La Ley 26.061 sostiene que “la familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías ”. Pero no todas las familias disponen de recursos económicos, culturales y sociales similares. Por eso esta ley agrega que es responsabilidad del Estado “asegurar políticas, programas y asistencia apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad, y para que los padres asuman, en igualdad de condiciones, sus responsabilidades y obligaciones” ¿Por qué no existe como problema el trabajo infantil en los sectores medios y altos? Porque los niños que trabajan son de familias pobres.
Detrás del trabajo infantil hay pobreza de ingresos, de vivienda, de acceso al agua potable, de transporte, de educación y salud.
Ningún padre o madre desea que sus hijos sean trabajadores infantiles, abandonen la escuela, estén solos en sus casas o en la calle. Para prevenir y erradicar el trabajo infantil hay que erradicar aquellas condiciones estructurales y coyunturales que obligan a las familias a que sus hijos trabajen.
Se trata de buscar niveles de igualdad en el acceso de los bienes básicos para la vida, de manera que el origen familiar no sea herencia para un destino de pobreza y necesidad.
La Argentina ha logrado avances en la implementación de políticas de infancia como la AUH y las leyes que prohíben el trabajo infantil. Pero debemos seguir avanzando. El Comité de Seguimiento de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño realizó en 2010 recomendaciones al país, como la necesidad de que las políticas lleguen a todo el territorio, que se reduzcan las disparidades entre jurisdicciones provinciales y municipales y se generen fuentes de información transparentes y accesibles.
La pobreza es un problema político y en consecuencia el trabajo infantil también lo es. Hay prioridades públicas que deben preservarse de disputas políticas.
La efectividad de las políticas públicas está basada en la decisión de llevarlas adelante y garantizar su continuidad.
Una pregunta clave es: ¿la decisión de un gobierno será mantenida por quien gobierne en el siguiente período? Para lograrlo es imprescindible que una vez identificados los problemas y las prioridades se busquen consensos entre oficialismo y oposición y se aíslen esas cuestiones de la competencia política. Los derechos de los niños lo demandan.
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