La declaración de la emergencia en materia sanitaria, en el marco de la pandemia del coronavirus, sin lugar a dudas ha trastocado absolutamente toda la organización social de la cual las cárceles forman parte, donde fue autorizado el uso de teléfonos celulares, medida que sigue en vigencia hasta hoy.
Si bien la utilización de equipos o terminales móviles por parte de las personas alojadas en establecimientos penitenciarios se encuentra prohibida por la ley 24.660, la llegada de la pandemia modificó la aplicación de las normas al verse prohibidas o restringidas las visitas a los reclusos en razón de la situación epidemiológica.
Así cobró fuerza la idea de que el uso de teléfonos celulares contribuía a mantener el vínculo de aquellos con sus grupos familiares y, de esta forma, contribuir al objetivo de resocialización al cual toda privación de libertad debe propender.
En contraposición a ese concepto, el crimen organizado sacó provecho de esta situación para seguir operando desde las unidades penitenciarias, generalmente cometiendo estafas virtuales o telefónicas con el “cuento del tío”.
Allanamiento en Junín
La Policía Federal allanó esta semana la Unidad Penitenciaria 49 de Junín, desde donde un grupo de reclusos integraba una banda dedicada a los delitos de acoso sexual por internet, práctica ilegal conocida como grooming, y transmisión de pornografía infantil.
En ese sentido, en una de las causas los investigadores pudieron establecer que un pergaminense detenido por abuso sexual, transmitía pornografía infantil a través de internet, por lo que se allanó una celda de la UP 49 de Junín.
La restante es por el delito de grooming y transmisión de pornografía infantil, sobre una persona que poseía otras tres causas acumuladas, en las que existían distintas víctimas, principalmente, de Pergamino. Por eso mismo, uno de los operativos policiales se desarrolló en una localidad perteneciente al partido mencionado, allanándose un domicilio particular en donde se encontraba el acusado.
Como resultado de los allanamientos, se procedió al secuestro de dispositivos electrónicos con acceso a internet y con capacidad de almacenamiento, los cuales serán peritados a fin de establecer mayores pruebas en contra de los responsables de los delitos investigados.
Las personas involucradas en los hechos delictivos acosaban a menores de edad o transmitían imágenes explicitas de los mismos en actitudes sexuales.
Es necesario aclarar que este tipo de maniobras son realizadas a través de medios tecnológicos como celulares, computadoras o tablets, con la utilización de diferentes perfiles creados en redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, mediante los cuales ocultan su verdadera identidad.
Un hecho reciente
Por ejemplo, esta semana, una investigación iniciada por la Policía de Chubut permitió desbaratar una banda que estafó a varios vecinos de esa provincia con la supuesta venta de motores y repuestos.
Las pistas llevaron a que se realizara un allanamiento en un establecimiento penitenciario de la provincia de Buenos Aires, donde se identificó al cabecilla de la banda y se secuestraron varios teléfonos celulares.
La investigación se inició cuando un vecino denunció que había sido estafado en la compra de un motor marca Isuzu. La transacción se llevó a cabo por la suma de $100.000. Solo pagó la mitad, a la espera de que llegara lo solicitado para completar el pago.
El primer contacto surgió por la red social Facebook: el denunciante ingresó a la página “Taller de Mecánica Integral y Repuestos Don Bosco” que aparentaba ser una empresa reconocida en la venta de motores y autopartes, con una interesante trayectoria poseedora de más de 5.000 seguidores. Las negociaciones continuaron por Whatsapp.
El vendedor aseguró que realizado el depósito del 50% él enviaría el motor, y una vez que sea recibido esperaría el depósito del 50% restante, para que finalmente él enviara el formulario 04 firmado. Realizado el pago, el denunciante, procuró seguir las tratativas, y al ingresar a la página web del vendedor y comunicarse por Whatsapp, para reclamar por la demora, se percató que fue bloqueado por ambas vías.
La implementación
Las unidades penitenciarias fueron uno de los primeros lugares que se aislaron de una manera casi absoluta, limitando para ello el ejercicio de diferentes derechos, siendo el de mayor valor, dada su implicancia, la absoluta prohibición de recibir visitantes.
Ya en marzo de 2020, algunas organizaciones ligadas a la defensa y promoción de los derechos humanos en cárceles, se encontraban asesorando a los internos en temas referentes a la mitigación de los efectos ciertamente importantes y disvaliosos que generaba la medida de privarlos en su contacto con sus afectos, registrándose para entonces en trámite diferentes pedidos efectuados ante estrados judiciales y las administraciones de los diferentes servicios penitenciarios a nivel nacional y provincial.
Como respuesta a un recurso de habeas corpus presentado por la Comisión Provincial por la Memoria, en su calidad de mecanismo de prevención por la tortura, la Justicia de la Provincia de Buenos Aires autorizó el uso de la telefonía celular para los internos alojados en el Complejo Penitenciario de Batán, integrado por las unidades 15, 44 y 50 del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Este recurso había sido replicado por esta organización ante las autoridades administrativas del Ministerio de Justicia provincial, quienes dieron cumplimiento a lo resuelto por la justicia, generando una medida que abarcaba a todas las unidades del Servicio Penitenciario de Buenos Aires; en dicho contexto, desarrollaron un protocolo para el ingreso y gestión de los aparatos de telefonía móvil en cada unidad de su jurisdicción.
La mayoría de la población reclusa a nivel nacional usufructuó (aunque con diferentes regulaciones) la posibilidad de comunicarse libremente y sin un verdadero y efectivo control, no de las llamadas sino del uso en general que hacía (y hace) cada recluso de los aparatos de telefonía móvil que han logrado ingresar para su uso en contexto carcelario.
La administración nunca pensó en los alcances e implicancias que la gestión descontrolada del espectro radioeléctrico, efectuada por los “usuarios internos” alojados en los establecimientos carcelarios de la provincia, podrían acarrear, sobre todo para la seguridad pública, pues lamentablemente el número de acciones reñidas con la ley que se han registrado mediante el uso de aparatos de telefonía móvil desde las cárceles.
Hacia fines de 2021, las administraciones penitenciarias de las provincias de Chaco, Santa Cruz, Tucumán, La Rioja, Neuquén, Buenos Aires, Misiones, Entre Ríos, Chubut, Río Negro, Jujuy, Mendoza, La Pampa, Salta, Tierra del Fuego, Catamarca y San Juan autorizaban la tenencia y gestión de aparatos de telefonía celular a los internos alojados en cárceles de cada una de esas provincias o establecimientos bajo control policial adaptados para el alojamiento de personas privadas de la libertad.
El protocolo para el uso de teléfonos celulares por parte de internos del Servicio Penitenciario Bonaerense, a la luz de la resolución judicial, ordenado por Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y DD.HH. de la Provincia de Buenos Aires, en su punto 2, habla de los alcances de la medida: el contacto con sus familiares y afectos; su desarrollo educativo y cultural; y el acceso a información relativa a su situación procesal.
________________________________
Lee el diario tal como salió impreso. Suscribite a la versión PDF.
COMENTARIOS