Dos territorios no británicos mantienen en vilo las relaciones entre los 27 países que conforman la Unión Europea (UE) y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Precisamente, uno de esos territorios es Irlanda del Norte. El otro, es la Bailía de Jersey, dependencia de la corona británica, isla ubicada en el Canal de la Mancha.
El conflicto en derredor de Irlanda del Norte tiene que ver con la frontera entre dicho territorio con la República de Irlanda. El de Jersey, con los derechos de pesca en las aguas territoriales de la dependencia.
En Irlanda del Norte, país constituyente del Reino Unido, rige el denominado Acuerdo del Viernes Santo –celebrado en 1998- que reconoce el principio de un status constitucional para el territorio que “vendrá determinado por el deseo democrático de las poblaciones de Irlanda del Norte y de la República de Irlanda”.
El funcionamiento –exitoso, por cierto- de dicho Acuerdo determinó el levantamiento de los controles aduaneros entre ambas “porciones” de la isla irlandesa. El hecho de la fundación de la Unión Europea, 6 años antes del acuerdo, en Maastricht, Países Bajos, de la que el Reino Unido fue socio inicial facilitó, tras el logro de la paz norirlandesa, la libre circulación de personas y mercadería.
Pero el Brexit –salida del Reino Unido de la UE- complicó la situación. Y es que la República de Irlanda continúa como miembro pleno de la UE, en tanto la porción norteña de la isla, como consecuencia, queda fuera.
La cuestión norirlandesa resultó central en la negociación del Brexit, vista la posición de la República de Irlanda de no retornar a la vigencia de las fronteras aduaneras anteriores. Posición que respaldan los republicanos norirlandeses, partidarios de la unión con el sur.
El acuerdo final del Brexit estableció que la frontera aduanera operaría en el Canal del Norte, la porción de mar que separa a Irlanda del Norte del sur escocés. O sea, una aduana dentro del Reino Unido.
G7 e Irlanda del Norte
El presidente de los Estados Unidos, Joseph “Joe” Biden es un descendiente de irlandeses católicos, fe que le es propia. Por tanto, la situación de controversia entre el gobierno de Londres y los organismos de la Unión Europea, no le es ajena.
Más aún, si está presente la catalogación de “error” que el mandatario norteamericano formuló, en su momento, respecto del Brexit y el apelativo de “clon de Donald Trump” que dirigió al primer ministro británico Boris Johnson, ambas “sentencias” con fecha previa al arribo a la Casa Blanca.
Pero, durante la citada reunión del G7 en Cornualles, los dos hombres resolvieron abrir un paragua sobre la espinosa cuestión norirlandesa y prefirieron hablar de temas que los acercan como el medio ambiente, la seguridad y el rol de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Aun así, la situación se tornó tensa, en particular en las discusiones entre Johnson y el presidente francés Emannuel Macron. Johnson comparó la situación de la “guerra de las salchichas” con una eventual prohibición de la UE de “llevar a Paris, charcutería de Toulouse”. A lo que Macron contestó con una “clase de geografía” sobre la continuidad territorial entre Paris y la sureña Toulouse frente a la insularidad de Gran Bretaña contrapuesta a la de Irlanda.
La polémica es por demás sensible dentro del territorio de la propia Irlanda del Norte. Mientras que los republicanos observan con beneplácito el accionar europeo, los unionistas protestantes se desgarran en una crisis respecto del mayor o menor grado de abandono que sienten por parte del gobierno británico.
Es que para los unionistas protestantes y descendientes de colonos ingleses, mayoritarios en el norte de la isla, que votaron a favor del Brexit, la frontera con la República de Irlanda debe funcionar en plenitud, controles aduaneros inclusive. En otras palabras, borrar el acuerdo de la frontera marítima en el Canal del Norte que separa Irlanda del Norte de Gran Bretaña, de manera de reafirmar la pertenencia al Reino Unido.
La cuestión trajo como consecuencia una crisis en las filas unionistas que arrastró a las cabezas del partido y del Estado, junto a situaciones de violencia en las calles de Belfast, la capital, protagonizadas por jóvenes unionistas decepcionados. A tal punto, el asunto adquirió gravedad, que se cargó a la primera ministra norirlandesa, Arlene Foster, y la llevó a renunciar simultáneamente a la jefatura del unionismo.
Pero la cosa no paró allí. Su heredero como líder del Partido Unionista Democrático (DUP), Edwin Poots, solo duró 33 días y debió ser reemplazado por quién le disputó la sucesión de Foster, el diputado en la Cámara de los Comunes, Sir Jeffrey Donaldson. El cargo de primer ministro quedó para el unionista conservador Paul Girvan.
Cabe recordar que los denominados Acuerdos del Viernes Santo que pusieron fin a la violencia intercomunitaria en Irlanda del Norte establecen –además del reconocimiento de la soberanía popular democrática sobre el status constitucional-, el compromiso de la utilización solo de medios pacíficos para dirimir las diferencias entre partidos políticos.
Desde 1968 hasta 1998, el país fue testigo de una verdadera guerra civil que opuso a los partidarios de la unificación con la sureña República de Irlanda con los defensores del statu quo de integración en el Reino Unido, apoyados por tropas británicas. Período al que se lo recuerda como “The Troubles” y que dejó un saldo de alrededor de 3.500 muertes.
Elecciones y realeza
A un año y medio del retiro del Reino Unido de la Unión Europea, la situación política interna favorece al gobierno a juzgar por los resultados electorales en las elecciones locales en Inglaterra. No así en Gales, ni en Escocia.
Es que en Inglaterra, los conservadores del primer ministro Boris Johnson mejoran su resultado anterior en un ocho puntos porcentuales, frente al avance de 1 punto de los laboristas y la pérdida de 2 por parte de los liberales. A la fecha, el apoyo electoral a los conservadores es del 36 por ciento, a los laboristas del 29 por ciento y a los liberales del 17 por ciento.
Claro que se trata de elecciones locales. Por ende, las consecuencias reflejan una realidad política distinta que la simple suma de votos. Así, los conservadores consiguen dominar 63 consejos locales, es decir suman 13. Los laboristas 44 y pierden 8. Y los liberales 7 y ganan 1.
En concejales, 2.345 pertenecen al partido Conservador, 1,345 al laborismo –exactamente, 1.000 menos-, 588 a los liberales y 151 a los verdes que no dominan ningún consejo local pero confirman una irrupción esperada.
Si la situación es clara y tranquilizadora para el primer ministro Johnson en Inglaterra, no pasa lo mismo en Escocia. El resultado escocés fue apabullante en favor del independentismo y de la primera ministra Nicola Sturgeon.
En Escocia, las elecciones renovaban el Scottish Parliament, el parlamento regional establecido en 1999. Los independentistas del Partido Nacional Escocés quedaron a solo 1 escaño de la mayoría absoluta de 65 bancas. Seguidos por los conservadores de Johnson con 31 asientos, los laboristas con 22, 8 de los verdes y 4 de los liberales.
Como era obvio, antes semejante triunfo la cuestión de la independencia escocesa vuelve a estar sobre el tapete. Para el primer ministro Johnson, solo puede plantearse un referéndum por generación. El último y único fue en 2014 cuando el 55 por ciento apoyó el mantenimiento del Reino Unido, tal como existe.
Pero, otro referéndum, el del Brexit, dio como resultado, en Escocia, un 62 por ciento a favor de la asociación en la Unión Europea. Para los independentistas, ese resultado modifica de plano la situación y abre la puerta para una nueva consulta popular.
Por último, en Gales, la elección al Parlamento local, el Senedd, otorgó el triunfo a los laboristas con 30 bancas. Los conservadores, 16. Los independentistas del Plaid Cymru, 13. Y los liberales, 1. En síntesis, para el gobierno de Boris Johnson, bien en Inglaterra y mal en Escocia y Gales.
Como ocurre desde siempre, la Corona británica moviliza la opinión pública. Desde momentos felices hasta imágenes patrióticas, pasando por escándalos que suelen ser sobredimensionados por un sector de la prensa, los Windsor –ahora Mountbatten-Windsor- no pasan desapercibidos como otros monarcas europeos.
Sin dudas, la muerte del príncipe Felipe a los 99 años de edad, consorte de la reina Isabel II conmocionó el país debido a la particular identificación con su personalidad de buena parte de los ingleses. Nacido en Corfú, Grecia, sus apellidos fueron Glucksburg por nacimiento, Windsor por matrimonio y Mountbatten por adopción. Su matrimonio con la entonces princesa heredera lo llevó a cambiar la religión cristiana ortodoxa por el anglicanismo. Sus títulos fueron, hasta 1947, príncipe de Grecia y Dinamarca, y desde entonces, duque de Edimburgo.
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