La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), incautó más de 428 toneladas de granos durante un operativo realizado al sur de la provincia de Córdoba.
La mercadería secuestrada asciende a un valor comercial de 27 millones de pesos.
El organismo continúa con sus controles a diario en centros de acopio y controles de mercadería en ruta.
En esta oportunidad agentes del organismo recaudador detectaron irregularidades durante un procedimiento a un operador de la cadena agrocomercial e interdictaron un volumen de mercadería equivalente a la carga de 14 camiones, con un valor de mercado de 27 millones de pesos.
Inspectores de la DGI llevaron adelante tareas de fiscalización y control sobre un establecimiento de acopio de la localidad cordobesa de Achiras. El personal de la AFIP constató que la firma no contaba con la documentación respaldatoria de ingreso de 128 toneladas de soja y 300 toneladas de maíz, ni tampoco el registro válido que acreditara la adquisición de esas materias primas.
A raíz de las inconsistencias comprobadas, el organismo procedió a incautar la mercadería, por un total de 428 toneladas, equivalente a la capacidad de carga de 14 camiones. El valor de mercado de los granos asciende a 27 millones de pesos.
Operativo en ruta en Misiones
Ayer por la tarde la AFIP incautó 88 toneladas de soja a granel valuados en $ 7.900.000, durante un control de ruta llevado a cabo en la localidad de San Vicente, en la provincia de Misiones. Lo incautado equivale a la carga de 3 camiones de transporte de mercadería.
Durante las tareas de fiscalización, funcionarios del organismo que conduce Carlos Castagneto, constataron la validez de origen de los granos transportados, el cotejo documental y registral, concluyendo que los remitentes y/o destinatarios carecían de capacidad operativa, económica y/o financiera para producir o comercializar los mismos.
De esta forma, las áreas especializadas en actividades agropecuarias de la AFIP continúan focalizando sus esfuerzos para desarticular potenciales maniobras de evasión impositiva y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente para evitar que los distintos actores de la cadena cometan irregularidades que redunden en competencia desleal para los productores legítimos.
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