El acuerdo con el FMI continuó ocupando el centro de la gestión del presidente Alberto Fernández la última semana, originando una gran cantidad de suspicacias y tensiones políticas. El texto final de ese acuerdo, los detalles y la conformidad del directorio del FMI, quizás se conozcan en las próximas semanas para que luego pueda ser tratado en el Congreso.
Por ahora, las expectativas siguen abiertas y el “entendimiento” alcanzado por el ministro Martín Guzmán con el organismo surge inestable y sostenido por alfileres.
Aunque más allá de estos riesgos, luego del pronunciamiento de Juntos por el Cambio, de no oponerse al acuerdo, renacieron las perspectivas positivas: el Gobierno podría sumar suficiente consenso político (votos, en definitiva) para sortear las dificultades de un tratamiento legislativo del acuerdo, que había entrado en crisis con la renuncia de Máximo Kirchner. De esta manera, el entendimiento con el FMI estaría más cerca y su sanción final permitiría a la Argentina eludir un default y las consecuencias dramáticas que tendría sobre su tejido social y económico.
Este aporte opositor, sumado a los votos que dice tener el oficialismo para navegar el tratamiento del acuerdo en el Congreso, da un aliciente que de todas maneras continúa plagado de problemas, objeciones y trabas de todo tipo. El kirchnerismo duro lo sigue cuestionando, en especial el que tiene que ver con la reducción de los subsidios y los aumentos en las tarifas eléctricas y de gas.
Segmentación tarifaria
La alternativa técnica que negocia Guzmán con el FMI es la llamada “segmentación” tarifaria, basada en los ingresos y/o perfil social del consumidor, iniciativa que sigue en un limbo desde el 2020. Los llamados “Federicos” (Federico Bernal, titular de Enargas y Federico Basualdo, Subsecretario de Energía Eléctrica), dos funcionarios que responden a CFK y tienen el control real de estas áreas del Gobierno, resisten los ajustes de tarifas y no hay señales que hayan perdido poder. La segmentación que presentaron, además, es apenas geográfica, bastante elemental, en donde se propone elevar las tarifas solo a los barrios o distritos con mayoría de votos de la oposición.
Estas rarezas técnicas K, de todas maneras, no alcanzan a resolver el hueco fiscal de los subsidios tarifarios que el FMI propone reducir y son un capítulo central del acuerdo. ¿Cómo seguirá esa disputa? ¿Cederán los funcionarios K, habrá recambio de autoridades?
Desde JxC se hizo mención a un solo aspecto que haría caer el acuerdo en el Congreso: que incluya subas o nuevos impuestos. Esa intención de que no se aumente la presión tributaria surge como una señal interesante y que el FMI parece haber tomado en consideración. Aunque el organismo se ha centrado más en las restricciones monetarias que fiscales.
Desde la oposición, de todas maneras, existen objeciones que trascienden los aspectos técnicos. Como señala uno de los párrafos de un informe de EcoAnalytics, “a mediano plazo, un riesgo grande para las perspectivas de salida económica es que el acuerdo con el FMI y la llegada de recursos frescos construyan un ´puente de plata´ para que el gobierno sortee un ajuste cambiario en 2022 y decida “quemar las naves” en 2023 y dejarle una pesada herencia al próximo Gobierno. Por eso es clave no sólo lo que se firme -si es que se llega a un acuerdo- sino cómo se diseñen los premios y castigos del programa para evitar que el kirchnerismo pueda jugar ese juego.”
Esta última conjetura, que el acuerdo con el FMI sea usado por el kirchnerismo para llegar a las presidenciales de 2023 sin costos a la vista, fue uno de los puntos centrales del debate de JxC el jueves último.
Aunque este punto de vista no es novedoso: varios medios internacionales (Financial Times, The Economist o Washington Post) ya lo habían dejado trascender y, localmente, hace semanas forma parte del debate de las consultoras económicas. Como dice Marina Dal Poggetto y Daniel Kerner , “habrá auditorias trimestrales y cumplir con algunas metas no será fácil, sobre todo cuando estemos otra vez en un año electoral”. La columna de opinión titula como “ni una solución a los problemas del país, ni un permiso para el “siga, siga”.
El uso de expresiones futboleras es muy gráfico, tanto como algunos números que quedan esta semana: el Banco Central se quedó sin reservas (las netas serían U$S 75/150 millones negativas) y su deuda en pesos es similar a la con el FMI (Leliqs más pases, alcanzan a unos U$S 46.000 millones).
¿Qué sucedería si el gobierno de Alberto Fernández no muestra convicción de que cumplirá el acuerdo o las metas trimestrales con el FMI? También existe otro capítulo de discusión a nivel técnico y sobre que podría ocurrir con las expectativas, que dice algo así como: a menor convicción más probabilidades de que el mercado apueste a una devaluación. Gabriel Rubinstein estima que en un escenario favorable, la meta inflacionaria podría estar en el orden del 40% y que, en consecuencia no sería necesario subir las tasas de las Leliq, hoy en torno al 48,5% anual.
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