Tal vez, la solidaridad de las personas individualmente y la organizada por redes de ONGs, pueden suplir las falencias políticas brindando comida y ropa a quienes no la tienen; pero solo las políticas públicas pueden generar las herramientas para construir viviendas. Cuando los salarios o las formas de inclusión no existen o son insuficientes para que una familia aun con esfuerzo, ladrillo sobre ladrillo, construya su propia casa, es el Estado el que puede planificar, zonificar, parcelar (tierras públicas), financiar inversión, o facilitar instrumentos financieros para la compra o construcción de viviendas familiares.
Para esto son las políticas públicas, para desarrollar planes que se relacionan a los bienes públicos y que permitan el acceso a los mismos a la sociedad toda, sin distinción o privilegios.
La falta de vivienda en nuestro país llega en la actualidad a la categoría de drama. La crisis actual con la mitad de la población en la pobreza arroja de pequeños inquilinatos a las familias que son además abusadas en sus necesidades por especuladores que lucran con la desesperación llevándolas a participar en usurpaciones rentadas. También los jóvenes asalariados o autónomos de clase media ven clausurado su derecho de acceso al crédito para comprar o construir con herramientas financieras de largo plazo.
Frente a este drama advertimos y denunciamos penalmente la malversación de una política que debía ser pública pero que en realidad terminó siendo objeto de manipulación.
El día 18 de mayo del corriente año, el Presidente Alberto Fernández encabezó un acto oficial de sorteo de la Línea de Créditos Casa Propia en el marco del programa Procrear “Línea Construcción” por la cual se entregarían unos 22 mil créditos hipotecarios para la construcción de viviendas nuevas de hasta 60 metros cuadrados en lote propio. La mayoría de los inscriptos eran de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tucumán, seguidas por Entre Ríos, CABA, Chaco y Salta.
Hablamos de malversación y grave afectación del derecho de igualdad ante la ley consagrado por la Constitución Nacional, por realizarse (el sorteo para adjudicación) de una forma que evidencia discriminación y arbitrariedad afectando a miles de familias postulantes que cumpliendo con todos los requerimientos establecidos en el Programa, fueron excluidos en razón del lugar donde viven o, mejor dicho, en razón de quienes gobiernan tales lugares. No se puede llegar a otra conclusión si se observan los datos publicados en la web oficial https://www.argentina.gob.ar/habitat/resultados.
Con los resultados del sorteo que definieron la suerte de miles de postulantes en los 135 distritos de la Provincia de Buenos Aires, se puede verificar que en los municipios donde gobierna el “Frente de Todos” o fuerzas políticas afines, el porcentaje de adjudicatarios sobre inscriptos fue del 100 por ciento, con solo tres excepciones (Carmen de Areco; San Andrés de Giles; Tres Lomas). En cambio, en los municipios gobernados por fuerzas opositoras a los gobiernos nacional y provincial, el porcentaje de adjudicatarios sobre inscriptos no supera el 35 por ciento, también con solo tres excepciones: Brandsen; General Rosales y General Lamadrid, cuyo porcentaje de adjudicatarios asciende al 100 por ciento.
Las evidencias matemáticas y las reglas de probabilidad parecieron ser amigables con certeros parámetros políticos que hieren gravemente la confianza ciudadana y que son violatorias de derechos constitucionales y de un conjunto de normas internacionales que resguardan DD HH. En efecto, el derecho a acceder a una vivienda adecuada integra conceptualmente el derecho a un nivel de vida adecuado reconocido en el art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; en el art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención sobre los Derechos del Niño en su art. 28; y por los arts. 9 y 28 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
¿Cuánto más se puede frustrar la confianza y derechos de la sociedad desviando los recursos públicos en forma discriminatoria? ¿También hay una política VIP de otorgamiento de créditos para acceder a la vivienda?
Con datos pre pandemia, una de cada tres familias en la Argentina tenía problemas de acceso a la vivienda. Se estima y evidencia de muchas formas que en este año y medio la situación de ha agravado. Las múltiples y constante tomas tierras en el Conurbano, y el aumento exponencial de la pobreza, son datos que desembocan en la necesidad de encarar políticas públicas muy distintas a la manipulación política de créditos.
¿Cómo debería ser esa política? Debería contar con tres pilares: en primer lugar debe ser de largo plazo; consensuada para sacarla de pujas electorales de corto plazo que estimulan la manipulación; y finalmente con un marco jurídico transparente en todos los requerimientos de calificación y adjudicación, que desde ya serían resultado del consenso político señalado. Estos pilares asegurarían fortaleza para generar confianza para lograr inversión pública y privada de parte de sectores productivos y de financiamiento.
La malversación de las políticas públicas daña el derecho a una vida digna de millones de compatriotas. También erosiona como vemos día a día la confianza en las instituciones. Las nuevas generaciones de argentinos necesitamos confiar y por eso debemos proponer transparencia. Esa confianza debe ser el cemento que una a los argentinos en la construcción de una democracia inclusiva y con desarrollo. Comenzar con una política pública para el acceso a la vivienda, podría ser nuestro gran desafío.
(*) Abogado. Expresidente de la Juventud Radical Buenos Aires
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