Beca Progresar: malversación de fondos por USD 341 millones
DENUNCIA DEL GOBIERNO

Beca Progresar: malversación de fondos por USD 341 millones

El programa se financiaba con un préstamo internacional. La SIGEN calificó el caso como de un “impacto alto” económico. No existen legajos de los supuestos estudiantes beneficiados.

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, denunció a la justicia irregularidades en el programa de becas “Progresar” que el Gobierno de Alberto Fernández otorgaba con un financiamiento internacional de 341 millones de dólares, un “préstamo” que se concretó en noviembre de 2019 y sobre el cual, según los funcionarios de La Libertad Avanza y una auditoría de la Sindicatura General de la Nación -citada en la presentación-, no se realizó ningún tipo de control. Por esa razón, se desconoce el destino de los fondos, quién o quiénes se habrían beneficiado con esos fondos y si llegaron a manos de los estudiantes de sectores más vulnerables de entre 16 y 17 años a través de la línea “Asistencia a Jóvenes Estudiantes para la Finalización de la Educación Obligatoria”.

En la presentación judicial se denuncia a los presuntos responsables de la malversación del dinero que debía ser destinado a los más desprotegidos de los delitos de “incumplimiento de deberes de funcionario público” y “fraude a la administración pública”.

“Luego de arduas investigaciones y auditorías internas, la Subsecretaría Legal del Ministerio de Capital Humano detectó falta de control en el otorgamiento de los beneficios referidos por parte de la Dirección Nacional de Becas y Democratización Educativa (DNByDE) durante el ejercicio 2022", se lee en la denuncia de la cartera de Pettovello.

En el escrito, los actuales funcionarios resaltaron: “Dicha ausencia de control en los dineros estatales se refleja en la imposibilidad material de poder controlar y/o inspeccionar debidamente qué cantidad de becas que se otorgaron, y/o si las personas beneficiarias de las mismas fueron correctamente seleccionadas a tal efecto; o bien, si aquellas tenían algún tipo de incompatibilidad que tornara ilegal dicho otorgamiento”.

Entre otras irregularidades, la investigación destaca que “no se confeccionaron legajo individual por cada becado desde su inscripción hasta el otorgamiento de la beca”. Tampoco “hay documentación que respalde cada otorgamiento”, es más, “no existen solicitudes ni formularios de inscripción con certificación escolar que demuestre la escolaridad en la cursada”. En la Anses tampoco se encontró documentación “respecto del ingreso de los postulantes y su grupo familiar”.

En la última auditoría ordenada por Pettovello a partir del 10 de diciembre de 2023, en el punto 5 se destaca: “Con relación al proceso de otorgamiento de becas para que los jóvenes continúen estudiando se detectaron debilidades ante la falta de un sistema que contenga la trazabilidad de todo el proceso, así como de un procedimiento de certificación mensual de las instituciones educativas a fin de poder tomar conocimiento de que alumnos becados efectivamente concurrían a las mismas”.

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