La causa “piqueteros” que investiga a tres organizaciones sociales por supuesta malversación de fondos públicos y extorsión a los beneficiarios de planes sociales entró bajo secreto de sumario.
Pero previo a este capítulo, la Justicia había solicitado a las entidades bancarias que levantasen el secreto de las cuentas y de las declaraciones fiscales a nombre de la Asociación Civil Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Barrios de Pie, y a la de los 28 dirigentes sociales imputados en la causa. El resultado fue estremecedor: las cuentas registraban la acreditación de sumas millonarias de dinero.
Por el momento se desconoce el origen de los montos. En principio, parte de esos millones serían subsidios provenientes de las arcas públicas que tenían como fin llegar al bolsillo de los beneficiarios. Pero, por otro lado, la Justicia busca determinar si otra parte del dinero correspondía a la recaudación ilegal realizada por los imputados.
Entre el 2023 y los primeros meses del 2024, las cuentas de la Asociación Civil Polo Obrero recibieron depósitos por 646 millones de pesos; la de “El Resplandor” -cooperativa de dicha organización- recibió un depósito de 164 millones de pesos. A la cooperativa “Agustín Tosco”, de la agrupación FOL, se le giraron 752 millones de pesos; mientras que la “Asociación Civil Caminos de Tiza”, de Barrios de Pie, registró depósitos por 91 millones de pesos.
Ahora la Justicia busca determinar si las transferencias multimillonarias corresponden a la ayuda estatal brindada por el Gobierno de Alberto Fernández o si proviene de acciones delictivas.
En ese sentido, vale señalar que la causa investiga la supuesta existencia de un aceitado engranaje de amenazas, sanciones y premios creado por los mencionados dirigentes con la finalidad de que sus “víctimas” participaran de las actividades militantes. Quienes no lo hacían podían percibir descuentos en los planes sociales otorgados por el Estado.
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