Laboratorios argentinos se negaron a bajar precios

El Pami abrió un nuevo plazo para que los laboratorios nacionales respondan si aceptan un acuerdo que fije precios máximos a los medicamentos. Si el rechazo de las empresas se mantiene, la obra social advirtió que recurrirá a la Justicia.
La estrategia del Pami será a través de un recurso de amparo, y se presentará ante Defensa de la Competencia.
Las autoridades de Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) y Sergio Cassinotti, el titular de la obra social de los jubilados, volvieron a reunirse ayer.
La intransigencia se mantuvo y la reunión terminó sin acuerdo.
El nudo de las diferencias gira en torno a la intención de fijar precios máximos, que la industria resiste duramente.
Según fuentes de la reunión, el Pami le dará ahora a los laboratorios un nuevo plazo y, si no hay cambios, la resolución será judicial.
Para llevar tranquilidad a los afiliados, ayer el Pami aseguró que “la provisión, cobertura y descuentos en medicamentos a todos sus afiliados está garantizada”, más allá de las negociaciones.
“El objetivo de las autoridades de Pami es lograr que todos sus afiliados puedan acceder a sus medicamentos a un precio justo”, subrayó la obra social a través de un comunicado.
El Pami compra medicamentos para sus casi 5 millones de afiliados y representa el 40% del mercado en Argentina.
La obra social de los jubilados llegó el jueves a un acuerdo con los laboratorios extranjeros agrupados en Caeme.
Se trata del mismo convenio que rechazan las compañías nacionales.
A principio de mes, la obra social anunció su decisión de cambiar el modelo de compra de medicamentos: las empresas debían bajar un cinco por ciento el valor de los remedios; no habría más acuerdos cartelizados, sino que serían tratos individuales con los laboratorios; se decidió fijar un techo de precio y se sostendrá el valor de los insumos hasta que la inflación supere el 15 por ciento.
Según datos oficiales, el cambio representa un 20 por ciento de ahorro por año para el Pami, unos 6.500 millones de pesos.
Y, además, los afiliados ahorrarán unos 2600 millones de pesos, según la estimación trascendida ayer en medios meteropolitanos.
El acuerdo actualmente vigente con los laboratorios vence el 31 de este mes. La intención es llegar a firmar uno nuevo antes de esa fecha.
Aunque para las firmas nacionales, “la pretensión de incluir cláusulas con precios máximos se encuentra reñida con el régimen constitucional”, según dijeron a través de un comunicado.