Aborto: tras la negativa de los médicos de realizarlo, sigue el debate por el tema

Luego de la decisión de los médicos del hospital San Martín de no practicarle el aborto a la joven de 19 años que padece una discapacidad mental y habría sido violada, el debate continúa. Ayer, siguieron expresándose al respecto médicos y funcionarios, y hasta dos diputadas nacionales evalúan la posibilidad de solicitar un pedido de jury de enjuiciamiento contra la jueza de Menores de La Plata, Inés Siro, que en primera instancia rechazó la interrupción del embarazo.

En tanto, los profesionales del San Martín, así como el gobernador Solá y otros funcionarios de la Provincia, se expresaron acerca del caso concreto de la joven de Guernica, aunque también lo hicieron en relación a la «necesidad» que, según éstos, tiene la sociedad de debatir sobre la despenalización del aborto.

Así, el gobernador Solá se mostró ayer en favor de «abrir un debate sano sobre la despenalización del aborto», al tiempo que garantizó que la Provincia brindará ayuda económica a la familia de la joven que ahora, y tras la decisión de los médicos, continuará con el embarazo.«Me parece que sería un debate sano -señaló el mandatario bonaerense-, para una sociedad que ya está bastante madura para esto». Solá aprovechó para comparar esta situación a la que se vivió hace algunos años cuando se discutía la sanción de la ley de divorcio.Mientras tanto, desde el Centro de Atención a la Víctima, organismo que se encuentra en contacto directo con la menor y su familia, Alberto Linares opinó que «se trata de una familia de mucho afecto, y están enfrentando esta situación muy bien. Tienen dos psicólogos y un abogado a su disposición».

«Estamos abocados -dijo Linares- a resolverles el problema habitacional, ya sea donde viven o en otro lado. Pero queremos generarles las mejores condiciones de vida para lo que viene».

¿Jury de enjuiciamiento?

Además, en torno al caso, dos diputadas nacionales por la Provincia, Diana Conti y Graciela Rosso, anunciaron que pedirán un jury de enjuiciamiento contra la magistrada platense Inés Siro, quien como se sabe rechazó en primera instancia el pedido para interrumpir el embarazo, situación luego confirmada por la Cámara Primera de Apelaciones Civil y Comercial de La Plata, Sala II.

A pesar de la decisión de las legisladoras, Solá se mostró contrario a la posibilidad de iniciar un proceso contra Siro, fundando esto en que «condicionaría a los magistrados que se oponen al aborto». Y luego añadió que «nadie aborta porque tiene ganas y lo hace feliz, es una tragedia. Lo que pasa es que vivimos en una hipocresía y como está prohibido, la gente humilde se lastima con una aguja de tejer».

«Haciendo esto -razonó Solá- estaríamos diciendo ‘vamos a sacar a todos los jueces que tarde o temprano quieren hacer valer su posición en contra del aborto’. Eso generaría una polémica que divide a la sociedad».

Tanto Conti como Rosso pertenecen al Frente para la Victoria, y según trascendió, harían la presentación en las próximas horas. Ayer se especulaba con que el pedido de jury ya se encontraba en poder de la Suprema Corte bonaerense, aunque fuentes judiciales confiaron que «aún faltan algunos detalles».

Vale aclarar que la solicitud de jury deberá ingresar por la Oficina de Denuncias contra magistrados y funcionarios del Poder Judicial, dependiente de la Suprema Corte bonaerense, mientras que luego los estudios preliminares quedan a cargo de un cuerpo de abogados, denominado Control Judicial.

Al parecer, las legisladoras fundarán su solicitud en un «exceso de intervención judicial», lo que habría causado, por ejemplo, que los médicos debieran esperar a que se expida la Justicia para luego hacer el aborto, situación que finalmente no se concretó ya que, cuando llegó la resolución, los profesionales consideraron que ya era tarde.

Cabe recalcar que la diputada Conti integra la comisión de Legislación Penal y Asuntos Constitucionales, en tanto que Rosso, es miembro de Salud Pública y Acción Social.

Ayuda en marcha

En cuanto a la asistencia que se dispondrá para esta familia, situación que había sido contemplada en la sentencia de la Suprema Corte, el gobernador explicó que «le vamos a dar una pensión a la chica discapacitada, a otorgar un subsidio mensual a la madre, y arreglaremos la casa donde viven».

En ese sentido, el mandatario añadió que «el subsidio será para que la madre, que trabaja como empleada doméstica en Lanús, pueda dejar de trabajar y cuidar de su hija y su nieto. Decidimos apoyar a la madre de la joven que optó por criar a su nieto, y frente a lo ocurrido hay que pensar que la reacción de la abuela es positiva y hacia la vida».

Mientras tanto, el ministro de Salud bonaerense, Claudio Mate, hizo un llamado a la justicia y pidió uniformidad de criterios, dado que -según dijo- ése fue uno de los puntos que impidieron que la joven violada pueda ser sometida a tiempo a un aborto.

«La sensación que tenemos -señaló Mate- es que no estamos amparados en el derecho. Vemos que la Justicia es una suma de criterios diversos, que depende según el lugar, y no hay sensación de amparo legal, sobre todo para los más pobres».

En ese sentido, sostuvo el ministro que «si los pocos mecanismos a los cuales los pobres pueden acceder son negados por un criterio personalísimo de un magistrado, pero después pasa a otra instancia y hay otro razonamiento, entonces la impresión que se tiene es que no existe ley, sino un juez que interpreta lo que su pensamiento le dicta».

Otro de los funcionarios que se refirió al tema fue el ministro de Justicia Eduardo Di Rocco, quien reiteró que «la intervención del Poder Judicial ha sido perturbadora lamentablemente, dado que tuvo un exceso de intervención. No me parece que haya sido adecuada, pero las cosas son así».