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ESTARA A CARGO DE SANTIAGO MONTOYA

Scioli ya tiene agencia de recaudación bonaerense

La Legislatura provincial aprobó hoy la normativa que la crea, que había sido solicitada por el gobernador electo.

La Legislatura bonaerense aprobó hoy la creación de la Agencia Provincial de Ingresos Públicos (APIP) y la nueva ley de de Administración Financiera, dos normas consideradas fundamentales por el electo gobernador Daniel Scioli.
Las normas, que fueron sancionadas esta tarde en la Cámara de Diputados provincial, habían sido aprobadas el pasado jueves en el Senado, luego de limarse algunas diferencias que mantuvieron diputados oficialistas con el gobernador electo.
Estas herramientas fueron reclamadas por Scioli de manera de poder contar con ellas a partir del 10 de diciembre cuando asuma la gobernación provincial, junto con la modificación de la actual estructura de ministerios.
Scioli considera fundamental contar con la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, que tendrá facultades similares a las de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Se trata de un ente autárquico que contará con un presupuesto anual de 450 millones de pesos y su titular será el actual subsecretario de Ingresos Públicos, Santiago Montoya.
La agencia de recaudación será la responsable de ejecutar la política tributaria bonaerense y podrá determinar, fiscalizar y percibir los tributos.
La iniciativa establece que la APIP estará a cargo de un director ejecutivo que durará cuatro años en su gestión a partir del 10 de diciembre de 2007.
La sanción en Diputados del nuevo organismo recaudador se logró con el voto de la bancada oficialista, integrada por el Frente para la Victoria y el Justicialismo, y de los bloques de la UCR y del Pro, que objetaron algunos artículos de la ley.
El encargado de fundamentar en el recinto su creación fue el diputado Nicolás Dalesio, quien destacó que la nueva agencia «es un gran intento de modernizar la recaudación reemplazando viejos modelos».
Consideró también que dotará a los organismos de «más eficacia en beneficio de los contribuyentes».
En tanto, Jorge Macri del Pro, resaltó que el proyecto «es un avance porque permite establecer pautas sin dependencia de los momentos políticos».
La agencia contará además con un Consejo Asesor integrado por un representante del ministerio de Economía, dos legisladores, tres «expertos» en materia tributaria, catastral o registral y dos representantes de los municipios.
El nuevo organismo, además, absorberá a siete reparticiones que funcionan actualmente bajo la órbita del ministerio de Economía y son las actuales subsecretaría de Ingresos Públicos, dirección de Rentas y Catastro, Defensa del Contribuyente, Servicios Informáticos, Auditoría e Investigación.
El nuevo ente no absorverá al Registro de la Propiedad que seguirá dependiendo del ministerio de Economía provincial.
La ley fundacional prevé que los recursos de la Agencia para el año 2008 serán equivalentes al 3,5 por ciento de la recaudación fiscal. En base a este porcentaje, y dando como un dato cierto que los ingresos pueden llegar a rondar los 13.000 millones de pesos este año, el presupuesto sería de alrededor de 450 millones.
La norma otorga un plazo de seis meses para la puesta en marcha del nuevo organismo.
Un cambio respecto al proyecto original fue el rechazó de los legisladores a la posibilidad de tercerizar el cobro de impuestos en manos de estudios jurídicos particulares.
En los fundamentos se consignó que la falta de integración actual de las diversas áreas destinadas a la materia tributaria «no se compadecen con las modernas tecnologías administrativas en uso en otras administraciones tributarias del país y de estados europeos y americanos».
En tanto, la nueva Ley de Administración Financiera tiene como objetivo «unificar» las cientos de cuentas que tiene el estado provincial de forma de hacer más efectiva la gestión y optimizar el control de los gastos. «Los profundos cambios operados en los roles asignados a los distintos niveles de gobierno y la necesidad de que los mismos respondan en forma adecuada a las demandas que derivan de la comunidad, hace necesario llevar a cabo una profunda revisión de los procedimientos y normas en vigencia», se detalló en los fundamentos.
También se precisó que la nueva ley posibilitará «fortalecer el proceso de captación y asignación de los recursos públicos introduciendo técnicas de pre-supuestación y evaluación de los resultados que redunden en una mayor eficiencia en la toma de decisiones».

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