El Gobierno de la nación negó tener algún tipo requerimiento judicial para investigar la presunta llegada de los bolsonaristas prófugos al país, incluso pusieron en duda que estas personas hayan cruzado la frontera e ingresado a Argentina.
En las últimas horas, la noticia de que un gran número de simpatizantes de Jair Bolsonaro acusados de haber participado del ataque al Palacio del Plenalto en Brasilia habrían pedido refugio político en Argentina, amenazó con tensionar aún más la relación entre el presidente Javier Milei y su par de Brasil, Lula da Silva.
Pero ayer, tanto el pedido de asilo de los bolsonaristas como la solicitud de extradición por parte de la Justicia de Brasil, fueron desmentidos por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien aseguró que no recibieron ningún “tipo de requerimiento” para investigar el presunto ingreso de los refugiados.
“Nosotros todavía no tenemos ninguna información de ese tipo, no tenemos alertas rojas sobre esas personas”, aseveró la ministra en una entrevista radial y explicó: “Una cosa es que Brasil las pida y otra es que tengan ya un proceso o una condena, que es el momento en que uno puede pedir una extradición. Es difícil pedir extradición si no hay una causa judicial o si no tienen una alerta de algún tipo que permita que se puedan enviar las personas. Tampoco tenemos el listado”.
Además Bullrich puso en duda que estas personas a las que busca la justicia de Brasil se encuentren en Argentina, ya que sostuvo que “no tienen confirmado” que hayan ingresado al país. En ese sentido, la ministra comentó con ironía: “Tenemos confirmado que entran brasileños todos los días, pero no quiénes son, cuántos son ni qué causas tienen”.
De todos modos, de encontrarse los prófugos en el país, la titular de la cartera de Seguridad le advirtió a las autoridades brasileñas que tienen una serie de pasos a seguir para poder extraditarlos. “Tiene que tener un marco legal. En este momento, por lo menos al Ministerio de Seguridad, no ha llegado ningún tipo de requerimiento, tampoco de Interpol, ni de personas, ni de nombres, ni de listas”, indicó y apuntó contra el Gobierno de Lula da Silva: “Por ahora se mantiene como una propaganda, pero no es un hecho jurídico válido”.
En total son 208 las personas buscadas por la justicia de Brasil acusadas de haber participado en el asalto del 8 de enero de 2023, episodio que fue denunciado como un intento de golpe de Estado contra Lula da Silva. De la lista de imputados, 65 se encontrarían en Argentina, según las autoridades brasileñas.
El ministro del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, encargado de la investigación, destacó que las personas buscadas “incumplieron las medidas cautelares judiciales” con el mero fin de “eludir la aplicación del derecho penal”. Incluso, en algunos casos, los prófugos se quitaron la tobillera electrónica, o comunicaron cambios de domicilio, ni comparecieron ante el tribunal.
A pesar de que la ministra desconoció que hayan ingresado, desde Brasil insisten con que al menos 65 se encuentran en Argentina, estiman que cruzaron la frontera por el río Paraná, a pie, e incluso algunos lo hicieron escondidos en baúles de autos. Ante esto, Bullrich manifestó: “Estamos trabajando en el control de los pasos fronterizos como Puerto Iguazú o el Cristo Redentor, en relación a prevenir cualquier ataque terrorista”.
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