Pese a la contención que supone que casi la mitad de la población argentina reciba alguna ayuda estatal para combatir la pobreza, la demanda de trabajo se hace cada vez más fuerte entre la gente, al tiempo que se está dando un debate interno en el Gobierno y con movimientos sociales sobre cómo transformar planes sociales en empleo.
La necesidad por cambiar “planes sociales por planes de trabajo” lo reflejó el cantante de cumbia L-Gante, de 21 años, en un encuentro, el domingo, con el presidente Alberto Fernández: “Me gustaría que en vez de agarrar una regalía, se agarre un trabajo y lo que ganaste, lo ganaste vos después de eso”.
Tras más de dos décadas de programas sociales y el malestar que generó la pandemia por la pérdida de empleos, la gente pide trabajo genuino: “Estoy en una situación de trabajo que es un poco difícil, porque trabajo en negro y, como está la situación en Argentina, hay que agarrar lo que venga, porque laburo de albañil, de pintura y todo eso no sale”, contó Carlos Irala, de 32 años, quien prefiere hacer lo que se pueda antes de caer en el delito.
Irala es parte del segmento de informales que podría recibir un plan social y reconoce que “el Gobierno es atento con las personas”, pero él no busca programas sociales: “Prefiero laburar”, “un trabajo estable estaría mejor”.
Un 45 por ciento de la población recibe algún tipo de asistencia pública, un aumento respecto del 32,9 por ciento de 2010 y que contrasta con que el sector formal de trabajo en el país “no ha crecido en términos absolutos en los últimos diez años”, mientras la población ha crecido un 1 por ciento por año, según dijo Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina.
“Muestra la imposibilidad que tienen esos segmentos informales de conseguir un trabajo”, señaló Salvia, lo que supone que un 30 por ciento de la población trabaje “en un segmento de informalidad marginal que es la que atienden los programas sociales”.
La transformación de ayudas o planes sociales por trabajo abrió un debate interno en el seno del Gobierno, en un contexto de pobreza del 40,6 por ciento en el primer semestre del año, una inflación del 51,4 por ciento en agosto y una economía que en 2020 cumplió tres años de recesión. “Hay bastante consenso en general de todas las organizaciones sociales” en “establecer un ingreso universal de base con contraprestación laboral y como puente hacia el trabajo con apoyo del Estado”, dijo el exministro de Desarrollo Social del Gobierno de Fernández y candidato a diputado, Daniel Arroyo, lo que en su opinión podría alcanzar a 3 millones de trabajadores informales o desocupados.
En cambio, el presidente Fernández propone “cambiar planes sociales por trabajo”, respecto de los programas vigentes que alcanzan a un millón de beneficiarios, que ha plasmado en iniciativas para que los trabajadores rurales temporarios y del sector de la construcción sean contratados de manera formal sin resignar los beneficios sociales.
A la par, las organizaciones sociales de izquierda organizan frecuentes marchas multitudinarias hacia el Ministerio de Desarrollo Social para solicitar, además de planes sociales, planes de obra pública para incorporar a los beneficiarios.
Salvia agregó que “buena parte de las organizaciones sociales que administran los programas de empleo pierden el control de la población que controlan” y por eso buscan fortalecer los incentivos. Consideró además que “hay una fuerte presión de actores económicos, políticos y sociales a que desaparezcan estos programas en el marco del ingreso ciudadano”, que “corta vínculos clientelares”. Y que “el reclamo concreto” de la gente “es que no hay trabajo”.
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