Hay una sobrevaloración del aspecto subjetivo de la seguridad, es decir, el temor al crimen o la percepción de la inseguridad. Si bien es importante tener en cuenta la opinión de los ciudadanos para diseñar una política de seguridad, no debe ser la única arista a tener presente. No se puede diseñar una política de seguridad por lo que cree un grupo de personas. La única respuesta no puede ser la saturación policial porque ‘así me lo piden los vecinos’. Las políticas deben basarse en la evidencia, en la profesionalidad del análisis de los datos, y eso no significa despreciar lo que la gente siente, pero tampoco debemos ser ingenuos para pensar que la opinión pública se forma espontáneamente. Ni reformando el Código Penal, ni modificando la figura del exceso en la legítima defensa -a raíz del caso Chocobar-, ni dándole vía libre a las fuerzas de seguridad, ni avalando situaciones de gatillo fácil vamos a cambiar la realidad.
Si hay algo que los abogados siempre tuvimos claro cuando ingresamos a la Universidad es que las leyes no modifican la realidad de una manera automática, directa y lineal. Es grave decir que la policía va a poder matar a cualquiera sin que esto genere ninguna consecuencia. Aquí tenemos un Código Penal que tiene una cierta lógica, que seguro necesita una revisión, pero además tenemos una Constitución que adhirió a tratados internacionales, que traen implicancias a nivel internacional. Ahora esto no se puede cambiar por un decreto, hay que trabajar los consensos necesarios, no se puede estar planteando, en pleno siglo 21, la restauración de la pena de muerte, imposible desde el punto de vista jurídico.
(*) Concejal de Compromiso por Junín.
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