Si fuera por Axel Kicillof, el aumento del número de contagios por coronavirus que se disparó en la última semana amerita ensayar un retroceso. Una suerte de vuelta atrás con una serie de autorizaciones para que algunas actividades económicas pudieran desperezarse del largo sueño de la cuarentena.
La mira está posada en el Área Metropolitana donde se registra poco más del 90 por ciento de los casos. El salto de 300 a unas 800 infecciones diarias encendió las luces de alarma en la Provincia. No es la única señal que activó los sensores oficiales: también, la constatación de que los controles para restringir la circulación y autorizar solo a aquellos que desempeñan tareas esenciales tendrían una fuerte dosis de laxitud.
Hay un dato duro que circula por despachos oficiales. El 3 de junio la circulación en el Área Metropolitana tomando distintos medios de transporte (trenes, colectivos y subtes y automóviles) fue de 1,3 millones de personas. Una semana después ese número se estiró a 1,5 millones.
La inquietud tiene que ver con que en ese lapso “no cambió nada”, dicen en la Gobernación. Refieren a que no existe un motivo que haya empujado a que más gente esté circulando entre Provincia y Capital Federal. La explicación para ese fenómeno parece ser otra: una mezcla de hartazgo ciudadano por una cuarentena larguísima y sin final a la vista y un relajamiento en los controles estatales.
Sobre este tema habrían hablado ayer Kicillof y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en lo que parece ser el anticipo de que se viene algún tipo de revisión de la cuarentena. O, al menos, un ajuste fuerte al tema de controles de circulación.
Cerca de Kicillof creen que las acciones que se acordaron entre las dos jurisdicciones y la Nación para el control de pasajeros a través de la tarjeta SUBE no estarían siendo lo efectivos que se buscaban. También se habla de que, en sintonía con el larguísimo aislamiento, varios municipios habrían empezado a bajar la guardia en las acciones de concientización ciudadana que habían desplegado en el arranque de la cuarentena, allá por el 20 de marzo.
Tampoco existiría una celosa custodia en los distritos sobre una de las disposiciones que permitió la reapertura de algunas fábricas, que era la que exigía que los trabajadores no debieran usar el transporte público sino móviles provistos por las propias empresas.
El combo parece conducir a una conclusión lógica: no solo la gente está soportando la pesada carga del encierro al que le está buscando la vuelta para eludir aun poniendo en riesgo su salud. También los propios resortes oficiales para evitar que eso suceda comenzaron a sufrir una elocuente fatiga.
Alternativas
Por estas horas se debate entre Provincia y Capital Federal qué hacer ante la presunción de que el número de contagios seguirá en aumento. Retroceder a la fase 1 de la cuarentena es una opción. En el ministerio de Salud aseguran, por caso, que es la posibilidad “más fuerte”. La otra alternativa pasa por endurecer los controles para obligar a la gente a respetar el aislamiento de manera de evitar el cierre de actividades que habían comenzado a funcionar.
Ese debate enlaza con otro, matizado por los ruidosos dichos de un funcionario provincial. El ministro de Seguridad, Sergio Berni, volvió a salir con los tapones de punta contra su par nacional a la que virtualmente acusó de no prestar colaboración en la pelea contra el delito en la Provincia. Está claro que las cuestiones de protocolo no son el fuerte de Berni.
Frente a las declaraciones altisonantes del ministro -impregnadas por el deseo de ganar posiciones en una eventual y lejana disputa por la sucesión de Kicillof-, en la Gobernación prefieren ensayar una suerte de decodificación de esa furia mediática. Refieren que, a su estilo, el funcionario está advirtiendo que se vienen tiempos extremadamente difíciles en el Conurbano en materia de inseguridad.
Entre los lastres que dejará la pandemia habrá que anotar un escenario que ya se registra en diversas mediciones: un enorme aumento de la indigencia y la pobreza. Cerca de Kicillof están convencidos de que por más ayuda estatal que exista para mitigar las penurias sociales, los índices del delito se incrementarán.
La mirada vuelve sobre los dichos de Berni: en ese escenario, la Provincia ya está reclamando el despliegue de más fuerzas federales en las zonas calientes del Gran Buenos Aires.
LA PROVINCIA
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