Se está gestando un pacto social para llegar en paz a fin de año

En el Gobierno hubo unos cuantos funcionarios que se pusieron nerviosos.
También se alteraron los ánimos entre la dirigencia partidaria de Cambiemos. Ese clima político se respiraba además entre los opositores más acérrimos a la gestión presidencial.
Todo les hacía pensar, a ambos sectores, que la CGT se encaminaba a un paro general y que el país entraría en zona de turbulencia.
En ese contexto, el macrismo comenzaba a presentarse como víctima de una supuesta reedición de aquella vieja historia de sinsabores entre Raúl Alfonsín y los gremios peronistas, que en la década del 80 lideraba Saúl Ubaldini. Y en la CGT, que ahora conduce un triunvirato, empezaban a sonar los tambores de guerra, al compás de los números de la economía que no son alentadores para el campo laboral.
Pero hubo contactos reservados entre emisarios de la Casa Rosada y de la central obrera de la calle Azopardo que promovieron un acercamiento de las partes. Ese encuentro fue facilitado por un actor muy influyente en la Argentina postkirchnerista: la Iglesia católica, que actúa bajo el influjo del papa Francisco.
El mensaje que llegó desde la Conferencia Episcopal fue claro: “Agoten las instancias de diálogo”.
Para los sindicalistas más encumbrados, ese consejo fue prácticamente como un plan de acción para encarar las próximas semanas. Mientras que para el Gobierno, resultó lisa y llanamente una bendición. Marcos Peña, el jefe de Gabinete, comunicó las buenas nuevas al presidente Macri y eso le dio aire al ministro Prat-Gay, que siempre había reclamado internamente la convocatoria a un amplio “pacto social”.
Por eso fue el titular de Hacienda quien se puso a la cabeza de las incipientes negociaciones con la CGT, pese a que en la misma mesa se sentaron otros ministros como Triaca y Cabrera. Prat-Gay escuchó las demandas del triunvirato conformado por Schmid, Daer y Acuña, y tardó sólo un día en responder que el Gobierno podría suspender el pago de Ganancias para el medio aguinaldo de diciembre e impulsar el pago de un bono de fin de año.
Es decir, que el más político de los funcionarios que manejan los hilos de la economía macrista ya tenía en carpeta esas medidas, con sus correspondientes estudios de factibilidad técnica. Para el sector público, el bono llegaría a los $1.000, mientras que el Gobierno se lanzará a la aventura de convencer a los empresarios de que dupliquen esa suma en el sector privado. No será una tarea sencilla por cierto.
El acuerdo en gestación incluye también a los sectores más vulnerables de la población, que recibirían un plus en los planes sociales y en los haberes jubilatorios, sobre todo quienes cobran la mínima. En rigor, se trata de algo que debe promover el Estado en un país donde el 32,2 por ciento de los habitantes vive debajo de la línea de pobreza y otro 6,3 por ciento es indigente, con lo que ni siquiera puede cubrir las necesidades alimentarias.
Esa realidad dolorosa y dramática estaba a la vista de todos antes de que el Indec la blanqueara con indicadores que buscan recuperar la credibilidad estadística extraviada en los últimos años. Solamente con observar la situación social de los conurbanos que rodean a las grandes ciudades del país alcanza para entender la dimensión del problema, que fue insólitamente negado durante una década por el discurso oficial.
Algunas pocas voces se levantaron para advertir que la mentira ocultaba a mucha gente: la principal de ellas fue la del Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica, que estimó en 29 por ciento el índice de pobreza en diciembre pasado y que lo llevó al 32 por ciento en la primera mitad de este año, en coincidencia con lo que acaba de publicar el Indec. Esos investigadores trabajaron en torno a la verdad y el tiempo les dio la razón.
Ni siquiera el papa Francisco les bajó línea para atenuar el impacto político de sus estudios. De hecho, las autoridades de la universidad pontificia se encontraron con la ingrata sorpresa de que varias de las empresas que venían financiando el desempeño del ODSA les retiraron su apoyo.
Con lo cual, la presión llegó desde el sector privado. El Gobierno tendió a pensar de movida como piensan todos los gobiernos: que estaban fogoneados por la oposición.
Pero luego cayó en la cuenta de que los números eran correctos. El Indec de Jorge Todesca se tomó un tiempo, pero llegó a las mismas conclusiones. Y el presidente Macri convocó a la prensa en la quinta de Olivos para afirmar que este es el punto de partida por el cual debe ser evaluado al final de su mandato. Lo que no dijo -ni siquiera estuvo cerca de hacerlo- es que en su corta gestión cayó en la pobreza otro 1,4 millón de personas.

Mensaje papal
En este contexto, el anuncio del Papa Francisco que el año próximo no vendrá a la Argentina cayó como un balde de agua fría no solamente al Gobierno, sino también a un sector de la oposición que mira a Jorge Bergoglio como un líder de referencia.
Para Cambiemos fue una nueva comprobación que el jefe de la Iglesia católica no los quiere, porque la noticia llegó justo dos semanas antes de la visita de Macri al Vaticano.
Aunque también estaban decepcionados los peronistas que hacen fila para aterrizar en Roma. Algunos de ellos pensaban que la llegada del Papa les hubiera dado una plataforma para ponerse a la altura del Gobierno, porque no cuentan con un líder que los aglutine. Hace tiempo que Cristina Kirchner dejó de serlo. Y en la Provincia, tampoco lo es Daniel Scioli, pese a que la dupla podría dar batalla electoral en 2017.
La ex presidenta estuvo en Ecuador, donde recibió una condecoración gracias a su amistad y sintonía con Rafael Correa, pero el mapa político de la región está cambiando rápidamente.
A tal punto, que Macri recibirá mañana en la quinta de Olivos al presidente de Brasil, Michel Temer, quien asumió tras la destitución de Dilma Roussef. El comercio bilateral y el demorado acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea figuran en la agenda.
Como están las cosas, ahora es Brasil el que está detrás de la Argentina en términos políticos (la economía no resiste comparación alguna), por lo que Macri apuesta a convertirse en uno de los líderes de América Latina. Así se lo hacen sentir en los foros internacionales, pero ese lugar se gana a costa de cultivar personalmente las relaciones exteriores.
Aunque está claro que la llegada que tiene Macri en Washington lo coloca en una situación de privilegio.
A través de la canciller Malcorra, la administración de Cambiemos se pronunció incluso a favor de la continuidad de los demócratas en la Casa Blanca, haciéndose eco de las prevenciones que en todo el mundo despierta la figura del excéntrico Donald Trump. Para atender el frente interno, la jefa del Palacio San Martín fue citada para el próximo miércoles a la Cámara de Diputados, donde deberá dar explicaciones sobre la política oficial hacia las Islas Malvinas.
En la Cámara baja también se está discutiendo la implementación del voto electrónico de cara a las próximas elecciones legislativas. El gobierno aceptó ceder el control del escrutinio y allanó un acuerdo con buena parte de la oposición, pero todavía hay sectores que quieren seguir utilizando la vetusta boleta de papel.
Las discusiones sobre los mecanismos electorales irán incrementándose con la cercanía de 2017.
El propio Gobierno dio en los últimos días señales concretas de que ya está discutiendo puertas adentro su ingeniería electoral. El Presidente visitó en tres oportunidades consecutivas la feria Tecnópolis –una de ellas para ponerse al frente de una reunión con 2.000 intendentes de todo el país-, mientras que la gobernadora Vidal asumió al frente del PRO bonaerense. El martes, en tanto, se reunirá la mesa nacional de Cambiemos con Macri, Carrió y Sanz.
Por su parte Sergio Massa, que estuvo en Colombia invitado para presenciar el acuerdo de paz con las FARC, intensificará sus apariciones en territorio bonaerense –el viernes fue a Bahía Blanca y en la agenda le siguen Olavarría, Junín, Mar del Plata, Pergamino, San Nicolás y La Plata- para llevar un mensaje centrado en la seguridad y en las críticas al rumbo económico, respaldado por Roberto Lavagna y Daniel Arroyo.
Pero más allá de los posicionamientos políticos, el país acaba de ingresar en el último trimestre de 2016. Ya se sabe lo que significa en la Argentina esta etapa del año. Por eso, la instalación de una mesa de diálogo social –a lo que el gobierno ya no es refractario porque cree tener bajo control la inflación- se hace indispensable para llegar a 2017 en paz.