Mauricio Macri sacudió el tablero judicial con la designación de Inés Weinberg de Roca como futura procuradora general.
Mauricio Macri sacudió el tablero judicial con la designación de Inés Weinberg de Roca como futura procuradora general.
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

La libertad otorgada a Zannini y a D’Elía agudiza la tensión entre el Gobierno y el Poder Judicial

Los casos del ex candidato a vice y el líder piquetero, extienden un certificado de defunción a la “doctrina Irurzun”. La Justicia padece el desprestigio social, pero ¿cuál es la responsabilidad del poder político?

Los fallos que ordenaron las liberaciones de Carlos Zannini y Luis D´Elía fueron firmados por dos juezas federales pasadas las cuatro de la madrugada de ayer. Si el horario no fue habitual, tampoco lo fue que las resoluciones tuvieran lugar un sábado. Y que justo cayeran un 24 de marzo, con todo lo que eso significa en la Argentina. ¿Casualidad? ¿Causalidad? Preguntas difíciles de responder en un país donde el Poder Judicial encarna parte de las frustraciones colectivas.

Pero lo que se puede afirmar, sin temor a equivocaciones, es lo que sucedió luego: Zannini salió del penal federal de Ezeiza a las nueve de la mañana y D´Elía lo hizo una hora después. Ambos fueron rápidamente a las inmediaciones de la Plaza de Mayo, donde se sumaron a las columnas kirchneristas que marchaban por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. El mensaje fue que estuvieron detenidos ilegalmente, como sucedía en la dictadura.

La comparación, exagerada hasta tornarla ridícula, no debe ocultar sin embargo las razones jurídicas por las cuales ambos dirigentes kirchneristas fueron liberados por las juezas María López Iñíguez y Sabrina Namer, del tribunal oral federal número 8, el mismo que deberá someterlos a juicio oral bajo la acusación de haber colaborado para encubrir a los iraníes considerados como los autores del atentado contra la AMIA el 18 de julio de 1994.

La interna judicial

En el fondo quedó herida de muerte es la “doctrina Irurzun”, según la cual los ex funcionarios acusados de hechos de corrupción deben ser sometidos a prisión preventiva porque pueden obstaculizar las investigaciones si permanecen en libertad. ¿Ocurrió algo dentro de la Justicia para que se modificara ese procedimiento tan aplicado el año pasado? La lista de liberados es elocuente: Amado Boudou, Cristóbal López y ahora Zannini y D´Elía.

En la Casa Rosada pensaron inicialmente que los jueces y fiscales tuvieron una reacción corporativa frente a los cambios que propone el presidente Mauricio Macri -que se amplíe el horario de atención en tribunales, que los magistrados paguen ganancias, que las ferias sean más cortas o que directamente se las elimine-, pero hay funcionarios más moderados que analizan que en el Poder Judicial conviven distintas líneas de pensamiento en puja constante.

“El mensaje de Zannini y de D’Elía fue que estuvieron presos ilegalmente, como en la dictadura”.

Justicia Legítima

De hecho, en los últimos años fue muy marcada la injerencia de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, que tuvo como su principal exponente a la ex procuradora Alejandra Gils Carbó y al ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni como guía intelectual.

Esa línea afín al poder de turno generó una contracorriente que, especialmente tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, encarnaron sus colegas de Comodoro Py y algunos jueces federales como Claudio Bonadío.

Tal vez por eso varios de ellos aguardaron un gesto del presidente Mauricio Macri para la sucesión de Gils Carbó. En esa lista se anotaron los fiscales Guillermo Marijuan, Germán Moldes y Raúl Pleé, con el aval de un sector del Gobierno y también de opositores de fuste como el peronista Miguel Pichetto en el Senado.

Pero Macri sacudió el tablero con la designación de Inés Weinberg de Roca, una jurista ajena al sistema de poder que orbita en torno a Comodoro Py. El Presidente hizo el anuncio de una forma poco habitual, en el programa televisivo de Mariana Fabiani, sacándose de encima así la presión interna que existía dentro de Cambiemos por imponer a tal o cual candidato a la Procuración.

Dicho sea de paso: la coalición gobernante ya no impulsará una modificación a la Ley del Ministerio Público Fiscal con el objetivo de eliminar el mandato vitalicio del procurador.

En Cambiemos no están para nada conformes con la actuación del Poder Judicial, empezando por la Corte Suprema cuyo presidente, Ricardo Lorenzetti, hizo en los últimos días varios gestos para aplacar los ánimos alterados del oficialismo. Uno de ellos se plasmó en una orden para investigar cómo se conformó el tribunal que liberó a Cristóbal López. Antes había llamado a Macri para avisarle del fallo que disolvió el tribunal que debía juzgar a Cristina Kirchner.

Sin embargo, eso no evitará que sectores afines al Gobierno convoquen a una marcha para el 12 de abril –la misma fecha de aquella movilización de 2015 tras la muerte de Nisman-, cuando podrían escucharse duros cuestionamientos al Poder Judicial. Y especialmente, a los magistrados federales que investigan hechos de corrupción. Las liberaciones de Boudou, Zannini, D´Elía y Cristóbal son vistas en esos sectores como un retroceso ante la impunidad.

¿Sigue De Vido?

La diputada Elisa Carrió advirtió que el próximo liberado podría ser Julio de Vido, quien está detenido desde el 26 de octubre en una causa en la que se investiga si hubo un fraude contra el Estado en las obras de refacción de la mina de Río Turbio, en la Patagonia argentina. El rostro del ex ministro de Planificación –junto a los de Zannini, D´Elía y Milagro Sala- apareció en carteles que portaron diputados kirchneristas en la última sesión de la Cámara baja.

En esa reunión legislativa se plasmó un entendimiento entre Cambiemos y el bloque Argentina Federal –que responde a los gobernadores del PJ- que posibilitó el reemplazo parcial del mega-decreto firmado en el verano por el presidente Macri y que bloqueó a la oposición la oportunidad de derogarlo.

En los hechos, se evidenciaron las desavenencias entre distintos sectores del peronismo que dan por tierra con los intentos por reunificarlos de cara a 2019. Incluso se escucharon insultos desde el bloque kirchnerista hacia sus colegas peronistas mientras se retiraban del recinto junto a la bancada de Cambiemos.

“Cambiemos ya no impulsará la modificación a la Ley del Ministerio Público Fiscal”.

Pacto de aislamiento

Pero más allá de estas broncas políticas, lo que está pasando en el Congreso es que Cambiemos y el PJ de los gobernadores pusieron en marcha un pacto para aislar al kirchnerismo, que incluye el reparto de presidencias de comisiones clave, como la que debe seguir la evolución de la deuda externa, en la que deberá presentarse en los próximos días el ministro de Finanzas, Luis Caputo, para explicar su objetada participación en fondos offshore.

Ese acuerdo no incluye, por cierto, el deseo de Cambiemos de avanzar sobre los fueros de Cristina Kirchner, dado que el peronismo de Pichetto se reserva esa carta para jugarla en la interna partidaria. Mientras que le va dando forma a una propuesta electoral alternativa con el salteño Juan Manuel Manuel Urtubey como “primus inter pares” de los gobernadores justicialistas. Y que acaba de recibir el aval de su colega fueguina Rosana Bertone.

En medio de estas movidas propias de los juegos de poder, en la Argentina también se están dando debates de fondo, como el de la legalización del aborto, la posible liberación de genocidas como Alfredo Astiz y el rol de la Justicia en un Estado republicano. En este último punto, hay una coincidencia generalizada sobre el desprestigio del Poder Judicial, pero también habría que preguntarse cuál es la responsabilidad que tiene por ello la dirigencia política.

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