La pregunta fue recurrente en los últimos días: ¿Por qué una empresa agroexportadora como Vicentin, cuya actividad se encuentra entre las más rentables de la Argentina, declaró la cesación de pagos y terminó en un concurso de acreedores? La impresión de que la economía nacional no tiene futuro, si quiebra una compañía de esa dimensión, fue generalizada. Y el Gobierno apeló a los manuales del pasado, desempolvando una expropiación que ahora está en pleno debate. A los interrogantes, habría que agregarle otras dudas. ¿Hubo en la empresa maniobras fraudulentas? Y en ese caso, ¿no deberían haber sido investigadas por la Justicia, antes de la intervención decretada por el Gobierno?
La respuesta a la pregunta inicial se remonta a dos años. La compañía con base en el norte de Santa Fe pidió un crédito para ampliar su producción de aceites y no exportar solamente granos, ante la insistencia del entonces presidente Mauricio Macri. El Rabobank holandés le otorgó 295 millones de dólares a 7 años. Pero a mitad de 2018 se dispararon el riesgo país y las tasas de interés; y la cotización del dólar subió más de 100 ciento. Por lo tanto, el banco suspendió el crédito.
La reacción inmediata del directorio de Vicentin fue paralizar la ampliación de la fábrica de aceite, que ya estaba en marcha. Entonces volvió a aparecer en escena Macri y detrás de él, el Banco Nación. Con ese respaldo, la cerealera pasó a ser el primer exportador de aceites del país y colocó a la Argentina en el podio del comercio de soja industrializada a escala global.
Ese esquema se desarrolló hasta agosto de 2019. Ese mes tuvieron lugar las PASO con un resultado calamitoso para Macri. Entre los productores agropecuarios se refrescó la amenaza del aumento de retenciones que había aplicado el kirchnerismo desde 2008 y vendieron la totalidad de la producción a Vicentin, pero a la vez el crédito del Banco Nación era tan grande que cuando la empresa pidió otro para la prefinanciación de exportaciones, no consiguió un centavo más.
“Estrés financiero”
Con el crédito internacional cortado para todo el país y con tres largos meses por delante para el recupero, Vicentin adujo “estrés financiero” y demoró los pagos, con lo cual hubo proveedores que interpusieron recursos cautelares de intervención de caja, uno de ellos BDL S.A de Rosario. Esa situación llevó a la cerealera a pedir el concurso preventivo y la causa se radicó ante el juez Civil y Comercial de Reconquista Fabián Lorenzini, quien nombró tres síndicos, uno del Banco Nación.
Actualmente, Vicentin debe en total unos 100.000 millones de pesos, el 60 por ciento a un consorcio de bancos extranjeros, el 20 por ciento al BNA y la AFIP; y el restante 20 por ciento a productores agropecuarios que entregaron sus granos y no cobraron.
En el medio hubo una negociación en la que Vicentin, en busca de fondos frescos, negoció el 16,7 de sus acciones en la empresa Renova (produce biodiesel) a favor de su socio suizo Glencore, que pasó a tener más del 66 por ciento de la composición accionaria de ese grupo. La caída de Vicentin, asociada con una empresa extranjera, hace recordar a muchos la escasa suerte de la Argentina en una hipotética causa judicial planteada en tribunales extranjeros.
Pero volvamos a la historia. En Buenos Aires cambiaba el Gobierno nacional. Al directorio del BNA ingresó Claudio Lozano, quien investigó las condiciones en las que Vicentin consiguió el préstamo cuando el presidente de la entidad era Javier González Fraga. Desde que se constató que la cerealera tenía tomado el 20 por ciento de la cartera de deudores del Nación, en el oficialismo se empezó a menear la intervención de la empresa. Y a las razones económicas se sumaron las políticas.
La cercanía de Macri con el CEO de Vicentin, Sergio Nardelli, se verificó no solo en el préstamo del BNA sino también en el financiamiento a las campañas electorales primero de Cambiemos y luego de Juntos por el Cambio, tanto a nivel nacional como provincial, ya que Miguel del Sel tuvo apoyo en su fallida aventura hacia la Gobernación santafesina. El fracaso de Macri fue tan devastador, que en su caída libre arrastró a aliados que había conseguido en su ascenso al poder en 2015.
El plan kirchnerista
Urgido por montar una agenda pospandemia, Alberto Fernández compró el plan de expropiación de Vicentin elaborado en las usinas del kirchnerismo y el brazo ejecutor de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti. Anida en el Instituto Patria la idea de que el Estado nacional puede financiarse si participa del mercado agroexportador: la cuenta que sacaron allí proyecta ingresos por 4.000 millones de dólares al año.
Pero el Presidente no calculó, ni tampoco lo hicieron sus colaboradores, la reacción que provocaría la intervención de Vicentin. “Los santafesinos van a estar contentos con esta medida”, llegó a afirmar Alberto F. en el anuncio que hizo desde la Casa Rosada. Nada más lejos de la realidad: en Avellaneda y Reconquista hubo una oleada de indignación y protestas que sólo se comprenden por el sentido de pertenencia que la cerealera impregna a esa región del “interior del interior”.
Ese territorio es considerado por los historiadores como una de las semillas sobre la que floreció más tarde el cooperativismo en la zona central de Santa Fe, que creció al compás del esfuerzo y el tesón de la inmigración mayoritariamente friulana y piamontesa de la región.
La rendición del CEO
Cristina Kirchner había inaugurado en 2014, cuando todavía le quedaba un año para completar su segunda presidencia, una planta de bioetanol para cuya construcción y puesta en marcha Vicentin se asoció con la firma suiza Glencore. Hay registros fotográficos de aquel acto, en el que la ahora Vicepresidenta apareció junto al CEO Nardelli. El mismo que el jueves pasado llevó una bandera de rendición de la compañía santafesina a Olivos, tras aceptar la intervención del Poder Ejecutivo.
Aunque junto al gobernador Perotti, un peronista no-kirchnerista, Nardelli busca una “alternativa superadora” a la expropiación en conversaciones iniciadas con YPF-Agro, lo cierto es que el propio Alberto F. afirmó que “no hay otro modo” para lo que considera un “rescate” de la compañía en beneficio de sus trabajadores y de los productores de granos que no cobran desde hace meses y meses. A su vez, la familia Vicentin espera contar con el apoyo del campo argentino.
La batalla por el futuro de la cerealera tendrá lugar, como sucedió con la resolución 125 en 2008, en el Congreso de la Nación. Allí, la postura de Cristina Kirchner asoma como la dominante en el oficialismo, aunque también se percibe el silencio de Sergio Massa. El presidente de la Cámara de Diputados mantuvo un contacto con las entidades que agrupan a los agroexportadores y se cruzó al Senado a tomar un café con la Vicepresidenta. Lo que hablaron, quedó entre cuatro paredes.
En lo inmediato, el Frente de Todos buscará ratificar en el Parlamento el decreto de intervención del Ejecutivo al directorio de Vicentin, pese a los cuestionamientos a su validez jurídica. En el empresariado se acentuó el temor a que el Gobierno vulnere la división de poderes y ponga en peligro a las compañías en función de una intencionalidad política. “No estamos para andar estatizando empresas”, dijo Alberto F. desde La Rioja, a sabiendas de esa lógica preocupación.
La oposición tampoco no es un manantial de ideas. Hasta el momento, sigue mirando por el espejo retrovisor: lo único que se le ocurre decir es que la Argentina va en camino de convertirse en Venezuela. JxC ya perdió las elecciones de 2019 con ese discurso que puede ser muy televisivo, pero resulta ajeno a la realidad de los ciudadanos, preocupados por llegar a fin de mes en un contexto de pandemia que, encima, potencia la angustia por la extensión de la cuarentena.
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