Desalojaron ayer el edificio que ocupaba la Alianza Francesa por una orden judicial

Gran parte de la cultura de nuestra ciudad libró ayer la última batalla contra una larga cadena de complicidades políticas, sindicales y dirigenciales que terminaron en la orden judicial para desalojar la Alianza Francesa.
Como muchas veces sucede con quienes pelean por los intangibles y el patrimonio, fueron derrotados. Efectivamente la orden judicial se cumplió y la tradicional institución perdió el lugar para llevar adelante sus actividades, aunque lograron que los muebles, que estuvieron algunas horas en la calle, volvieran al cobijo del edificio, que quedó clausurado y con custodia policial.    
Todo comenzó alrededor de las 10, cuando miembros de la Alianza Francesa, representantes de las colectividades, concejales y vecinos en general llegaron a Rivadavia 122 para apoyar la cruzada de la directora de la entidad cultural, Olga Rosa de Ferrá, para resistir pacíficamente al desalojo del edificio.
Durante casi tres horas, entonaron el himno francés y argentino y mostraron su compromiso con el lugar. En ese contexto, los ediles Adrián Feldman, Magdalena Ricchini, Tessy Lawler y Pablo Petraglia, entre otros, se conectaron, como última acción, a las 11.30 con los abogados de la Mutual del Sindicato de Trabajadores Municipales de Junín, gremio propietario de gran parte del edificio.
El juez Eduardo Cognini, que dio la orden del desalojo, diría después –cuando visitó el lugar cerca después de las 14– que la iniciativa política podía considerarse tardía: “¿No hubo tiempo en todos estos años para buscar esa mediación que intentaron a último momento?”, esbozó –palabras más, palabras menos– el magistrado.  
A pesar de esas gestiones políticas, a las 13 comenzó el retiro de muebles y libros a la calle. Había listo un camión para trasladar esos materiales, pero las autoridades de la Alianza se negaron.  

A dónde

“¿Para llevar las cosas a dónde? La Alianza no tiene otro lugar donde ir, nació entre estos muros. Hace 102 años que está acá”, dijo a DEMOCRACIA Rosa de Ferrá para justificar su determinación.
Esa decisión fue la que sorprendió a Cognini y lo obligó a llegar al lugar. Lo recibió Adolfo Athos Aguiar, abogado de la institución, con quien tuvo un entredicho. Aunque ya la mañana había sido movida, el momento más tenso se vivió con el cruce entre el magistrado y el letrado.
Producto de ese encuentro y de la decisión del juez, el final de la novela del día cambió. Cuando parecía que los muebles iban a quedar en la calle, el juez ordenó que fueron inventariados y devueltos al edificio.
Con esto logró que fueran preservados, aunque autoridades y miembros de la Alianza Francesa no tendrán acceso a ellos. Es que el lugar fue clausurado y quedó con custodia policial.
Con esa solución provisoria, la situación se calmó aunque un día cargado de idas y venidas dejó resto para otro hecho inusual. Alrededor de las 20, como habían prometido, los profesores de la institución dictaron clase en la vereda de la calle Rivadavia.