Otro rechazo a la baja de la edad de imputabilidad 

La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires reafirmó su oposición con relación a la baja de edad de imputa-bilidad de los menores al señalar que «juzgar y encerrar a niños y jóvenes cada vez más chicos no resuelve el problema de la inseguridad ni combate o previene el delito».
Un proyecto para reducir la edad de imputabilidad «sólo profundiza la crimi-nalización de la pobreza y elude una responsabilidad central del Estado que es el de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los niños», señala un comunicado de prensa de la Comisión, en abierto rechazo a la iniciativa que promueve el gobernador Daniel Scioli.
El documento suscripto por Adolfo Pérez Esquivel, Hugo Cañón y Martha Pelloni, entre otros, insta al gobierno provincial a «redoblar las políticas de inclusión y contención de los más jóvenes y no aquellas que, como la baja de la edad de imputa-bilidad, contribuyen a profundizar la brecha social existente en nuestro país».
«Sabemos que no es fácil -continúa- la injusticia social imperante por décadas ha herido hondo la trama de nuestra sociedad; pero la formula que combina más represión y severidad en el castigo penal no es el camino, pues ocluye que los niños o jóvenes que cometen delitos son también víctimas y padecieron antes la inseguridad de no poder acceder a la alimentación, la salud, la educación y la igualdad de oportunidades».
Subrayan que la cifras anunciadas por el gobernador de que en el territorio bonaerense viven unos 400.000 menores de edad sin trabajo y sin escuela, «muestran niveles de fragmentación y exclusión social inéditos en nuestro país» y agregan «el camino para construir una sociedad más justa y humana no es convertir a esos jóvenes en objeto privilegiado de la violencia y la punición».
El escrito sostiene que «las recetas de mano dura, más atribuciones represivas a la policía y endurecimiento del sistema penal ya han fracasado en la provincia de Buenos Aires como respuesta a la demanda de mayor seguridad, por el contrario debemos avanzar una dirección sostenida en el tiempo hacia unas fuerzas de seguridad profesionales, formadas en el respeto más profundo de las garantías individuales, sensibles a la problemática social y eficaz en la prevención del delito».
La Comisión propuso impulsar una asignación universal para los menores de 18 años; implementar con carácter de urgente el sistema de promoción y protección de los derechos de los niños, establecido en nuestra legislación y «fortalecer la implementación del Fuero Penal Juvenil, que garantizará el debido proceso a los menores que hayan cometido delitos graves».