La declaración de la emergencia en materia sanitaria, en el marco de la pandemia del coronavirus, sin lugar a dudas ha trastocado absolutamente toda la organización social de la cual las cárceles forman parte, donde hace unos cuatro años fue autorizado el uso de teléfonos celulares, medida que sigue en vigencia hasta hoy.
Si bien la utilización de equipos o terminales móviles por parte de las personas alojadas en establecimientos penitenciarios se encuentra prohibida por ley, la llegada de la pandemia modificó la aplicación de las normas al verse prohibidas o restringidas las visitas a los reclusos en razón de la situación epidemiológica.
Así cobró fuerza la idea de que el uso de teléfonos celulares contribuía a mantener el vínculo de aquellos con sus grupos familiares y, de esta forma, contribuir al objetivo de resocialización al cual toda privación de libertad debe propender.
Pero la realidad dista de la finalidad original de la polémica medida si se tiene en cuenta que en los últimos años aumentó la comisión de delitos por parte de detenidos del Servicio Penitenciario Bonaerense, que se valen de los dispositivos móviles para delinquir.
Es que el crimen organizado sacó provecho de esta situación para seguir operando desde las unidades penitenciarias, generalmente cometiendo estafas virtuales o telefónicas con el “cuento del tío”, venta de drogas y grooming.
Una medida que “no se reguló”
Al respecto, el titular del área de Seguridad del municipio de Junín, Lisandro Benito, comentó a Democracia que "es un tema que en la provincia de Buenos Aires lo debe resolver el Ministerio de Justicia”. Otro dato no menor es que “fue una medida dictada en forma excepcional en el marco de la pandemia, que luego no se revirtió. Y yo creo que lo peor de todo es que no se reguló como corresponde”, afirmó.
“Hoy, con los avances tecnológicos que hay, entiendo que debería trabajarse en una regulación y buscar que el uso de los celulares en las unidades penitenciarias tenga como sola posibilidad un uso limitado y con controles”, explicó.
“No puede ser que los celulares en las cárceles sean utilizados para seguir delinquiendo o para seguir liderando bandas delictivas. Así que no puede seguir como está y hay que avanzar hacia una regulación”, subrayó. “Me excede respecto al tema de la tecnología, pero sí sé que hay lugares donde puede trabajarse desde la tecnología para limitar y controlar esa utilización. Creo que debemos ir hacia ese lugar”, concluyó.
“Continuar cometiendo delitos”
Cabe recordar que, este mes, el juez Sebastián Sarmiento resolvió que los presos alojados en penales de la provincia de Mendoza no podrán acceder a teléfonos celulares dentro de las cárceles, debido a que finalizó la emergencia sanitaria que la habilitaba en el 2020 a partir de la cuarentena ordenada por la pandemia del coronavirus.
Al respecto, el subsecretario de Gobierno de Junín y extitular de Seguridad, Andrés Rosa, indicó a este diario que “el sistema carcelario cada vez lo vemos más deteriorado y uno ve que se han transformado en escuelas de delito en lugar de promover la reinserción. Creo que tenemos que ver lo que pasó en Ecuador, lo que pasa en Rosario y en tantas unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires, sobre todo con los narcos o con los delincuentes más peligrosos”.
“Creo que hoy el uso del teléfono celular en las cárceles, por parte de los detenidos, -y esto está probado en muchísimas causas judiciales- son para continuar cometiendo delitos mientras cumplen sus penas”, afirmó.
El año pasado, la Procuración General de la Nación le pidió al gobierno nacional que tome medidas urgentes en este sentido, “sobre todo por la cantidad de causas que hay donde se ve que jefes narcos continúan operando desde los penales”, apuntó.
“Nosotros acá tuvimos una causa el año pasado, en la que la Departamental de narcotráfico de Junín fue a allanar y detener en Rosario. Se trajo a un narco de Rosario detenido que, a la vez, se contactaba con uno que estaba acá en la Unidad 13 y así seguían cometiendo todo tipo de delitos”, recordó.
En efecto, Rosa sostuvo que “hay que combatir este flagelo y hay que tener decisión política. Uno ve que hay provincias como Mendoza en donde se ha avanzado en esa dirección. Y en el gobierno de la provincia de Buenos Aires no se conoce el protocolo que se estableció en principio en la pandemia y vino para, lamentablemente, quedarse”, manifestó Rosa.
“Hay que reglamentar, y hay que hacer cambios en la ley de ejecución penal porque hay un montón de antecedentes de cómo han aumentado los delitos virtuales. Entendemos que hay que garantizar el derecho de la comunicación del interno con los familiares, pero obviamente no en este sentido del uso de las redes sociales como estamos viendo”, indicó.
“Del uso de redes sociales a la comunicación con familiares no tiene nada que ver. Se ha desvirtuado y hay que salir rápidamente de esto. Creo que hay que promover la instalación de inhibidores por lo menos en los pabellones con delincuentes de alta peligrosidad. Hay que hacer una reforma integral en el sistema penitenciario y dentro de esa reforma uno de los ejes a modificar es este uso indiscriminado que hay hoy del teléfono celular”, concluyó.
Denuncias
Por su parte, Mauro Canavesio, oficial subinspector a cargo de la oficina de Cibercrimen Junín, se refirió a la metodología de trabajo que se lleva adelante desde el lugar y dijo: “Las denuncias se toman tanto en comisaría como en fiscalía o entrando a la página de la fiscalía y a través de un correo electrónico nos llegan a nosotros las causas ya directamente para trabajar. A partir de allí hacemos la tarea investigativa”.
“Hay algunas que nos llevan afuera de la ciudad de Junín: estamos viajando mucho al Conurbano y también a Córdoba. En promedio son dos viajes por semana que estamos realizando. Esto habla de la importancia que tiene nuestra sección: no solo atender las causas locales y de la zona, sino que se expande la necesidad de nuestro trabajo, así como también hacemos requerimientos a un montón de empresas nacionales e internacionales. Entre las más conocidas internacionalmente están Facebook, Instagram, WhatsApp, Google y Microsoft. Tenemos el contacto y la forma de llegar a ellos para obtener la información y poder aportar a la causa que sea correspondiente”, agregó.
Seguidamente, el profesional señaló: “Las estadísticas a nivel nacional se incrementaron a partir de la pandemia y, lamentablemente, este tipo de delitos se van incrementando en todo el país. Lo que mayormente se ve son los denominados hackeos por WhatsApp y Facebook, con motivo de hacerse pasar por la persona dueña del perfil y pedir dinero a cambio. Es lo más común que se ve, en lo que más estamos trabajando”.
“Uno de los hechos más recientes en los que nuestra área estuvo trabajando se conoció hace pocos días. El caso comenzó en octubre del año pasado, se había radicado en la sede de fiscalía de Junín una denuncia de un joven de 24 años que había intentado comprar, vía Facebook, un motor de moto y había enviado foto de su DNI. A partir de ello había comenzado a recibir mensajes de que había realizado estafas por una cuenta de Mercado Pago, pero había indicado que no había utilizado el mismo”, informó sobre la causa.
Luego continuó: “Allí comenzó una investigación en la que tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1, desde la cual se dispuso la intervención de la sección de Investigaciones del Cibercrimen, donde después de un seguimiento, se descubrió que fue una suplantación de identidad por parte de un joven oriundo de Vedia.
Desde el Juzgado de Garantías N° 2 se libró una orden de allanamiento, llevado a cabo por el personal de Cibercrimen de Junín de forma conjunta con la división Investigación de Cibercrimen Interior Norte IV, con sede en Bragado, y apoyo de efectivos de la Estación Comunal de Policía de Vedia, obteniendo un resultado positivo, donde el vediense fue imputado por el delito de “Defraudación informática”, concluyó.
Asimismo, el subinspector Canavesio, indicó que “desde el Destacamento de la ciudad estamos recibiendo aproximadamente entre tres y cuatro denuncias de esta índole por día. Generalmente las estafas virtuales ocurren los fines de semana, pero hay veces que no llega nada. Teniendo en cuenta esos números, desde que funciona la oficina hasta hoy, son más de 300 casos en los que hemos participado”.
“Es relevante destacar que en la provincia de Buenos Aires actualmente hay cinco dependencias de Cibercrimen. De a poco se está tratando de abarcar los departamentos judiciales donde puedan llegar a aplicar estas dependencias para tener una cercanía y una tarea investigativa más ordenada, un requerimiento más específico, tener más apoyo. Lo que se está buscando de parte de Cibercrimen es ir abriendo, al menos, en cada departamento judicial una oficina”, finalizó.
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