“Reducción de penas a genocidas: La impunidad y la reconciliación como políticas de Estado”

En un comunicado que fuera leído en el acto de repudio a los genocidas realizado el pasado miércoles 10, desde los grupos “Mujeres por la equidad de género” y “Abiertamente feministas” de General Pinto, encuentro al que convocaron el concejal Sergio Santos (del unibloque de Izquierda del H.C.D.), integrantes del grupo teatral "Calavero no chilla", etc. se expresó:
Al igual que ocurre con los femicidas cuando se los muestra como locos, anormales, monstruos o casos aislados, para desentendernos como sociedad responsable de formar machos violentos, así también, se pretende mostrar a estos jueces como un mal resultado de la división de poderes, para no hacerse cargo la clase política gobernante de que éste fallo marca la ideología de época y viene en consonancia con declaraciones del presidente y miembros de su gestión que cuestionan los 30.000, que comienzan a hablar de ´justicia completa´ escondiendo la reivindicación del genocidio de estado; y de la consabida ´reconciliación´ por la que la Iglesia viene bregando, desde el fin de la dictadura, para permitir la impunidad de los genocidas.
Nosotras decimos no perdonamos, no nos reconciliamos, fue genocidio y fueron crímenes de lesa humanidad que se perpetraron contra luchadoras y luchadores anticapitalistas, para sostener éste sistema económico.
No queremos a los genocidas libres, ni a Muiña, ni a Etchecolaz, ni a Milani, premiado como  ministro por el  gobierno anterior.
No son tres jueces aislados. La excusa de la división de poderes es una ficción. A éstos jueces los pusieron peronistas, radicales y la alianza Cambiemos; responden a las políticas de Macri y éste a sus socios capitalistas.
De no comprender ese acuerdo estratégico entre los partidos tradicionales para sostener el aparato represivo y encubrir a la mayor cantidad de genocidas posible, costaría entender varias cosas.
Por caso, costaría comprender por qué, a más de 10 años de desaparecido Jorge Julio López, no existe en los expedientes judiciales un sólo imputado, mientras es vox populi la participación directa de la policía bonaerense y se sabe quiénes podrían estar detrás de ese crimen.
También costaría entender porqué el número de imputados como procesados y condenados por el aniquilamiento de 30.000 personas y el saqueo de la economía nacional representa menos del 2 % del total de ejecutores del terrorismo de Estado.
Y costaría entender porqué los destinos del país siguen siendo digitados por una clase social parásita y criminal, ayudada en su empresa por un nutrido personal político, policial y judicial.
El escándalo del 2 x 1 protagonizado por jueces ricos que la población no eligió ni puede remover, no salió de la nada ni puede sorprender del todo. Esos jueces fueron puestos por las mismas manos que durante décadas votaron leyes de impunidad, decretos de amnistía y otras canalladas.
Las mismas manos que, cuando la presión popular fue incontenible, anularon esas leyes y decretos, bajaron algún que otro cuadro y se vistieron de progresistas.
Echarle la culpa del estado actual de las causas y de la posibilidad de que esos genocidas salgan en libertad solo a los jueces sería un acto de cinismo, porque a los milicos, antes y ahora, los salvaron sus amigos de la democracia peronista y radical”, finaliza el documento de “Mujeres Pinto” y de “Abiertamente Feministas”.