Apuran el cierre de todas las causas penales "de transición"

En la provincia de Buenos Aires todavía hay más de 10 mil causas judiciales que son tramitadas por los juzgados de Transición, creados hace once años cuando se reformó el Código Procesal Penal.
Para poner freno a esta situación, la Legislatura bonaerense aprobó una ley que dispone la disolución de esos tribunales -así como la de los juzgados en lo Criminal y Correccional “subsistentes”- y la Suprema Corte de Justicia fijó el 31 de diciembre de este año como fecha límite para el cierre de todos los expedientes.
Los juzgados de Transición fueron creados en 1998 para hacerse cargo de la tramitación de 520.315 causas “residuales”, es decir, aquellas que quedaron del sistema penal que rigió hasta la reforma procesal realizada ese año. Y desde entonces fueron cerradas gran parte de ellas, pero aún quedan más de 10 mil causas.
Según datos oficiales de la Corte bonaerense, hasta el año 2007 (últimos registros oficiales existentes) quedaban pendientes de resolución 16.497 causas en toda la Provincia.
Originalmente, la ley contemplaba que las causas “residuales” debían ser concluidas “antes del 1º de enero de 2000”. Pero leyes posteriores fueron prorrogando los plazos y a fines del año pasado la Legislatura aprobó una norma que dispuso la disolución de los juzgados de Transición y en lo Criminal y Correccional.
Ante la imposibilidad de cerrar todas las causas en el plazo previsto, la Corte solicitó una nueva prórroga a la Legislatura. El proyecto fue aprobado por el Senado, pero aún no fue sancionado por la Cámara de Diputados. Por eso, el máximo tribunal dictó una resolución en la que dispuso la disolución de los juzgados “residuales” en un plazo de 30 días, a contar desde el 23 de abril.
En la resolución de la última semana, la Corte delegó en las Cámaras de Apelación y Garantías en lo Penal la concreción de las tareas de disolución de los juzgados, la conformación de secretarías de Transición (que tendrán a su cargo el trámite de las causas que se encuentren pendientes de resolución) y la distribución de los expedientes.
Además, la Corte instó a los magistrados a “aunar esfuerzos” para el cumplimiento efectivo de los plazos procesales y la finalización de las causas en trámite “antes del 31 de diciembre” de este año.