Uno de los problemas más acuciantes que tuvo que enfrentar Axel Kicillof al asumir como gobernador de Buenos Aires hace menos de dos semanas, fue una huelga de hambre dentro del servicio penitenciario provincial, que involucraba a más de 11 mil internos que protestaban por las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran y que pedían, además, que se instrumenten medidas de morigeración de condenas y de otorgamiento de prisiones domiciliarias en determinados casos.
La crisis del sistema carcelario bonaerense no es nueva y en el complejo ubicado en Junín se observan los mismos inconvenientes que en el resto de la provincia. Es cierto que en esta oportunidad los presos de las Unidades 13, 16 y 49 de nuestra ciudad no se plegaron a la medida de fuerza. Aún cuando hubo rumores que indicaban que la huelga de hambre tenía su réplica aquí, fuentes del interior de las prisiones y del Poder Judicial rechazaron de plano, ante este medio, que esto haya ocurrido.
Sin embargo, la sobrepoblación también es una realidad en Junín. Ya lo había confirmado un informe del año pasado del Juzgado Correccional N°2 de La Plata que, a partir de un análisis de lo que sucede en todas las cárceles de la Provincia, indicaba que la 49 es la más superpoblada de todo el territorio bonaerense. Lejos de solucionarse, la situación es cada vez más compleja. Hoy esa unidad, que tiene 450 plazas, cuenta con unos 1100 internos. Un número similar de presos tiene la UP13, aunque en sus celdas hay espacio para no más de 650 personas. Esto quiere decir que, en conjunto, las dos prisiones tienen el doble de presos de los que están habilitadas para albergar.
Y ese estado de hacinamiento tiene consecuencias de gravedad.
Reclamos
La superpoblación es un tema que se viene denunciando desde hace tiempo en el sistema penitenciario, en general, y en el complejo carcelario de Junín, en particular. Según informaron fuentes de las unidades locales, este escenario hace que, hoy en día, en celdas que están habilitadas para cuatro internos haya doce o catorce, y en otras en las que entran seis personas, duerman hasta veinte.
“Ahora, con el calor, se siente aún más ese amontonamiento”, explican a Democracia desde el complejo penitenciario local.
Diciembre siempre es un mes más complicado en el interior de las prisiones. Es que la cercanía de Navidad y Año Nuevo genera intranquilidad entre los que están purgando una condena y saben que pasarán las fiestas de fin de año encerrados. Si a eso se le suman las condiciones de hacinamiento y el calor, el panorama resulta más espeso aún.
Pero a esto hay que agregarle las quejas por la escasez de la comida, lo que hace que esto ya sea un cóctel explosivo. Si bien hubo épocas en las que había conformidad con los insumos que se proveían, en el último tiempo se empezó a notar la baja en la calidad y cantidad de alimento que se provee. “Ahora pollo, pollo y pollo, o cualquier carne de vaca, todo cogote”, señala un penitenciario que prefiere mantener su nombre en reserva. Y agrega: “Es así, cuando se atrasan con los pagos, los proveedores bajan a otra calidad de mercadería o te entregan menos, ¿qué les vas a decir si le deben desde hace meses?”.
El secretario de Seguridad del municipio, Andrés Rosa, analiza que “la sobrepoblación deriva en hacinamiento, en dificultades de acceso a la alimentación, a la salud, a la educación, de hecho, hay una larga lista de espera para entrar al sistema educativo interno porque no hay posibilidades de dar respuesta a todos”.
Pero hay más: en algunas unidades, como la 13, se ven deterioro en las instalaciones. “La falta de inversión es evidente”, afirman.
Y para completar el combo, una autoridad penitenciaria confía a este medio que “los internos ven que liberan a (Julio) De Vido, que están saliendo todos los que estaban adentro por corrupción, y quieren que a ellos también se les compute el 2 por 1, no son tontos, por eso también protestan”.
Una situación “preocupante”
Para Rosa, la que está atravesando el servicio penitenciario es “una situación preocupante”. Es que el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena señalaba en el año 2014 había 33 mil personas detenidas en la provincia de Buenos Aires. Hace poco más de una semana, el gobernador Axel Kicillof, en su discurso de asunción, señaló que hoy hay 49.567 internos privados de su libertad para 24.000 plazas en territorio bonaerense. Es decir que hubo un aumento del 50% en el último lustro. “Esto muestra que el crecimiento en los últimos años es exponencial”, afirma el secretario de Seguridad local.
Las causas que derivaron en el escenario actual son múltiples. La hipótesis de Rosa es que “desde el año 2005 hasta nuestros días se advierte que hay un crecimiento importante en el mercado doméstico de drogas, esto también se ve en el ámbito regional, en donde aumentó el consumo, y parte de esto tiene que ver con que se está persiguiendo penalmente a pequeños actores del microtráfico de drogas y esto aporta a este crecimiento; pero si bien puede dar la apariencia de que con esto se está luchando contra el narcotráfico, en realidad, no altera estos mercados ilegales”.
En su análisis, el ex concejal señala que esta es una política criminal “que viene desde hace tiempo, independientemente de los gobiernos de izquierda o derecha en nuestro país”, lo que configura una forma de intervenir en el problema “que encuentra en esto de encarcelar una forma de dar respuesta a lo que es un reclamo social”.
Desde su mirada, se deberían buscar acciones de otra índole.
Interesado por el tema, cuando presidía la Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante, Rosa realizó varias visitas al complejo penitenciario local y a otros penales de la Provincia. “Por lo que uno pudo ver en Junín y en otras penitenciarías, puedo decir que acá no estamos en el peor de los mundos, pero por supuesto que es muy preocupante el tema de la sobrepoblación, sobre todo en la 49”.
Los que analizan el tema sostienen que, ante esto hay, básicamente, dos soluciones posibles: se construyen más cárceles o se disminuye la población penitenciaria. “La primera es desaconsejada por todos los estudios criminológicos –explica Rosa– no solamente por una cuestión de costos y de que ese dinero sería más aconsejable utilizarlo para temas de promoción social y otras necesidades, sino que, además, con esta política criminal, se puede construir una nueva prisión pero enseguida va a volver a aparecer el mismo problema de sobrepoblación. Y también porque cualquiera podría pensar que, si no hay presupuesto para atender a las que ya hay, más difícil sería sumar otras unidades”.
Según su mirada, se deberían pensar otras opciones “que vayan por el lado de reducir la población penitenciaria” en la provincia: “Esto está previsto en nuestra Constitución Nacional, pero, además, se pueden ver ejemplos de lugares como Estados Unidos donde fueron en ese sentido. El mundo civilizado y algunos países de la región, como Uruguay, están buscando este tipo de alternativas”.
Trabajo del municipio
Desde el gobierno de Junín aseguran que están trabajando en el fortalecimiento del vínculo “porque las cárceles necesitan del acompañamiento del municipio por una cuestión de infraestructura, de logística y, además, no podemos desatender lo que allí sucede, por una cuestión humanitaria, por más que corresponda a la esfera provincial, cualquier problema puede llegar a impactar en nuestra ciudad”.
Por eso se interviene desde diferentes áreas, como Seguridad, Desarrollo Social o Medio Ambiente.
Los internos también realizan actividades que tienen que ver con el trabajo o la ayuda para ONGs e instituciones haciendo pan y facturas que se entrega en comedores, arreglos o fabricación de muebles, entre muchas otras cosas.
“Ellos aportan su mano de obra –señala Rosa– muchas veces es un ida y vuelta, y con este vínculo nos vamos fortaleciendo. Todo lo que tenga que ver con educación y trabajo para los internos puede transformar su realidad, y es posible que ayude a prepararlos mejor para la salida al mundo libre, ese debe ser uno de los principales objetivos de la prisión. En eso, desde hace un tiempo ya hay un involucramiento del gobierno local, y en la medida en que lo podamos profundizar, lo vamos a hacer”.
Es por ello que desde la Secretaría de Seguridad están viendo la posibilidad de iniciar gestiones o tener algún encuentro con las autoridades del servicio penitenciario o del Ministerio de Justicia de la Provincia. Pero para esto habrá que esperar, ya que todavía se está atravesando una etapa de transición en la puesta en marcha del nuevo gobierno bonaerense. “Estamos esperando que se designen las autoridades, a nivel penitenciario todavía no hay confirmaciones, así que estamos esperando a ver qué pasa”, asevera Rosa, para luego confirmar su intención de acercar posiciones: “Desde el intendente para abajo pensamos que tenemos que gestionar en todas las áreas que estén involucradas, como para poder progresar en las distintas políticas que hay que llevar adelante en estos temas, que son sensibles para la comunidad. Tenemos la mejor predisposición para, inclusive, construir una agenda de trabajo conjunto”.
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