Relanzan reforma laboral apuntando al blanqueo

Luego del reinicio de las  sesiones ordinarias del Congreso Nacional el jueves pasado, el Gobierno no perderá tiempo y avanzará con la reforma estructural más importante que tiene en carpeta para el 2018: la laboral. La visión oficial es que la reforma ya estaba a punto de ser aprobada en las sesiones extraordinarias y que el clima generado por el conflicto de la reforma previsional hizo archivar el proyecto; que, además, ya tenía consenso en la CGT oficial. 
Hace 15 días, el propio presidente Mauricio Macri en la cumbre de Chapadmalal, fue el que insistió en que esta reforma no podía demorarse mucho más que el primer semestre, y liberaba a sus negociadores parlamentarios a dividir el tratamiento en diferentes proyectos para que su aprobación no sea tan conflictiva. Y como gesto de buena voluntad hacia el sindicalismo, se aceptaba que el primer proyecto a ser impulsado a nivel legislativo sea el blanqueo de deudas laborales y previsionales. Para más adelante quedarán las normas de liberalización de la movilidad laboral, los nuevos contratos de los trabajadores, las pasantías, las capacitaciones, los nuevos cálculos indemnizatorios y las medidas más conflictivas que estaban incluidas en el proyecto original presentado en sociedad en diciembre del 2017. 
Lo que se buscará, según consignó el diario Ámbito Financiero, es que el clima legislativo mejore luego de aprobar el blanqueo, para luego tratar el resto del menú de reformas laborales que incluía el megaproyecto original; y que en su momento el ministro de Trabajo Jorge Triaca había negociado con Rodolfo Daer. 
Los diálogos entre los ministros y funcionarios, varios con contactos directos con el sindicalismo, están hoy firmes y habiendo superado la tormenta generada por la marcha de Hugo Moyano. Lo que debe negociar entonces el gobierno, es el voto no negativo en el Congreso de algunos legisladores del justicialismo para que las leyes puedan hacerse realidad. 
El macrismo ve que un gesto de buena voluntad es empezar por la medida más esperada por los grandes gremios del mapa local: el blanqueo. Para las conducciones sindicales la posibilidad de incorporar a las arcas de las cajas de las obras sociales los aportes de los 4 millones de argentinos que trabajan en parte o todo en negro; es un capítulo imposible de rechazar. La idea es que el proyecto sea lo más amplio posible, y con la especificación de un perdón o moratoria para las deudas previsionales. Esto es, con generosidad amplia: sin multas ni punitorios. 
Si el Gobierno logra que el blanqueo se apruebe, buscará la promesa de avanzar con los otros capítulos del megaproyecto oficial. Esto incluye las más polémicas iniciativas de modificar y flexibilizar las condiciones de capacitaciones y pasantías para las empresas de todo tamaño. 
También la creación de una Agencia de Salud que apunta a reducir los costos de los accidentes de trabajo y las contrataciones de seguros laborales.