La crisis policial que se desató a comienzos de esta semana en la Provincia fue menos efímera de lo que pareció y dejó secuelas de complejo pronóstico, tras haber colocado a la administración de Daniel Scioli en su hora más difícil, según definió el propio gobernador.
Es cierto que no se trató de un conflicto exclusivamente bonaerense, sino que, por el contrario, formó parte de “revueltas” policiales que terminaron afectando a 18 provincias. Sin embargo, la “globalización” de las rebeliones no exime a la crisis de la fuerza de seguridad bonaerense de condimentos propios y particulares ni reduce su significación ni los riesgos que abrió con relación al futuro.
Para cuando “estalló” el conflicto, en la madrugada del lunes último, hacía cinco días que las autoridades de la Bonaerense y la Gobernación recibían “señales” -en rigor, presiones- que indicaban que, si no había un aumento salarial sustancial, habría -siguiendo el “ejemplo de Córdoba”- acuartelamiento de efectivos.
En esos días de tensión subterránea, sin gestos públicos de amotinamiento pero con buena parte de la Policía embarcada en un conflicto ya en pleno desarrollo y trabajando a media máquina, el ministro de Seguridad, Alejandro Granados, se topó con una de las tantas “internas” que surcan a la fuerza provincial.
Acordó, así, mejoras salariales con un sector que se siente representado por el comisario retirado Salvador Baratta, hoy político (concejal de Lanús) alineado en el massismo, que fueron anunciadas un sábado a la tarde en busca de frenar “medidas de fuerza” formales.
Al borde del infierno tan temido
Sin embargo, no alcanzó. Y el domingo pasado -cuando esas mejoras estaban en las tapas de los diarios- un sector de la fuerza montó una protesta pública -un curioso piquete policial- en La Plata y el personal de algunas comisarías -en especial en Mar del Plata se declaró en virtual estado de huelga; movidas que parecían aisladas pero eran en rigor, las expresiones visibles de un clima de reclamo y protesta que se generalizaba dentro de la fuerza.
La convicción de que sólo un acuerdo antes de que cayera la noche le evitaría a los bonaerenses una madrugada de saqueos y violencia en medio del “paro” policial -como ya ocurría en otras provincias-, llevó a Scioli a anunciar en esa misma jornada un sueldo mínimo de $8.500, que implica una mejora de más del 60%.
El Gobernador superaba así el peligro más temido, una larga noche de indefensión ante el eventual accionar de saqueadores, delincuentes y violentos.
Costos de una decisión
Pero a Scioli le resultó imposible evitar que quedara en evidencia que, aún sin acuartelamientos, había cedido a la presión de la Policía, concediendo un aumento que, de otro modo, jamás hubiera otorgado.
La Policía le ganaba, de ese modo, una pulseada decisiva a la Gobernación, con una inevitable consecuencia de costos políticos y económicos.
El episodio desgastó duramente, por lo pronto, a la conducción de la fuerza que, encabezada por el comisario Hugo Matzkin, se mostró inerme para evitar una rebelión que sólo frenó el Gobernador con la decisión de conceder una mejora salarial que, por significativa, no fuese rechazada.
En las tensas horas del lunes Matzkin recibió insultos y protagonizó una durísima discusión verbal con policías virtualmente amotinados de Mar del Plata, y en el gobierno provincial hay quienes entienden que su autoridad quedó seriamente dañada.
La crisis golpeó, además, al ministro Granados, un público “defensor” de la Bonaerense, que prometió una mejora salarial desde que asumió el cargo hace tres meses pero no logró, con esa postura, frenar la protesta.
Y por si faltara algo en ese clima denso, Granados se despachó por esas mismas horas (el martes a la tarde, aunque en su condición de intendente con licencia de Ezeiza) con un exabrupto que enfureció a Scioli.
Exabrupto y enojo
Inmortalizado en un video que viralizó las redes sociales, Granados trató de boludo y cometió un grave acto de discriminación llamando “pedazo de mogólico” a un militante opositor.
Pero, si esas expresiones molestaron al Gobernador, lo que más lo enojó fue que su ministro desafiara además a “pelear afuera” al militante en cuestión. “Scioli caminaba por las paredes de la bronca”, definió un funcionario.
“Punto de partida”
En otros términos, el aumento salarial concedido a la Policía ya desencadenó reclamos de “recomposición urgente” del resto de los empleados públicos y, según coinciden los observadores, pondrá el mínimo de $8.500 conseguido por los uniformados como pauta central de las negociaciones de los sueldos del 2014.
El punto débil de ese futuro escenario pasa por el hecho de que las finanzas de la Provincia no parecen estar en condiciones de bancarse una mejora de esa magnitud. El Presupuesto prevé una necesidad de financiamiento (nueva deuda) del orden de los 14.500 millones de pesos, sin haber incluido previsión de aumento de sueldos. Hasta la crisis policial, se estimaba que ese aumento elevaría el gasto (y la necesidad de tomar deuda para cubrirlo) en unos 10 mil millones de pesos, pero ahora nadie se anima a rehacer los cálculos.
Y en ese marco, la Casa Rosada dio algunas señales que sumaron intranquilidad en ámbitos del gobierno bonaerense. Aun en medio de saqueos y muertos, las provincias debieron definir las concesiones a sus policías sin asistencia financiera alguna de la Nación que, por estas mismas jornadas, postergó por tres meses la refinanciación de las deudas de este año con el Estado federal; obligaciones que, en el caso bonaerense, suman unos 4.200 millones de pesos.
LA PROVINCIA | ANÁLISIS POLÍTICO DE LA SEMANA
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