Lesa humanidad: Gómez Pola y Bracken ahora fueron acusados por “homicidio”

En el marco del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Junín, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata aceptó el pedido de elevación de las acusaciones contra los imputados y determinó que Ángel José Gómez Pola y Abel Oscar Bracken sean investigados por el delito de “homicidio doblemente agravado”.
Esto se resolvió a partir de la eventual participación de Gómez Pola en la desaparición de Hugo Torretta, Adrián Romié y Gilberto “Beto” Mesa, y la posible intervención de Bracken en el caso Torretta.
Además, se determinó que los siete acusados (Bracken, Gómez Pola, Aldo Antonio Chiacchietta, Julio Ángel Esterlich, Francisco Silvio Manzanares, Miguel Ángel Almirón y Edgardo Mastrandrea) sean acusados por “tormentos”, agravados por haberse producido estos como una consecuencia de la actividad política de las víctimas.

Homicidios
Tal como había adelantado Democracia a mediados de diciembre, en la jornada de ayer la fiscalía y la querella solicitaron ampliar las acusaciones contra los imputados por los casos de Torreta, Romié y Mesa.
En tal sentido, el doctor Hernán Schapiro, uno de los representantes del Ministerio Público Fiscal, fue el encargado de exponer sobre la ampliación “la acusación original por el delito de homicidio” en relación a los imputados Gómez Pola y Bracken.
Juan Martín Nogueira, el otro representante de la Fiscalía, recordó que hubo un “plan sistemático de represión” y en ese contexto, “uno de los aspectos del plan fue el homicidio de las víctimas y la desaparición del cadáver”.
Y advirtió que “es en este esquema que debe valorarse” lo sucedido con Torretta, Romié y Mesa. “A más de 35 años, entendemos que el destino de los mismos no ha sido otro que la muerte”, afirmó.
Para la Fiscalía, hay numerosos testimonios que dan cuenta de que “Torretta fue secuestrado, golpeado, trasladado a la Comisaría Primera y luego asesinado cuando, supuestamente, lo trasladaban a San Nicolás”.
En cuanto a los casos de Mesa y Romié, los fiscales sostuvieron que las evidencias dan cuenta de que ambos fueron secuestrados la misma madrugada, sus detenciones estarían relacionadas entre sí y habrían corrido una suerte similar. “Sostenemos que ambos procesos concluyeron con la eliminación física de estas víctimas”, aseveró Nogueira.
En ese contexto, solicitaron que Ángel José Gómez Pola sea acusado por “homicidio doblemente calificado” por los casos de Torretta, Romié y Mesa; y que Abel Oscar Bracken sea acusado por el mismo delito a partir del caso Torretta.
El Tribunal, por mayoría, admitió el pedido de la Fiscalía con el voto favorable de los jueces Carlos Rozanski y César Álvarez.

Tormentos
Por otra parte, el fiscal Schapiro advirtió que lo ventilado en este juicio oral les permitió a los fiscales hacer “una nueva valoración jurídica más gravosa” sobre los hechos acontecidos en la Comisaría Primera (donde funcionaba un centro clandestino de detención).
En ese contexto, señaló que no sólo se puede juzgar los hechos producidos allí bajo la figura de “privación ilegal de la libertad”, sino que consideran que “encuadra también en la figura de torturas”, agravadas por cuestiones políticas.
Es que para el Ministerio Púbico Fiscal, también configuraban tormentos “las propias condiciones de detención” en la Comisaría Primera.
El fiscal Nogueira remarcó que esta dependencia “fue un lugar de recepción de detenidos ilegales que venían de otros centros clandestinos con claras muestras de haber sido sometidos a torturas físicas”.
Además, agregó que allí “las condiciones de detención eran infrahumanas”, dado que estaba “lejos de implicar un régimen acorde a las necesidades de cualquier persona”. Un sitio “con comida escasa o nula, sin posibilidad de higienizarse, con interrogatorios violentos y simulacros de fusilamientos”.
Otro aspecto trascendente para establecer la deshumanización de los detenidos era “la incertidumbre y miedo ante eventuales traslados”, esquema que “se extendió a familiares y a la propia sociedad de Junín”.
Con todo, Nogueira recordó que la comisaría “tenía un lugar específico provisto para practicar la tortura, en planta alta”.
Por todo lo expuesto, sentenció: “Los casos demuestran que la comisaría era un centro clandestino con todas las particularidades de un lugar semejante. La privación ilegal de la libertad tuvo como continuidad la tortura. Ampliamos la acusación por tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos, por las condiciones inhumanas de detención”.
La Fiscalía extendió la acusación por tormentos a los siete imputados.
En este caso, el Tribunal aceptó la solicitud por unanimidad.
El juicio continuará el próximo lunes a las 10 y para la siguiente jornada se dispuso el llamado a indagatoria de cada uno de los imputados, a partir de las nuevas acusaciones que pesan sobre ellos.