Firme en su idea de achicar el gasto público y reducir la ayuda estatal, el Gobierno anticipó que dejará de subsidiar las tarifas de luz a comercios, industrias y pymes, limitando la asistencia solamente a los sectores vulnerables.
La noticia se dio a conocer en el marco de la exposición en la última audiencia pública de los funcionarios del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Energía. En la convocatoria del área comandada por Eduardo Rodríguez Chirillo realizada el pasado jueves 29 de febrero, el funcionario Salvador Gil explicó que “el nuevo esquema no contiene ningún tipo de subsidio a las actividades productivas” ya que “no sería compatible subsidiar a la energía y tener precios liberados”. Con esta decisión, se estima que las empresas afectadas serán al menos 100 mil.
Con respecto al funcionamiento de la Canasta Básica Energética (CBE), precisó que “sólo se van a subsidiar necesidades humanas básicas y cuando sea necesario”. En ese sentido, el nuevo esquema subsidiará directamente a la demanda, a través de una transferencia directa al banco, o un descuento en la factura.
En la misma línea, Martín Vauthier, asesor en Economía, afirmó que “en un contexto de recursos escasos, se eliminan subsidios a la demanda no residencial, por ejemplo, en procesos productivos, dado que en dicho caso no es posible asegurar que los beneficiarios reales sean los sectores de menores ingresos”. Además, defendió los subsidios a la demanda: “Permiten racionalizar el consumo, generando un ahorro para el país, y focalizar las transferencias en quienes más lo necesitan”, dijo Vauthier y mostró el impacto de los subsidios en la macroeconomía:
“En 2023 el Estado destinó 1,5% del PBI, la mitad que el déficit fiscal”.
En este escenario, un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet reflejó que los últimos incrementos de tarifas afectaron mayormente a los comercios y a las pymes. Por lo que la eliminación definitiva de los subsidios producirá otro fuerte impacto en el sector.
Los comercios pequeños con una potencia de 10 KW y un consumo de 1.200 kwh/mes, recibieron facturas con un aumento del 276% en el precio mayorista de la energía, frente al precio de enero, del cual sólo abonaban un 18%. En el AMBA, pasaron de pagar $64.775 hasta el primer mes del año a $266.213 en febrero, con impuestos.
En cuanto a los pequeños usuarios industriales, con una potencia contratada de 35 KW y un consumo mensual de 6.500 Kwh/mes, el alza en el precio de la energía alcanzó el 178%, frente al valor de enero, del cual sólo pagaban el 31%. En este caso, pasaron de abonar una factura de $274.875 a $1.060.187 en febrero.
Frente al impacto que podría significar la quita de subsidios que proyecta el Gobierno, los funcionarios de Energía defendieron que los que se buscará es “un mejor manejo del consumo”. A tales fines, anticiparon que la idea es lanzar un programa de eficiencia energética, con financiamiento del Banco Mundial, para dar créditos a comercios y pymes, con el objetivo de que puedan reconvertir sus equipamientos eléctricos, y así lograr mayor eficiencia y ahorro.
Con todo, la medida que afectará a pymes, industrias y comercios es parte del plan libertario de restringir al máximo el acceso a subsidios de la tarifa de la luz y el gas, al punto de no permitir que accedan al beneficio los compradores de dólares, los que tengan una prepaga no laboral, los que gasten mucho con tarjeta de crédito o billeteras virtuales, los coleccionistas de autos clásicos, los dueños de empresas o los que paguen mucho por telefonía celular.
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