A los 90 días de su conformación, el grupo de trabajo interministerial sobre Buenas Prácticas Agrícolas y Aplicaciones Fitosanitarias presentó las conclusiones en el tiempo estipulado según lo dispuesto por la Resolución N° 01/2018, suscripta en febrero pasado, con el fin de mejorar el ordenamiento de las políticas y su implementación en el país.
El grupo estuvo conformado por representantes de los ministerios nacionales firmantes: de Agroindustria; Ambiente y Desarrollo Sustentable; Salud; Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. También lo integraron miembros del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), del Consejo Federal Agropecuario (CFA), del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
En este contexto, recomiendan la implementación de una instancia por el término de un mes, a partir de mediados de julio, para luego proceder a la revisión de los comentarios recibidos. Por su parte, los representantes del Consejo Federal Agropecuario y del Consejo Federal de Medio Ambiente llevarán el informe final para discusión en sus respectivas entidades.
Dentro de las iniciativas planteadas impulsan un proyecto de Ley a nivel nacional sobre aplicación de fitosanitarios, complementario a la regulación sobre registro de productos y a la Ley sobre envases vacíos de fitosanitarios.
Otra de las propuestas es la creación y puesta en marcha de una Plataforma de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) con el fin de coordinar la ejecución de los programas de aplicación de fitosanitarios públicos y privados, a nivel nacional como provincial con protocolos oficiales, indicadores y sistemas de monitoreo.
El informe final propone 12 principios para ordenar las políticas públicas nacionales sobre aplicaciones de fitosanitarios, especialmente en zonas de amortiguamiento. Estos principios ofrecen una guía para que las políticas públicas atiendan debidamente el cuidado de la salud, del ambiente y de la producción agrícola, sobre la base de instituciones eficientes y eficaces, apoyadas en el conocimiento científico- tecnológico.
También se presentan 23 recomendaciones para mejorar las políticas públicas, orientadas al fortalecimiento de la articulación institucional, del monitoreo ambiental, de los procedimientos para prevenir efectos no deseados en la salud y el ambiente, de la capacitación, de la comunicación pública, del fomento a las buenas prácticas y de la autogestión del sector privado.
Al respecto, se promueve establecer un marco regulatorio que permita a diferentes grupos asociativos de la actividad agropecuaria asumir las responsabilidades correspondientes en implementación, control entre privados y difusión de las buenas prácticas, de manera complementaria a las competencias de las autoridades públicas.
Con el fin de promover el fortalecimiento de las BPA, se recomienda impulsarlas en la currícula de las carreras agronómicas y afines, y el reconocimiento de las figuras de los profesionales idóneos en la agricultura sostenible.
“Sin agroquímicos se puede cultivar”
En diálogo con Democracia, el ingeniero agrónomo y educador en agroecológica linqueño, Damián Pettovello opinó que “con esta ley va cambiar el manejo para peor y a partir de eso la obediencia de vida está a pleno y va a ser muy permisivo. De esta manera se puede decir que son pro a la utilización de productos en áreas periurbanas y eso es un horror”.
“Estamos muy atrasados y tenemos mucho que aprender me parece y esto tiene que ser tratado con gente que sea imparcial. Hay que tener mucho cuidado y trabajar seriamente este tema”, aseguró.
“Cuando estás en una planta urbana hay que tener extremos cuidados y estamos hablando de situaciones en las cuales vos no manejás las variables. Hay productos que van por aire y otros por el suelo hacia las napas de agua, y por eso hay que tener mucho cuidado”, advirtió.
“Hay productos que están prohibidos en el mundo y acá se usan a mansalva. Por ejemplo los neonicotinoides no están permitidos en Europa y acá son estrellas: son insecticidas que trabajan en el sistema nervioso central”, explicó.
“No se debería seguir usando agroquímicos, y en otros países se usa mucho el criterio y el respeto que nos falta a nosotros. Sin agroquímicos se puede cultivar perfectamente y hay que trabajar en un proceso de transición paulatinamente con productos banda verde”, subrayó.
“Exigir otros tipos de prácticas”
Continuando con la entrevista, Pettovello remarcó que “no se puede bajar de 200 a 0 de golpe porque si no colapsa un sistema. Hay que armar un proceso con sitios donde haya una prohibición con sitios buffer y amortiguamiento exigiendo otros tipos de prácticas. Es viable y hay que trabajarlo con criterio”.
“En Argentina se usan los agroquímicos porque estamos sistematizados a eso en piloto automático en un sistema muy lineal. A partir de esos puntos, las decisiones son más sencillas y da cierta comodidad personal, pero no está bien”, opinó.
“De cara al futuro no debería existir la ley, porque no se deben usar más los agroquímicos. Y esta legislación va a permitir que se sigan aplicando los químicos”, concluyó.
“El fuerte compromiso”
El ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, señaló que "las conclusiones demuestran el fuerte compromiso del gobierno nacional por continuar fortaleciendo las políticas e instituciones agropecuarias nacionales para la buena gestión de los fitosanitarios, basadas en las BPA y la sinergia entre los diferentes equipos del gobierno, en los que todos los involucrados nos sentamos en una mesa y acordamos aquellos principios fundamentales que deben regir para la producción sostenible".
"Fueron meses de trabajo y recopilación", afirmó el ministro Bergman en el encuentro. "Necesitamos interacción y participación de manera plural y democrática para que no hayan debates ideológicos cuando lo que necesitamos es solidez y contundencia en cuanto a tener producción cuidando el desarrollo para salir de la pobreza". "La OCDE y la Agenda 2030 nos obligan a no mirar para otro lado. Tenemos que asumir estos debates de manera proactiva", agregó.
"Tenemos la obligación de llevar las buenas prácticas para que todos manejemos el mínimo denominador común. Para eso contamos con productores, sociedad civil y academia". Pero además, Bergman aseguró: "Respetamos el federalismo y la división de poderes. Ahora el Legislativo va a continuar el trabajo en el marco de las comisiones que correspondan".
El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, expresó su satisfacción por concretar este trabajo y remarcó la importancia del rol del Estado no sólo en la formulación de políticas públicas adecuadas sino por su función de monitoreo y control y subrayó: "Argentina es muy dependiente de la agricultura para el buen desenvolvimiento de su economía, así que el desarrollo de estas capacidades es fundamental para el desarrollo sostenible de la agricultura".
"Celebro esta iniciativa interministerial, desde Salud apoyaremos con compromiso técnico, principalmente desde la vigilancia epidemiológica en todas las instancias que requiera este proceso", destacó el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein al finalizar.
Dentro de las reflexiones finales, el grupo de trabajo destaca la importancia de realizar indicadores para el monitoreo de la adopción de las BPA, así como del impacto ambiental, la salud humana y animal, con redes de control de las mismas en todo el territorio nacional, involucrando las comunidades locales. Además, se busca fortalecer la vigilancia epidemiológica de la exposición a fitosanitarios, con actualización de la información y permitiendo fortalecer el sistema de control.
La resolución
En este sentido, en la Resolución Conjunta No 1/2018, los ministros signatarios determinaron que las actividades de aplicación de productos fitosanitarios para la agricultura en la actividad agrícola en general, y en especial en zonas de amortiguamiento o “buffer”, deben realizarse conforme a la observancia de las buenas prácticas agrícolas y sujetas a sistemas de control y monitoreo adecuados, y que ambos Ministerios ajustarán sus políticas, programas y proyectos a esa determinación.
Se entiende por Buenas Prácticas de aplicación de fitosanitarios al conjunto armónico de técnicas y prácticas aplicables al uso de fitosanitarios, tendientes a asegurar que el producto pueda expresar su máxima capacidad para la que fue concebido, disminuyendo al máximo los posibles riesgos emergentes a la salud y el ambiente.
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