Desde hace casi una década la inseguridad encabeza las demandas sociales de los argentinos y en especial de la provincia de Buenos Aires, que cuenta con la mayor densidad poblacional del país. Es la que más aporta a la renta nacional comparándola con el resto de las provincias y la que por consiguiente presenta las mayores demandas sociales del país.
La inseguridad no se trata de un problema nuevo, pero que sí se ha incrementado. Más policías, más controles, para darle batalla al delito. Ojalá fuera tan simple. El tema es complejo, y hay que decirlo, la solución no parece tan lineal.
En el aumento de la inseguridad concurren varios factores. La problemática está plagada de causas que explican sólo parcialmente el fenómeno. Drogas, alcohol, pobreza y exclusión social, impunidad, ausencia de justicia, una débil concepción del valor por la vida y la propiedad privada, una sociedad que ha perdido la cultura del trabajo, familias desintegradas, ausencia de diálogo en el hogar, una educación que muestra grietas, con códigos morales destruidos y una fragmentación despiadada, son solo algunos de los componentes de una larga nómina en combinación, casi nunca aislados.
Hoy el promedio de edad de la población carcelaria en la provincia de Buenos Aires no supera los 23 años y de ese total casi el 70% nunca tuvo acceso a una vivienda digna, a un correcto sistema de salud, a un sistema educativo que los contenga, creció en la extrema pobreza sin los servicios básicos. Es decir que son personas que sus padres y abuelos fueron pobres. Vienen con una herencia más pesada y es que no están entrando en el mundo de trabajo. El problema tiene que ver con la pobreza extrema, con la desigualdad.
La Argentina tiene 900 mil jóvenes de 16 a 24 años que no estudian ni trabajan. Cuando alguien habla de un chico que no estudia ni trabaja habla de que está en la esquina sin hacer nada o está un tiempo en la escuela, no logra mantenerse y está afuera y lo mismo con el trabajo, no se mantiene y se queda afuera. No se mantienen ni en el mundo educativo ni en el mundo laboral, ahí estamos hablando de los jóvenes que ni estudian ni trabajan.
En este sentido hay que trabajar como sociedad y en conjunto, en brindar oportunidades para que los jóvenes encuentren una forma adecuada de construir su futuro, alejados de la delincuencia.
No es bajando la edad de imputabilidad de los menores como se soluciona el flagelo de la inseguridad, encarcelando a adolescentes de 14 años en instituciones cerradas, tratándolos como delincuentes mayores sin haberles dado la posibilidad de superarse.
En conclusión, lo que está claro es que no se puede actuar contra la inseguridad de manera espasmódica, con acciones de gobierno electoralistas o de corto plazo, sin atacar los problemas de fondo. Ninguna propuesta de trabajo que no contemple que estamos frente a un fenómeno social que tiene un origen multifactorial tiene chances de lograr éxito.
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