La reciente agenda política en Argentina ha sido moldeada por una creciente influencia de líderes conservadores que desafían las políticas de igualdad de género y derechos. Encabezando esta cruzada se encuentran figuras como Javier Milei, quien ha tomado medidas controvertidas, como negar la brecha salarial entre géneros y degradar el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad a una subsecretaría. El gobierno ha anunciado la prohibición del lenguaje inclusivo y cualquier aspecto relacionado con la perspectiva de género en la administración nacional, argumentando que estas políticas han sido explotadas como un "negocio político" que socava los valores tradicionales.
Esta decisión ha generado preocupación entre grupos feministas y defensores de los derechos de género, quienes temen un retroceso en los avances logrados en la última década, incluyendo la Ley de Educación Sexual Integral y la legalización del aborto. Además, se ha observado un impacto directo en programas clave destinados a combatir la violencia de género, como la línea 144 para víctimas y los refugios.
La estrategia de Milei no está aislada, ya que se ha aliado con otros líderes conservadores de América Latina, como Nayib Bukele de El Salvador. Bukele también ha adoptado una postura enérgica contra lo que él llama la "ideología de género", retirando estas políticas de los planes de estudio en las escuelas públicas, a pesar de las altas tasas de violencia contra las mujeres en su país.
En un contexto regional más amplio, estas tendencias conservadoras también se han manifestado en países vecinos como Brasil y México. En Brasil, Jair Bolsonaro y sus hijos han utilizado repetidamente el concepto de "ideología de género" para movilizar a su base conservadora, mientras que en México, grupos ultraconservadores han luchado contra políticas de igualdad y derechos de género.
La creciente influencia de líderes conservadores en Argentina y en la región en general plantea desafíos significativos para la agenda de igualdad de género y derechos. La eliminación de políticas progresistas y el retroceso en los derechos adquiridos representan una preocupación importante para los defensores de la igualdad.
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