Si bien el campo invirtió 35.000 millones de dólares en la campaña 2016-2017, que no termina de recolectarse por el déficit hídrico y el mal estado de los caminos rurales, lo que pesa sobre el campo sin resuello es la presión tributaria a lo que se agrega la carga burocrática.
El mismo presidente Mauricio Macri, antes de dejar inaugurada la última Exposición Rural de Palermo, admitió ante las tribunas plagadas de ruralistas que aún los impuestos son altos.
"Comenzamos a bajar los impuestos, pero también reconocemos que hay que seguir bajándolos" dijo para anunciar que están "preparando una reforma impositiva que involucre a todos los niveles de gobierno".
El reclamo por parte del sector agroindustrial había venido en el mismo acto por el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere quien había expresado que los impuestos deben "estimular las inversiones y no ahuyentarlas o impedirlas".
Recientemente la revista IeralPyme.org (de la Fundación Mediterránea) hizo una encuesta entre pequeños y medianos empresarios, entre los que se encuentran los del campo, y cinco de cada diez, el 50 por ciento indicó que la presión tributaria es la principal problemática que afecta su empresa en 2017.
Los números son altos y el estudio que aún da vueltas corresponde a los especialistas Juan Manuel Garzón y Nicolás Torre del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral).
Según su análisis, la presión tributaria en establecimientos agrícolas se ubica en un rango de entre el 61% en el centro del país y de hasta el 85% en el norte argentino, de acuerdo con la sumatoria de impuestos nacionales, provinciales y municipales.
Quizá en la zona núcleo el émbolo empuje más profundo porque hay tributos encubiertos como las tasas comunales.
El hecho es que el fruto del pago de impuestos no se ve, especialmente en un problema que tiene a maltraer a los productores y son los caminos rurales.
De acuerdo con la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) en el país sólo el 12 por ciento de los caminos rurales están asfaltados y el resto depende de que las máquinas viales de las comunas pasen para nivelarlos, en otros casos, con los excesos hídricos son verdaderos canales de agua.
Ocurre que el 82 por ciento de los caminos son de tierra, el seis por ciento están mejorados y sólo en la pampa húmeda existen alrededor de 270.000 km de arterias de tierra.
Además de la obligación de atender todos los requerimientos impositivos, los contadores de los ruralistas ahora recibieron más carga burocrática que hacer frente.
Se trata de la obligación de inscribir los campos agrícolas en el nuevo "Registro Fiscal de Tierras Rurales Explotadas", creado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y publicado en el boletín oficial el 25 de julio último.
Así al momento de arrendar un establecimiento, los empresarios agrícolas deberán verificar la existencia de una "constancia de alta de tierras rurales explotadas".
La cuestión es que, en caso de no existir la misma, tendrán que aplicar al propietario del inmueble una retención del Impuesto a las Ganancias del 28%, como resaltó el sitio Valor Soja.
Marcelo Maroevich, subdirector de la Subcomisión de Impuestos en la Actividad Agropecuaria del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires (CPCE), señaló que "el hecho de que empiece tan rápido nos lleva a que tengamos que salir a correr para presentar información con toda la nueva problemática que va a significar un nuevo aplicativo".
Por eso, tres días después de la publicación en el Boletín Oficial, el 28 de julio las autoridades de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas solicitaron formalmente a la Afip que postergue la aplicación de la medida al expresar que "los pequeños y medianos contribuyentes carecen de estructura administrativa" para dar una pronta respuesta al nuevo requerimiento.
La creación del "Registro Fiscal de Tierras Rurales Explotadas" en el ámbito de la Afip aumentó la cantidad creciente de trámites burocráticos que deben cumplir los productores agropecuarios.
Pero esa tendencia no es exclusiva del gobierno nacional: En los últimos días la Dirección General de Rentas de la provincia de Córdoba comenzó a intimar a muchos empresarios agropecuarios a informar a la cantidad de combustibles líquidos consumidos.
"No tiene sentido que el productor agropecuario tenga que informar a quién le compró combustibles", indicó Claudia Chiaradía, directora de la Subcomisión de Impuestos en la Actividad Agropecuaria del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires.
Por su parte, el gobierno de aquella provincia implementó este año el Registro Único de Producciones Primarias (RUPP), que tiene por objetivo consolidarse como una base de datos georreferenciada de todas las producciones agropecuarias realizadas en esa jurisdicción.
Otra exigencia más.
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