El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Mario Villar pidió duplicar la condena de seis años de prisión contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien consideró “jefa de una asociación ilícita” en el marco de la Causa Vialidad.
Lo hizo a comenzar las audiencias de revisión de la sentencia dictada a fines de 2022 por el Tribunal Oral Federal número dos, que por mayoría excluyó la figura de la asociación ilícita y sólo condenó a la entonces vicepresidenta por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
Al mismo tiempo, pidió la elevación de las penas del exsecretario de Obras Públicas José Francisco López, del extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y del propio Lázaro Báez. Pero, además, reclamó que sea condenado el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien fue absuelto en el juicio.
El fiscal Villar coincidió con los argumentos de su colega que actuó en el juicio, Diego Luciani, y afirmó que durante el gobierno de Néstor Kirchner y los dos de Cristina Kirchner “funcionó una asociación ilícita” montada sobre el aparato estatal. De esa manera, “se proveyeron los fondos públicos nacionales y se creó a un empresario de la construcción para adjudicar los contratos”.
Ese empresario era el santacruceño cercano a los Kirchner, Lázaro Báez, también condenado en el juicio oral y apelante ahora en procura de su absolución. Villar pidió que la expresidenta sea condenada a 12 años de cárcel, en lugar de los seis actuales.
Según alegó, Báez fue central en esa “estructura de corrupción que se montó sobre un fin noble, como es la obra pública vial”. Villar resumió en su alegato ante la Casación los argumentos que habían esgrimido Luciani y su colega Sergio Mola durante el juicio oral. En ese sentido, coincidió con la condena por administración fraudulenta porque –dijo- existieron “graves hechos de corrupción”, pero refutó el fallo de mayoría que descartó la asociación ilícita porque “hubo una estructura delictual organizada”.
Consideró que la condena contra la expresidenta, al máximo de la pena por “administración fraudulenta”, es errónea porque toma a los 51 contratos adjudicados a empresas de Lázaro Báez como un único delito.
Si los delitos se sumaran uno a uno, el “concurso” permitiría una pena mayor aún a los 12 años.
La figura de la asociación ilícita establece la existencia de una organización con perdurabilidad en el tiempo, estructura jerárquica, la integración de tres o más personas y la comisión de “delitos indeterminados”.
Villar consideró que eso fue lo que ocurrió y que cualquier interpretación diferente significaría un “mal mensaje” a los funcionarios públicos.
“¿Qué le estamos diciendo a los funcionarios que asumen el cargo, qué ejemplo les estamos dando?”, se preguntó. “Esta pena no refleja la gravedad del hecho” e “incentiva a los funcionarios a cometer delitos”, afirmó.
La Cámara de Casación tiene previsto escuchar los argumentos de todas las partes que apelaron sus condenas. La defensa de Cristina Kirchner tiene fijada su audiencia para el próximo 7 de marzo ante el Tribunal que estará integrado por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.
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