Amnistía Internacional (AI) afirmó ayer que la Suprema Corte de Justicia de Uruguay "ampara la impunidad" con su decisión de declarar inconstitucional dos de los tres artículos de una ley de 2011, que restituyó al Estado la pretensión punitiva para los crímenes de lesa humanidad de la dictadura (1973-1985). Amnistía sacó un comunicado en donde asegura que "el fallo de la SCJ da la espalda a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos cometidas hasta marzo de 1985 y amenaza con dejar en la impunidad cientos de casos en investigación o por investigarse".
Además "condena al fracaso toda investigación penal sobre los crímenes cometidos hasta marzo de 1985 al desconocerles su carácter de delitos de lesa humanidad y determinar que se encuentran sujetos a prescripción", agrega la organización.
Según Amnistía, el fallo "en la práctica, revive los efectos de la Ley de Caducidad" de la Pretensión Punitiva del Estado, aprobada en 1986, y que perdonó todos los delitos cometidos por militares y policías en aquellos años de régimen de facto.
El pronunciamiento de la Corte uruguaya ha generado interpretaciones diversas, que van desde la que sostienen algunos juristas y políticos de que se debe liberar a todos los que ya están detenidos por estas causas, a quienes sostienen que igualmente se puede seguir adelante con los procesos.
Por último, el lunes pasado miles de personas se congregaron frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia, para protestar por ese fallo, en una marcha convocada por la organización de Detenidos-Desaparecidos.
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