Las medidas económicas de Sergio Massa no fueron bien recibidas por todos los sectores.
El Gobierno de Argentina busca mejorar la economía de los argentinos con sus medidas. Pero no fueron bien recibidas. Daniel Reus.
PARA PALIAR LA INFLACIÓN

Reparos y adhesiones en Junín al bono de 60 mil pesos que anunció el Gobierno

Las cámaras empresarias de la región advierten que complica al sector, que atraviesa un momento de inestabilidad. Los gremios destacan que aliviará el bolsillo de los trabajadores. Estas son las claves de la medida.

Tras el anuncio del Ministro de Economía, Sergio Massa, del pago de una suma fija de 60 mil pesos, en dos cuotas de 30 mil pesos, en septiembre y octubre, para los trabajadores privados y los estatales de la Nación que ganan hasta 400 mil pesos, Democracia consultó a las cámaras empresarias de Junín y la región y a los representantes de los trabajadores, quienes plantearon sus puntos de vista sobre las medidas que buscan hacer frente a la reciente devaluación de la moneda argentina.

La suma se tomará a cuenta de lo que se acuerde en la futura paritaria. En el caso de las micropymes, el Estado devolverá el 100% de la suma fija en las contribuciones patronales, y en el de las pymes, el 50%. En el sector privado, Massa dijo que será 5,5 millones de trabajadores los beneficiados. En los empleados públicos, los que cobran hasta 400 mil recibirán lo mismo (ver página 10).

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La reacción de los empresarios de la región

Daniel Reus, presidente de la Federación del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense, afirmó a Democracia: “Estamos a la espera de la comunicación oficial. De avanzar con esas medidas tendremos que analizar de qué forma van a asistir con el recupero de esos bonos a los comerciantes, industriales, etc. Por supuesto que esto complica, ya que el sector no está pasando por un buen momento”.

Roberto Elías, dirigente de la Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ), afirmó a este diario: “Nos sumamos a CAME y consideramos que son las paritarias el ámbito para negociar los salarios. Nos complicaría un montón esta suma fija, porque las ventas no subieron en relación para dar un bono de 60 mil pesos. Sí hubiese estado bueno ver la posibilidad de un ATP, pero no que todo lo absorba el sector privado”. 

La reacción de los gremios en Junín

En la vereda de enfrente, Federico Melo, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de Junín, afirmó a Democracia: “En septiembre ya teníamos pautado reunirnos nuevamente con las cámaras para discutir, a nivel nacional, la nueva paritaria trimestral. Hay que tener en cuenta que nuestra paritaria es interanual y que, este año, ya nos reunimos dos veces para acordar dos trimestres”. 

Y el dirigente mercantil agregó: “Este mes, en particular, los trabajadores de comercio perdieron mucho poder adquisitivo por la devaluación que hubo post elecciones y la inflación, así que esta suma fija, como dice la resolución, se tiene que tener en cuenta en la integración de la paritaria, o sea que se absorbería”. 

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“Entiendo incluso que esta suma va a quedar por debajo de lo pretendido o de lo que nuestra federación va a discutir con las cámaras y con los sectores, porque realmente la situación salarial de los trabajadores se ha deteriorado y esto impacta directamente en los comercios. Al caer el poder adquisitivo de los trabajadores baja el consumo y es una cadena que complica a todos”, advirtió.  

“Esta suma es de 60 mil pesos, a pagar en dos veces, por única vez, con lo cual, en lo personal, creo que es un alivio, pero no es la solución. Lo que se requiere es que, en la discusión salarial paritaria, más allá de recuperar el salario perdido, que ese aumento sea parte del sueldo básico y que, de esa manera, afecte a otros adicionales y que quede permanente dentro del salario, para no discutir sumas fijas que, realmente, no llevan a la solución del problema”, consideró. 

Por su parte, Héctor Azil, titular de ATSA Junín, afirmó a este diario: “Estábamos renegociando la paritaria, por lo que hay que ver ahora cómo recomponemos. Servir, sirve todo. Esta suma fija, para los asalariados es un puente hasta recomponer las paritarias. Después para los sectores menos pudientes obviamente las ayudas son más importantes, como para los jubilados y monotributistas. Las líneas de crédito para los trabajadores están muy buenas, hay que ver cuando estén implementadas”. 

Y ahondó: “Creo que también hay una idea de producir un shock de consumo, porque se estaba enfriando un poco la economía y mucho tiene que ver el hecho de que no alcanza la plata y que la gente está muy endeudada”.

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Rechazo de CAME

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) rechazó el pago de un bono para empleados registrados, por entender que el mecanismo de ajuste salarial del sector privado "son las paritarias y no una imposición del Estado sobre las relaciones laborales".

La entidad pyme sostuvo que cada sector de la economía y cada empresa en particular "atraviesan diferentes situaciones que jamás pueden homologarse al punto de establecer unilateralmente aumentos generales, aun asumiendo el Poder Ejecutivo nacional el 50% del incremento dispuesto".

En particular, indicó que los sectores de Comercio y de Trabajadores Rurales "acaban de celebrar sus paritarias, lo que implica que el otorgamiento del bono en cuestión quedará absolutamente desfasado de la reapertura de las negociaciones, en el marco de un proceso inflacionario acelerado".

"Las micro, pequeñas y medianas empresas llevan varios meses perdiendo en su resultado económico y esta imposición agudizará esa pérdida", se quejó CAME. Y advirtió que "la injerencia del Estado en la actividad privada no sólo complejiza la relación natural de empleadores y empleados, sino que pone en riesgo la endeble situación de miles de pymes que atraviesan un escenario de extrema fragilidad, con costos que aumentan permanentemente, con imposibilidad de importar insumos básicos y con una recesión que amenaza el consumo de manera creciente".

Preocupación de la Cámara de Comercio

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) manifestó su profunda preocupación en relación al otorgamiento de una suma a trabajadores del sector privado y aseveró que son las negociaciones paritarias el ámbito donde deben determinarse las remuneraciones, toda vez que allí se pueden conciliar las legítimas pretensiones de los trabajadores con las reales posibilidades de las empresas de cada sector.

“La entidad es plenamente consciente del deterioro que el poder adquisitivo de los salarios experimenta mes a mes de la mano de la persistente y elevada inflación que soporta la economía nacional, producto de desequilibrios de larga data. Pero a la vez debe advertir que buena parte de las empresas del país se encuentra en una delicada situación, debido justamente a una macroeconomía desordenada y con un estancamiento que ya acumula una década, lo que hace inviable que puedan afrontar la suma fija”, alertaron.

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“Vale agregar que, aunque aún no se conoce la reglamentación de la medida, de los anuncios se desprende que tan solo una fracción acotada de los pagos en cuestión podría ser tomada a cuenta de contribuciones patronales, por lo que la suma fija acabará por implicar un aumento de costos significativo para numerosas firmas, ya exhaustas por una elevadísima presión tributaria, legislación laboral vetusta, trabas al comercio exterior, regulaciones excesivas y un entorno macroeconómico por demás adverso”, dijeron.

CRA: “Más medidas inoportunas”

“Las nuevas medidas económicas anunciadas por el Ministerio de Economía parten de un problema inicial: pretenden reducir el impacto negativo de la devaluación de 25% aplicada tras las PASO. Devaluación decidida ante la distorsión generada por el propio Gobierno entre el tipo de cambio oficial y los tipos de cambio legales alternativos, y a pesar de ser un gobierno sin credibilidad, con un Banco Central con reservas negativas. Resultado: traslado de devaluación a precios, con aumento de la distorsión de precios relativos”, cuestionaron desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). 

Y agregaron: “En este marco, para el campo se anunciaron medidas que son parches, no soluciones de fondo para promover la producción y la inversión”.

"Retenciones de 0% para economías regionales con valor agregado industrial como el vino, mosto, arroz, tabaco, forestal, cáscara de citrus, entre otras. Valor agregado industrial es un concepto antiguo, que no considera el cambio tecnológico que ya tiene la producción. No queda claro qué pasa con el resto de las economías regionales. Y la eliminación de los DEX ya fue anunciada varias veces”, afirmaron.

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"Un nuevo programa de siembra de trigo y maíz con entrega de hasta 5 toneladas de fertilizantes para productores en emergencia agropecuaria a partir de un convenio con YPF Agro. Una medida excluyente entre productores y burocrática. Sólo con YPF Agro. La siembra de trigo ya terminó. El control y virtual cierre de importaciones de algunos fertilizantes por falta de dólares del Banco Central ha afectado la siembra de trigo”, señalaron.

"Continuar con el programa Puente al Empleo para el sector agropecuario, que transforma los planes sociales en empleo registrado para quienes tomen trabajo en el sector rural. Otra medida burocrática que no cambia el problema de la falta de oferta de trabajo en las economías regionales”, cuestionaron.

El Ministro de Economía y candidato presidencial en Argentina, Sergio Massa. Foto: Archivo.

"Programa de Incremento Exportador con el 25% de disponibilidad de divisas para comprar poroto de soja para procesar, manteniendo los puestos de trabajo de las plantas industriales y generando valor agregado. Es una transferencia a la industria aceitera; se entiende que se aplica primero a la importación, por el faltante de grano por la sequía. De esta manera, cambiaría el precio de la soja, donde el nuevo dólar de exportación podría ser de hasta USD 430, liquidando un 25% de la exportación a un dólar a valor de un alternativo, como el CLL. Al final del día, no se sabe si mejorará el precio de la soja en el mercado interno y si efectivamente llegará a los productores. Vuelve a incrementar costos de alimentación en otras cadenas. Anticipará ingresos de divisas por exportaciones, como si fuera un nuevo "dólar soja", dejando menos ingresos fiscales para el nuevo gobierno, condicionando aún más la política fiscal”, sostuvieron. 

"Bono de $ 60.000 para trabajadores formales privados con sueldos de hasta $ 400.000, a abonar en dos cuotas de $30.000 en septiembre y octubre, no remunerativo, por única vez, y a cuenta de paritarias. Un nuevo sobre costo para los productores, en un año de sequía y recesión, a pocos días de haberse cerrado una nueva paritaria salarial en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario sin el acuerdo de las entidades gremiales agropecuarias presentes”, indicaron.

“Desde CRA se sostiene que lo mejor sería un cierre de gestión gubernamental sin más medidas distorsivas, y a los candidatos a presidente, reglas claras para el campo: liberar el comercio, cerrar la brecha cambiaria, claridad en la eliminación de los derechos de exportación. En definitiva, que demuestren que apuestan por la producción y la inversión privada, y no que siguen aportando a un Estado ineficiente que hace redistribución de recursos que ha llevado al país al estancamiento y a esta crisis”, concluyeron.

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