None
ANÁLISIS

Un conflicto de alto costo institucional

El conflicto abierto por la forma en que se hará el traspaso del mando presidencial está provocando un costo institucional de proporciones al país. Se trata de ese tipo de anomalías cuyo impacto no se puede medir en números, pero que resienten la calidad de la democracia, porque ponen incertidumbre y tensión frente a un acto cargado de simbolismo e historia.
Es que la jura de un nuevo presidente y la entrega de los atributos del Poder Ejecutivo –la banda, el bastón y la Marcha de Ituzaingó- por parte del mandatario que concluye su mandato, confirman la continuidad institucional y ratifican las reglas de juego vigentes. Una alteración, en cambio, propaga la sensación de que gana terreno la discrecionalidad política.
Tanto es así, que el gobierno saliente y el entrante ni siquiera se pusieron de acuerdo en el punto en que vence el mandato de Cristina Kirchner y comienza el de Mauricio Macri. Ayer, la Casa Rosada difundió una nota de la Escribanía General de la Nación en la que se indicó que el período de la actual presidenta expira el 10 de diciembre, pero recién a la medianoche.
El macrismo había advertido, días antes, que el mandato de la jefa de Estado vencerá el 9 de diciembre a las 24 horas. Sobre esa base, sustentó su argumento de que el 10 de diciembre, las decisiones ya correrán por cuenta de Macri y no de Cristina. Entre tantos tironeos, ambos parecen haber olvidado que la jura del nuevo presidente se hará a las doce del mediodía.
Por eso, en la primera parte de la jornada del jueves, la organización estará a cargo del Senado nacional –que reunirá a la Asamblea Legislativa en la Cámara de Diputados- e incluso el operativo de seguridad será comandado por funcionarios del gobierno saliente junto a sus sucesores. En ese caso, los responsables serán Sergio Berni y Patricia Bullrich.
En la segunda mitad de la jornada, la autoridad máxima será el nuevo presidente. Por eso, la invitación de Macri a Cristina Kirchner para que le traspase la banda y el bastón en la Casa Rosada no está fuera de lugar. Es más, todas las ceremonias de ese tipo desde la recuperación de la democracia en 1983 se hicieron en la sede gubernamental, salvo en 2003, 2007 y 2011.
En esas oportunidades, que correspondieron a las asunciones de Néstor y Cristina Kirchner –la dama las últimas dos-, ambos juraron en el Congreso y tomaron los atributos ejecutivos allí mismo. Pero eso no sucedió con Raúl Alfonsín en 1983, con Carlos Menem en 1989 ni con Fernando de la Rúa en 1999. Macri quiere retomar esa tradición y está en su derecho.
Cristina Kirchner aduce que el artículo 193 de la Constitución establece que la jura de los presidentes debe realizarse ante la Asamblea Legislativa. Y se trata de una afirmación correcta. Pero de ese apartado constitucional no se infiere que también la banda y el bastón deban traspasarse en el Congreso. Entonces, su negativa a asistir a la Casa Rosada se torna endeble.
Entre la escasa voluntad de la presidenta saliente para prestarse a una acción que no fue pensada por ella, y la decisión del futuro mandatario de hacer un gesto de autoridad para indicar quién manda en la Argentina a partir del jueves, por cierto que no hay puntos de contacto. Aunque todavía existe algún intento de acercar posiciones entre los bandos.
El flamante presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y el saliente titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, buscan consensos contra reloj. También hay charlas entre Wado de Pedro y Fernando de Andreis, el actual y el futuro secretarios de la Presidencia. Pero la única manera de destrabar el conflicto sería que vuelvan a hablar Cristina y Macri.
Mientras tanto, la región y el mundo observan el desaguisado con asombro. La cuestión forma parte central de los informes que los embajadores envían a sus respectivos gobiernos, al tiempo que grandes medios de comunicación extranjeros, como el diario The New York Times, comentan el asunto y afirman que “la presidenta de la Argentina no se va tranquilamente”.
Con todo, la insólita polémica tiene un punto a favor, tanto para el gobierno saliente como para el entrante: distrae la atención de los problemas de fondo. Esto es, del estado real en el que el kirchnerismo deja al país –con alta inflación, cepo cambiario y escasas reservas- y de las medidas que el macrismo prometió en campaña y le será dificultoso poner en funcionamiento.

COMENTARIOS