Aborto: nuevos elementos reavivan la polémica

Un pedido de juicio político contra la jueza de Menores bonaerense, Inés Siro, quien intervino para impedir un aborto a una joven discapacitada, fue presentado ayer ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense, informaron fuentes judiciales, en el marco de una jornada en la que la polémica en torno al caso se vió realimentada por nuevas opiniones.

El pedido -como ya había sido anticipado en la edición de ayer- fue presentado por las diputadas nacionales Diana Conti y Graciela Rosso en las primeras horas de la tarde, en el área designada por la Corte para la recepción de denuncias y acusaciones contra magistrados bonaerenses.

La presentación generó polémicas y voces en contra, de quienes consideraron que este tipo de presentación podría condicionar a los magistrados que se oponen al aborto y reclamaron un debate profundo en torno al tema.

Las diputadas cuestionan en su presentación el accionar de la magistrada en el caso de la joven discapacitada mental que tras ser violada quedó embarazada.

En el documento presentado, Rosso y Conti afirman que «pese a su innecesaria intervención, la jueza de Menores Siro dictó sentencia descartando toda duda acerca de la existencia del abuso sexual de la menor».

La situación de la joven discapacitada, quien habría sido violada por un familiar o persona allegada a su familia, estaba contemplada por el artículo 86 del Código Penal, algo que las diputadas pusieron como causal para impulsar el jury.

«Si la conducta no está descripta como delito no corresponde solicitar permiso previo a los jueces», afirman las legisladoras. En tanto, Renato Leguizamón y Julio Santa Cruz, integrantes del Movimiento de las Provincias Unidas, presentaron en la cámara de Diputados de la Provincia un pedido de juicio político a los jueces Luis Genoud, Hilda Kogan, Daniel Soria, Juan Carlos Hitters, Francisco Ronco-roni y Daniel Piombo, quienes con su voto dieron vía libre a la práctica del aborto en el caso puntual de la menor discapacitada embarazada por una violación, práctica que finalmente no se realizó ante la negativa de los médicos, quienes consideraron que dado el tiempo que había pasado «ya no se trata de un aborto, sino de una inducción del parto».Las presentaciones sumaron un nuevo elemento a la polémica en torno al caso de la menor discapacitada, en el marco de la cual ayer, el ministro de salud, Ginés González García, consideró que en el caso hubo «mala praxis judicial».Por su parte, la ministra de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Argibay, consideró que existen elementos como para impulsar un jury de enjuiciamiento contra la jueza Inés Siro.Argibay comentó que desconoce si la actuación de Siro en esta causa da «como para un juicio político», aunque aclaró que a su criterio ya existen «elementos como para pedirlo». Señaló, a su vez, que lo que deberá hacer ahora la propia Justicia será evaluar el accionar de la jueza de menores y entendió que la decisión de Siro de impedir el aborto a la joven disca-pacitada, tenía estrecha relación con sus «creencias religiosas», que -según agregó-, «interfieren con la ley».

Por su parte, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, consideró ayer que hubo «mala praxis judicial» en el caso de la joven discapacitada que no pudo interrumpir su embarazo provocado por una violación, a causa las dilaciones del Poder Judicial en tratar su caso.

«De la misma manera que hay mala praxis médicas, también hay mala praxis judicial, donde la Suprema Corte fue tan rotunda y tan contundente, pero antes de eso pasó de todo», declaró el ministro poco después de su llegada a Mendoza.González García se refirió al fallo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que esta semana dictaminó que no era necesaria autorización judicial para realizar un aborto en ese caso, aunque la interrupción del embarazo no se pudo realizar porque un equipo médico consideró que ya llevaba demasiado tiempo de gestación. El ministro fue más allá y reveló que no sólo está «a favor de esta despena-lización sino de ampliar la despenalización. Creo que toda mujer violada tiene que tener ese derecho», dijo.

El caso

Como se recordará, el caso se inició cuando la joven discapacitada se internó en el hospital San Martin por decisión de su madre, quien solicitó que se le practicara un aborto para interrumpir su embarazo, aduciendo que era producto de una violación.

El comité del Bioética del Hospital no llegó a reunirse para decidir la práctica abortiva, cuando la intervención de la Justicia obligó a la externación de la paciente.

La justicia rechazó el pedido de aborto de la paciente en primera instancia, cuando ésta ingresaba al cuarto mes del embarazo. La decisión de la jueza fue ratificada por la cámara, que fundó su dictamen en la protección del derecho a la vida, proclamada tanto en la Constitución Nacional como en la Provincial y en distintos tratados internacionales.

Un dictamen posterior de la procuradora María del Carmen Falbo declaraba no punible al aborto realizado en las condiciones dispuestas en el artículo 86 inciso 2 del Código Penal.La polémica se extendió pronto dividiendo a la sociedad. En medio de ese clima, la Corte autorizó el aborto de la menor por mayoría de seis votos contra tres expidién-dose por primera vez en un caso de estas características.No obstante, por decisión médica, esta semana se optó por la suspensión de la realización de la práctica, dado el avanzado estado de gestación de la menor.