María Eugenia Vidal afronta una batalla que resultaba impensada hace algunas semanas atrás: la discusión por el traspaso, desde la Nación a la Provincia, del costo en subsidios que aún insumen los servicios de luz, agua y transporte en la zona metropolitana. Un debate que forzaron los gobernadores del peronismo, envalentonados desde que el Gobierno nacional entró en estado de crisis financiera y económica.
Hablamos de mucho dinero. Es tanto que desde el ministerio de Economía bonaerense, incomprensiblemente, son esquivos a la hora de especificar cuánto deberían desembolsar si se concreta la movida sin la transferencia de los fondos nacionales correspondientes. Anteayer hubo una reunión entre el ministro de Hacienda nacional, Nicolás Dujovne, su par provincial, Hernán Lacunza, y la propia Vidal.
Desde Nación se aseguraba que el traspaso regulatorio de, al menos, Edenor a la órbita de Buenos Aires y la Capital era prácticamente un hecho. Que sólo faltaban detalles, que no son nimios. Sin embargo, algunas fuentes bonaerenses relativizaban ese cuadro de apuro.
Sería lo mismo que sucedió, durante el gobierno de Daniel Scioli, con Edelap. Pero, claro, a una mayor escala. El gobierno nacional dejaría de ser responsable por el funcionamiento y control de las dos mayores distribuidoras eléctricas, cuyo radio de servicio está enfocado en el Conurbano y en la Capital Federal. Serían estos dos distritos los que deberían ponerse de acuerdo sobre la cuestión. En el caso de la Ciudad, explican en Cambiemos, la decisión asoma igualmente resistida pero un poco menos traumática porque ostenta una holgura económica que no tiene la Provincia.
En el reclamo parece alineado todo el peronismo del interior del país. El argumento: la Nación, con el dinero de todos los argentinos, subsidia las empresas que brindan servicios de luz y agua sólo a bonaerenses y porteños. Así dicho, suena efectivamente injusto. Los gobernadores, con el cordobés Juan Schiaretti a la cabeza, explican: “Antes de pedirnos a nosotros que ajustemos para cumplir con las pautas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), solicitamos que el gobierno nacional ahorre dejando de bajar dinero en empresas que, en los hechos, no son nacionales”.
En el reclamo parece alineado todo el peronismo del interior del país. El argumento: la Nación, con el dinero de todos los argentinos, subsidia las empresas que brindan servicios de luz y agua solo a bonaerenses y porteños.
Los mandatarios querrían utilizar la movida como moneda de cambio para sentarse a hablar de su apoyo al presupuesto nacional 2019, que supone un ajuste importante respecto al de este año por aquellos deberes pendientes con el FMI, y que el Gobierno no puede aprobar sin el acompañamiento del peronismo.
Un cálculo oficioso dice que entre las dos empresas de energía, la de aguas y cloacas (AYSA) y el transporte en la zona metropolitana, la Casa Rosada destina 110 mil millones de pesos anuales en subsidios. Es probable que sea menos.
También se dice que, en principio, quedaría fuera del traspaso AYSA, que brinda servicios en Capital y 26 distritos de la Provincia. Los motivos: su par provincial, ABSA, es una empresa que funciona de milagro por lo que sería incapaz de absorber las obligaciones de la compañía nacional; además, habría una fuerte resistencia del gremio de Obras Sanitarias, que conduce Oscar Lingieri, siempre temeroso a perder afiliados e influencia; y existe una cuestión vinculada a un préstamo internacional que se caería si hay cambio de riendas.
Pero, como en el truco, Vidal podría jugar una carta que suba la apuesta. Y acaso le sería difícil a los mandatarios del interior cantar retruco.
Es algo que se habla en Cambiemos pero no parece, por ahora, que adquiera forma de estrategia política. La gobernadora podría pararse un escalón más arriba de la discusión tal como está plateada y proponer que ella acepta hacerse cargo del costo -no previsto- de subsidiar a Edenor y a Edesur, si y sólo sí se habilita una discusión de todo el reparto nacional de impuestos para que Buenos Aires vuelva a percibir lo que le corresponde.
Es una eterna lucha de la Provincia: aporta a las arcas nacionales cerca del 40% del Producto Bruto Interno y recibe a cambio sólo un 20 o 21 % de lo recaudado a nivel nacional. Casi 20 puntos porcentuales menos de los que debería. Son números a grandes rasgos pero que ilustran la cuestión.
Lo más parecido a ese razonamiento que se escuchó en La Plata salió de la boca del ministro Lacunza, hace semanas: “Estaríamos encantados de asumir el gasto que implica la energía si descentralizamos también la recaudación, porque nos encanta ser federales a la hora de gastar pero somos unitarios a la hora de recaudar”. ¿Un aviso de lo que puede venirse? Nadie lo confirma.
Astuta, Vidal se ha recostado en el peronismo provincial –léase los intendentes del sector dialoguista- para armar un frente que resista la presión de cargar sobre la Provincia el costo económico que suponen los servicios antes mencionados. “Nos perjudicamos todos los bonaerenses”, parece ser el argumento. La gobernadora busca que los jefes comunales, que en muchos casos manejan territorios más grandes que provincias, se enfrenten a los mandatarios de su propio partido. No queda claro, en especial luego de la reunión de ayer con Dujovne, si la Casa Rosada avala esa jugada.
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