Denuncian al ex juez Sergio Moro

El medio de investigación The Intercept Brasil publicó chats privados entre agentes públicos que participaron en la operación Lava Jato en Brasil y puso en tela de juicio la imparcialidad de la investigación, la cual condujo a prisión al ex presidente Lula da Silva.
The Intercept, dirigido por el periodista estadounidense Glenn Greenwald, tuvo acceso a las conversaciones mantenidas durante años entre fiscales y jueces.
El medio publicó fragmentos de diálogos entre el fiscal Deltan Dallagnol y el ex magistrado Sergio Moro, actual ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro y quien en 2017 condenó a Lula en primera instancia a nueve años y seis meses de prisión por recibir un apartamento en una playa de Sao Paulo a cambio de favores políticos a la constructora OAS.
Según The Intercept, las conversaciones privadas muestran que Moro sugirió a Dallagnol cambiar el orden de las fases de la operación Lava Jato, dio consejos y pistas a los fiscales encargados del caso, lo que está prohibido por ley.
Asimismo, en otras conversaciones, fiscales del grupo que investigaba la Lava Jato en Curitiba, liderado por Dallagnol, discuten formas de frenar una entrevista que Lula, en prisión desde abril de 2018, había concedido al diario Folha de Sao Paulo porque podría beneficiar al Partido de los Trabajadores (PT) en las elecciones del pasado octubre.
En un comunicado, el Ministerio Público de Curitiba (MPF) subrayó que los procuradores están “tranquilos” en cuanto a la legitimidad de la actuación, pero expresaron su “preocupación con la seguridad personal y con la fiscalización y manipulación del significado de los mensajes”. The Intercept subrayó que una fuente no identificada les contactó y les entregó el material, aunque no precisó como el mismo fue conseguido, y tituló el conjunto de los chats como Vaza Jato.
“La acción vil del hacker invadió teléfonos y aplicaciones de fiscales usados para la comunicación privada y el interés del trabajo, habiendo incluso una sustracción de identidad de algunos de sus integrantes”, señala un comunicado enviado por el Ministerio Público de Curitiba. Tras el inicio de la operación Lava Jato, hace cinco años, el MPF acusó a Lula de ser el “comandante máximo” de una trama corrupta y de recibir una apartamento en el balneario paulista de Guarujá a cambio de favores a OAS, un proceso por el que fue condenado por Moro y encarcelado tras la pena ser ratificada en segunda instancia.
La defensa de Da Silva subrayó que los documentos divulgados muestran que la actuación de los procuradores y del ex juez Moro tuvo un “objetivo político”.
“Nadie puede tener dudas de que los procesos contra  el ex presidente Lula están corrompidos por lo que hay de más grave en términos de violación a las garantías fundamentales y a la negativa de los derechos”, señala ron los abogados.