Tras la decisión del presidente Alberto Fernández de intervenir la empresa cerealera Vicentin, con miras a la expropiación, la cual mantiene una deuda de 1350 millones de dólares, dirigentes del oficialismo y la oposición de Junín expresaron sus acuerdos y disidencias con la iniciativa oficial.
Cabe recordar que el Presidente remarcó que se trata de un caso excepcional. “Cuando uno expropia tiene que hacerse cargo inmediatamente de la empresa porque hay riesgo de que vacíen a la empresa, como traspaso de acciones, movimientos de dinero que uno no controla", afirmó.
En total, la deuda de Vicentin asciende a 1.350 millones de dólares, de los cuales 1000 millones están contraídos con los bancos y otros 350 millones con empresas del sector agrícola.
Tavela: “Falta información”
Danya Tavela, contadora, docente y vicerrectora de Unnoba, afirmó a Democracia: “Lo que más me preocupa a mí del proceso de expropiación, aunque falta mucha información pública, es la sustentabilidad en el tiempo, qué significa eso en términos de lo que viene después, los productores que trabajan con esa empresa, los trabajadores que hoy pueden tener un salario garantizado por un tiempo, pero luego la empresa tiene que producir para poder pagar esos salarios”.
Y amplió: “Uno se pregunta cuál es el esquema de salvataje pensado para esta empresa y cómo se piensa que esta vuelva a manos privadas, o si efectivamente toma el carácter de una empresa mayoritariamente estatal, qué tipo de organización tiene y cómo se sustenta en el tiempo, ya que las cuentas públicas no están en condiciones de poder asumir nuevos desafíos en el mediano y largo plazo, con la situación social que hoy tiene la Argentina y que va a tener después de la pandemia”.
Para la dirigente radical, asumir un compromiso de mediano y largo plazo, como es tener una empresa, no es algo que uno puede en dos meses recuperar, poner en funcionamiento de manera automática. “Falta información para hacer un análisis detallado de la decisión”, señaló.
Fiorini: “Estatizar el mercado”
Juan Fiorini, senador provincial de Juntos por el Cambio, manifestó a este diario que repudian y rechazan la intervención y la expropiación de Vicentin. “Intervenir una empresa no es la solución a los problemas que pueden tener los privados. Hay más herramientas que se pueden usar desde el Estado, menos de esta forma, por decreto, pasando por arriba la cuestión judicial, y también al Congreso de la Nación”, afirmó el legislador.
Y señaló que la empresa ya estaba en un concurso preventivo, un proceso legal y que al final de este se podía hacer una oferta a cada uno de los acreedores, llegar a un acuerdo y que la empresa pueda continuar. “Creemos que no corresponde expropiar empresas. También entendemos que puede haber algo detrás, si recordamos a una legisladora que había expresado que el Estado quería quedarse con las empresas que tuvieran problema durante la pandemia”, sugirió.
Según Fiorini, en la región, que es agroindustrial, hay muchos sectores que están preocupados porque esto puede ser el inicio de algo más grande, es decir “un camino para estatizar el mercado agropecuario”.
Conocchiari: “Reparar un daño”
En la vereda de enfrente, el diputado provincial Alberto Conocchiari (Frente de Todos) se expresó en favor de “la intervención y posterior envío de un proyecto legislativo para que en el marco de la institucionalidad y absoluta legalidad se analice la posibilidad de expropiación”.
“Lo de Vicentin es un caso paradigmático –afirmó el legislador-, pero no único. Reviste una gravedad importantísima para toda la sociedad argentina porque forma parte de un período donde era moneda corriente esta política de hacer negocios entre amigos, de poner las herramientas crediticias de los argentinos a disposición de esos amigos, y de un circuito perverso de fuga de dólares, que en efecto han dañado ampliamente, profundamente, a un vasto sector de la sociedad”.
Para Conocchiari, lo que se procura es reparar un daño consumado durante el macrismo. “Es un dato escandaloso haberle otorgado un crédito a una empresa superavitaria, no tiene antecedentes, y mucho más cotejándolo con otro dato llamativo: es uno de los mayores aportantes a la campaña política de Cambiemos”, destacó el legislador.
Según el legislador, lo que el país prestó a través de sus bancos oficiales (Nación y Bapro) a Vicentin estaría perdido, lo que perjudica a todos los argentinos. “Estamos signados por la seria presunción de que ha sido una cuestión de favores políticos”, dijo.
“Impide un fraude”
José Luis Bruzzone, concejal del Frente de Todos, consideró que la decisión presidencial respecto a Vicentin es oportuna, evitando que se cometa un fraude contra los bancos que le prestaron la plata, contra los productores que entregaron su mercancía y no cobraron, contra los trabajadores, y además le da la oportunidad al Estado de poder regular una actividad que tiene “tremenda injerencia sobre todo en la economía de los argentinos, fundamentalmente sobre el precio de la canasta básica que pagan todos los trabajadores de nuestro país”.
“La intervención, y si se logra la expropiación por ley en el Congreso, le da al Estado la capacidad de intervenir en la regulación del mercado y evitar comportamientos que durante los últimos cuatro años, cuando se les dejó las manos libres, tanto perjuicio trajo a la economía argentina”, manifestó.
Sobre la relación entre la regulación del mercado interno y el hecho de que el 90 por ciento de los productos de la empresa son exportados, Bruzzone afirmó: “Es la quinta exportadora en el ramo, un peso sustancial en el mercado exportador. Pero la Argentina tiene una economía bimonetaria, nos manejamos en pesos y en dólares. El precio del dólar en el gobierno de Macri quedó librado a la voluntad de los exportadores, ya que no los obligaba a liquidar las divisas ni a vender el stock de mercadería exportable. Eso hacía que por la escasez de divisas que acontecía en determinadas circunstancias se elevara el precio, favoreciendo el mercado blue, paralelo, y la devaluación del peso”.
“Que actúe la Justicia”
Juan Tolosa Rossini, concejal de Juntos por el Cambio, respecto a la decisión del Gobierno nacional de intervenir y expropiar, dijo: “He escuchado que esto puede ser la punta del iceberg, por lo que hay que estar muy atentos ante esta intervención estatal, del Gobierno más que estatal, y el envío de un proyecto de expropiación al Congreso de la Nación para su tratamiento, según lo establecido por la Constitución Nacional”.
Para Tolosa, en el caso de Vicentin ya estaba actuando la Justicia, por lo cual es una intromisión del Gobierno en su accionar, ya que la empresa está en concurso preventivo de acreedores.
“Hay una clara intención del Gobierno de comenzar a intervenir en el mercado de granos, como así también involucrarse en el grupo Vicentin, donde no solamente se metería en el mercado de granos sino que también incluye frigoríficos, industria láctea, del algodón y también vinos. Meterse en esta empresa no es solo cereales: es carne, lácteos, algodón y vino”, afirmó el edil.
“En un país donde se produce alimentos para 400 millones de personas, capacidad productiva del país, hay 40 millones de habitantes en Argentina y un alto porcentaje de pobreza. La solución está por otro lado, hay un problema de distribución y la solución no es que el Estado sea dueño de empresas privadas”, dijo.
Tolosa aclaró que se estaba a favor de que se mantuvieran los puestos de trabajo y que los productores perjudicados por Vicentin pudieran cobrar, pero opinaban que para lograr eso estaba actuando la Justicia.
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