La ex presidenta Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y su mano derecha, Roberto Baratta, fueron procesados con prisión preventiva por asociación ilícita y defraudación, junto a un grupo de empresarios y ex funcionarios por la compra de gas natural durante su gestión.
Bonadio inició su investigación en 2014 a partir de la denuncia de los entonces legisladores del PRO Laura Alonso, Federico Pinedo y Patricia Bullrich. Según se expuso, la empresa ENARSA participó en la importación de GNL y a partir del día 12 de noviembre de 2012 también intervino la empresa YPF. Según la investigación, desde 2008 a 2015 arribaron al puerto de Bahía Blanca un total de 232 barcos con GNL y al de Escobar otros 265 para descargar GNL.
Para el juez Bonadio, existió una maniobra defraudatoria que provocó un perjuicio económico porque el precio que se pagó por el GNL fue superior a los valores de mercado. Dromi había dicho a La Nación que YPF, a cargo de Enarsa, realizó compras de gas licuado desde 2012 con contratos que "no tienen los códigos de transparencia que la ley le exige".
Bonadio amplió el embargo que ya tenía la senadora en la causa por los cuadernos de la corrupción a mil millones de pesos, porque se trata de investigaciones vinculadas. En esta ocasión la procesó por "cohecho pasivo, o defraudación contra la administración pública, por administración fraudulenta, ambos en calidad de coautora, los cuales concurren en forma real" con los cargos por los cuales ya se la procesó en "cuadernos".
COMENTARIOS