De todos los empresarios que desfilaron hasta el momento por los tribunales de Comodoro Py, entre los arrepentidos y los que quedaron presos, sólo uno de ellos pudo comprobar ante el juez Claudio Bonadio que el “aporte de campaña” que había realizado a funcionarios kirchneristas no fue con dinero negro, ya que lo incluyó en su declaración jurada. El resto de los imputados en la causa de los cuadernos, algunos muy poderosos, evidenciaron que están flojos de papeles.
No es ése un detalle menor: si en el imaginario colectivo lo que se observa es que los políticos van ahora a la cárcel y los empresarios zafan, en el incipiente proceso judicial comienza a advertirse que al menos una decena de ejecutivos pasarán sus próximos años defendiéndose de graves imputaciones y que, pese a que puedan hacer acuerdos para colaborar con la Justicia, no serán eximidos de responsabilidad. Eso es lo que se comenta por lo bajo en las cámaras empresarias.
Empresarios ante la Justicia
Y no es para menos: el consejo directivo de la Unión Industrial (UIA) tiene a un ex vicepresidente preso, que es Juan Carlos Lascurain. A la vez, la Cámara de la Construcción (CAC) debe lidiar con el hecho de que Carlos Wagner, su ex presidente, es quien más datos aportó al fiscal Carlos Stornelli sobre el mecanismo que se aplicaba en el Ministerio de Planificación Federal para recaudar las coimas. Se sabe que la cartelización de la obra pública fue prácticamente una política de Estado.
Ya la había denunciado Roberto Lavagna en 2005, justo antes de que Néstor Kirchner lo echara del Ministerio de Economía. Las meticulosas anotaciones del chofer Oscar Centeno vienen ahora a oficiar como un hilo conductor entre los que antes asomaban como hechos aislados de corrupción. A partir del hallazgo de los cuadernos, José López –ex secretario de Obras Públicas- acaba de afirmar que los bolsos con dinero que revoleó al convento no eran suyos, sino de “la política”.
Por más retorcido que parezca, ese fue el razonamiento que aplicó la mesa chica del Gobierno kirchnerista: como la política necesita financiamiento, sobre todo para mantenerse en el poder, qué mejor entonces que el dinero lo pongan los que más tienen. “Las empresas no son de ustedes, son del pueblo. Ustedes son gerentes”, recordó Wagner que solía decirle López para justificar los “aportes”. Parte del problema fue que muchos empresarios se allanaron a esa lógica perversa.
Los excesos de los gastos de campañas electorales no son exclusivos del peronismo aunque fueran los mayores. Y por el financiamiento de la actividad de los partidos es un tema de tratamiento inevitable.
Claro que el dinero no iba sólo a financiar las campañas políticas. De otro modo no podría explicarse que Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, haya adquirido inmuebles en Miami por entre 65 y 70 millones de dólares, según consta en investigaciones periodísticas en los Estados Unidos. Según relató Centeno en sus cuadernos, Muñoz recibía en el departamento familiar de los Kirchner en la Recoleta una parte de la recaudación que hacía Roberto Baratta.
Otra parte sí -pequeña en relación al monto total- se destinaba a las campañas, según admitió el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina ante el juez Bonadio. Las prácticas eran igualmente irregulares, ya que los contratistas del Estado no pueden financiar a los partidos políticos. Pero además, el argumento de Abal de que el dinero que recibía en la Casa Rosada era donado voluntariamente por los empresarios sin dejar constancia alguna, no resiste análisis. Su paso por Tribunales causó revuelo en el kirchnerismo.
Prácticas oscuras que involucran a todos
Esas prácticas oscuras vienen de lejos en la política argentina. Y no parecen haberse detenido: la denuncia sobre la existencia de aportantes falsos a la campaña de Cambiemos en la Provincia el año pasado sugiere que los fondos fueron aportados por empresarios y que luego aparecieron en una “contabilidad creativa” repartidos a nombre de beneficiarios de planes sociales y afiliados partidarios. También el PJ apeló a ese mecanismo. La Justicia electoral debería investigarlo.
En la página web de la Cámara Nacional Electoral (CNE) cualquiera puede verificar si figura como aportante. El acceso a la información es fundamental para que las políticas de transparencia no queden en el plano de la declamación. El Gobierno de Cambiemos avanzó en ese sentido, pero son cada vez más las voces que reclaman que la Oficina Anticorrupción salga de la órbita del Poder Ejecutivo. En cambio, se mira como un modelo a la Unidad de Información Financiera (UIF).
Ese organismo descentralizado realiza tareas de inteligencia financiera que son fundamentales para el combate efectivo del lavado de dinero y de activos. Y es justamente el que acaba de pedir la reapertura de la investigación por enriquecimiento ilícito contra la familia Kirchner, que cerró en tiempo récord el ex juez federal Norberto Oyarbide. Y que ahora, a raíz de las sorprendentes declaraciones del ex magistrado –”me tenían agarrado del cogote”, dijo- podría reverdecer.
Oyarbide también apareció en las anotaciones de Centeno. Y luego él mismo sostuvo que lo presionaban operadores judiciales del PJ como Javier Fernández, quien actualmente integra la Auditoría General de la Nación (AGN), un organismo que depende del Congreso. ¿El peronismo parlamentario no hará nada al respecto? El ex juez también mencionó a Jaime Stiuso, el espía que primero estuvo a las órdenes de Kirchner y que finalmente Cristina lo consideró enemigo.
La trama de corrupción fue enorme. A tal punto, que las investigaciones judiciales –tardías o tiempistas- se imponen en la agenda política sobre debates medulares para la sociedad como el de la legalización del aborto, que fue finalmente rechazada por el Senado. Y las advertencias respecto de que el “Lava Jato argentino” puede llevarse puesta a toda la política o perjudicar a la ya de por sí golpeada actividad económica, parecen excusas de quienes no quieren que se sepa la verdad.
El sistema político y económico del país necesita una limpieza para funcionar correctamente. No solo para que no se robe dinero público, algo que puede acarrear consecuencias nefastas como la tragedia de Once; sino también para que quienes estuvieron acostumbrados a hacer negocios turbios con el Estado, sepan que ya no será tan fácil hacerlo sin que alguien los delate en el futuro. Ese podría ser el mejor aprendizaje para la democracia de este nuevo culebrón argentino.
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