Se agudiza el conflicto y se extiende la parálisis judicial

El conflicto salarial en los tribunales de la Provincia no encuentra salida. El gobierno bonaerense no volvió a formular otra propuesta de aumento y el gremio dispuso un nuevo paro de actividades por 48 horas para el martes y miércoles próximos.
De esta forma, la negociación está trabada, con el agravante de que dirigentes de la Asociación Judicial Bonaerense aseguran que los funcionarios, en el último encuentro paritario del pasado lunes, afirmaron que la concretada ese día “es la última oferta que vamos a hacer”.
Los representantes del Ejecutivo anunciaron una nueva oferta salarial exclusivamente para el primer semestre, consistente en un incremento del 15% en los salarios básicos (5% en enero y 10% en marzo), sumado a un aumento de dos puntos porcentuales de la bonificación especial y la compensación funcional, que a partir del 1º de marzo pasarían del 38 actual al 40%. El compromiso oficial incluye la reapertura de las negociaciones a partir del 1º de julio.

Oferta rechazada
Pero esa oferta fue rechazada de plano por el gremio. “Los ministros que se reunieron con nosotros nos dijeron que no tienen más margen, que no pueden mejorar la propuesta. Pero lo que ofrecen es inaceptable, porque está 12 puntos abajo de la inflación”, dijo el secretario general de la AJB, Pablo Abramovich.
En medio de la encerrona, en ámbitos judiciales y del propio Ejecutivo empezó a especularse con la posibilidad de que el gobierno de María Eugenia Vidal dé por terminadas las negociaciones y ordene la liquidación del aumento rechazado por el sindicato.
Una situación similar se registró en 2011 durante la administración de Daniel Scioli. En aquél entonces y en medio de una sucesión de paros, la Suprema Corte pagó a los empleados la mejora que el sindicato rechazaba. Sin embargo, las medidas de fuerza continuaron, las negociaciones se reabrieron y el gremio obtuvo una propuesta superadora.

Otro escenario
La situación no parece similar en este caso por una cuestión central: en la propia Corte existe un profundo malestar por el tratamiento salarial del Ejecutivo no sólo hacia los jueces, sino también respecto de los empleados.
Hay un dato clave: las liquidaciones de salarios son realizadas por el alto tribunal, no por el Ejecutivo, lo que genera un interrogante en torno de qué ocurrirá si el gobierno de Vidal dispone la liquidación de la mejora objetada por el sindicato.
“Si el Ejecutivo cree que con una liquidación compulsiva del aumento el conflicto se va a terminar, se equivoca”, añadió. El dirigente alertó que la sucesión de medidas de fuerza comenzó a afectar el funcionamiento de los juzgados. “Se está en camino a una paralización de la actividad. De hecho, el jueves el paro que concretamos tuvo una altísima adhesión y además hay que tomar en cuenta que los tribunales ya están al límite de su capacidad con el personal que hay”, sostuvo.