Contrapunto judicial con la UIF

El juez federal Claudio Bonadío rechazó con duras críticas una apelación presentada por la Unidad de Información Financiera (UIF) contra el fallo por el cual el magistrado denegó un pedido para congelar los bienes de los represores prófugos Gustavo De Marchi y Jorge Olivera del Hospital Militar. "La persistencia del funcionario de llamar a los prófugos 'terroristas prófugos' para afianzar su competencia, no hace que esa expresión adquiera relevancia típica para justificar por si el dictado de un acto administrativo de congelamiento de bienes y activos sin justificar la existencia concreta de una vinculación espuria entre los prófugos y a quienes se les había congelado los bienes", sostuvo el juez ante el planteo de José Sbatella. La UIF había dispuesto el congelamiento de bienes de familiares de las víctimas, pero la medida fue anulada por orden de Bonadío, quien solo avaló aquella que comprende a las esposas de ambos represores fugados y, ante la apelación del organismo ahora el magistrado la desestimó. "En el presente caso la actuación administrativa de la UIF no fue considerada, por el momento, ni relevante ni útil, ya que la investigación que se está desplegando corre por otros carriles a los que con este tipo de medidas y en esta etapa procesal no se contribuye de manera útil", indicó el fallo de Bonadío. Bonadío replicó: "El titular de la UIF y los abogados que lo asesoran no entienden el  concepto de división de poderes instituido por la Constitución de 1853 y sus posteriores modificaciones".