La Justicia dispuso la detención de Julio “Chocolate” Rigau, el puntero político investigado por cobrar con 48 tarjetas de débito el sueldo de otras personas contratadas en la Cámara de Diputados bonaerense. Sin embargo, la policía ya allanó varios lugares en busca del sospechoso, entre ellos su vivienda en La Plata, pero no lo pudo encontrar.
Asimismo, el juez Federico Atencio dispuso que el 20 de octubre se realizará la apertura del celular de Rigau, lo que puede dar una pista de quiénes eran sus jefes y a quiénes enviaba el dinero que cobraba de los empleados de la Legislatura, algunos de los cuales ni sabían que lo eran. Este peritaje es clave.
A la hora de negarle la eximición de prisión, el juez Atencio dijo que no descarta que “la superioridad jerárquica” de la Cámara de Diputados estuviera al tanto de esta maniobra y que se estaría ante “un acto de corrupción de inmensurable trascendencia”.
“No tiene estructura como para esconderse y mantenerse prófugo, va a caer”, dijo uno de los investigadores al diario La Nación.
La detención de Rigau fue pedida por la fiscal Betina Lacki al juez de garantías de La Plata Federico Antencio, luego de que la Cámara de Casación bonaerense revocara la decisión de los camaristas platenses Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo, que haían liberado a Chocolate y anulado la causa por defraudación.
Chocolate Rigau fue detenido en septiembre pasado cuando cobraba en un cajero automático de La Plata el sueldo de 48 empleados en la legislatura con sus tarjetas de débito. Se le secuestraron las tarjetas y 1.200.000 pesos, además de su teléfono celular.
Los camaristas Villordo y Benites, en un fallo exprés, lo liberaron antes de que la fiscal Lacki pudiera avanzar hacia arriba en la investigación sobre los jefes de Rigau. Pero ayer los jueces de la Cámara de Casación María Florencia Budiño y Fernando Luis María Mancini revocaron, en duros términos, la decisión de los camaristas Villordo y Benites que habían admitido un habeas corpus.
Le dijeron que se excedieron en su competencia y actuaron basados en una interpretación de las normas vigentes reñida con la ley, la jurisprudencia de la Corte e, incluso, la lógica.
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