir cerca del trabajo, ante lo cual la demanda muy alta se concentra en un sector pequeño y eso hace que los alquileres sean altos”, afirmó.