“Ahora algunos dicen ‘yo quiero el financiamiento, pero no me hagas votar las políticas’. No existe. A ver si se entiende. El financiamiento está asociado a un acuerdo de políticas económicas y financieras. Es una sola cosa”.
El comentario de Martín Guzmán, ayer en Radio 10, en una entrevista con Jorge Rial, está en el centro del debate económico-parlamentario, luego de que el Gobierno finalmente enviara al Congreso el proyecto de ley de acuerdo con el FMI con el que se busca refinanciar la deuda de USD44.000 millones que se contrajo en 2018, durante la gestión de Cambiemos.
Parte de la oposición rechaza la votación en “paquete” de todos los artículos de proyecto de ley: cómo se votará y con qué dinámica es el foco de la cuestión para los próximos días.
Desde el oficialismo destacan que la Ley 27.612 —de Fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública, que fue publicada en el Boletín Oficial hace una año— establece en su artículo dos que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”.
“Si se aprueba un programa con el Fondo, se aprueba su contenido. El refinanciamiento y las políticas económicas y financieras que el país propone y los puntos de revisión y seguimiento”, destacan desde el Gobierno en línea con las declaraciones de Guzmán.
También aseguran que se requiere que el país pida que se refinancien los vencimientos que se producirán entre marzo de 2022 y 2024, para lo cual se presenta un plan con objetivos, metas y condicionantes, que ponderan incluso el recálculo ante escenarios que pueden cambiar. Además, dicen que es necesaria una “garantía política”, o asegurar la capacidad del Estado de llevar a cabo las políticas comprometidas.
Desde la oposición creen que “el espíritu general es colaborar con la negociación porque creemos que es peor que no haya un acuerdo”.
Fuentes parlamentarias vinculadas a Juntos por el Cambio destacaron que la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública prevé que el Congreso debe aprobar “todo programa de financiamiento u operación de crédito público” así también como “cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”.
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