Para cubrir la vacante tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco.
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RECLAMO DE ORGANIZACIONES

Piden una jueza en la Corte Suprema

Un grupo de organizaciones compuesto por Abofem Argentina, Amnistía Internacional, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), Poder Ciudadano y Gqual le presentó este martes 15 de febrero una carta al presidente en la que destacan la afectación institucional que representa que el máximo tribunal de la Argentina no se encuentre compuesto en los términos que prevé la legislación vigente y que no tenga entre sus integrantes actuales a ninguna mujer.
Resulta una grave vulneración a los derechos de las mujeres del país el hecho de que el órgano de justicia de mayor jerarquía carezca de representación femenina. Esta situación resulta violatoria de los compromisos internacionales que Argentina tiene en materia de igualdad de género y de derechos humanos, en virtud de  los cuales el Estado debe promover medidas para impulsar la paridad en los cargos públicos.

La candidata debe ser propuesta a la mayor brevedad posible y debe reunir, como cualquier integrante de la Corte, requisitos como la idoneidad técnico-jurídica y la independencia de criterio y autonomía respecto de la influencia de los poderes políticos y de distintos grupos de interés. 

Asimismo, es fundamental que la aspirante demuestre un compromiso probado con el Estado de derecho, los valores democráticos, los derechos humanos, el principio de no-discriminación y con los derechos de las mujeres y los grupos más vulnerabilizados de nuestra sociedad. En particular, debe demostrar desempeño profesional y académico con perspectiva de género.

Por último, la carta subraya la necesidad de que la pronta publicación de un pliego para el cargo venga acompañada de un proceso participativo que tenga como objetivo asegurar el mayor consenso social en torno a la candidata que será remitida al Senado de la Nación.

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